- Falta voluntad política para cambiar las políticas e infraestructura existente para respaldar una mayor respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas. Como resultado, los presupuestos son insuficientes, las mejoras son lentas o inexistentes y la capacitación puede depender de financiación externa, lo que afecta la sostenibilidad de los programas.
- La capacitación para nuevos jueces y fiscales y la capacitación continua para los jueces y fiscales con más antigüedad puede ser insuficiente en relación a los principios de los derechos humanos de las mujeres, legislación del país, políticas y procedimientos.
- Los distintos actores (jueces, fiscales, políticos y otros) pueden tener interés en conservar el status quo, contribuyendo de esta forma a la desconfianza que las mujeres sienten en el sector justicia.
- Puede haber una carencia de estándares nacionales de calificación para jueces y fiscales. Sin una norma clara de criterios, las designaciones pueden ser realizadas en base a la influencia o prejuicios.
- Puede haber una falta de códigos detallados de conducta ética para jueces y fiscales.
- Los códigos de procedimiento penal pueden vulnerar los derechos de las partes y deben permitir juicios expeditos, asesoramiento legal y otros derechos básicos.