Inclusión de estadísticas generales sobre el uso de la ley
- Deben obtenerse estadísticas sobre la frecuencia de los actos de violencia contra las mujeres consultando con los pertinentes ministerios gubernamentales, organismos encargados de hacer cumplir la ley, la judicatura, profesionales de la salud y organizaciones no gubernamentales que atienden a supervivientes de violencia contra las mujeres. Los supervisores deben tomar nota de si esos datos se facilitan o no a la opinión pública y si se puede acceder a ellos fácilmente. También deben recopilarse estadísticas sobre las causas y consecuencias de los actos de violencia contra las mujeres, incluidos datos sobre reincidencia del agresor y si la víctima de esos delitos es la misma persona u otra. Véase: Manual de la ONU, 3.3.2; Indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados, pág. 19.
- Los supervisores también deben obtener información sobre el número (por estadísticas demográficas) de líneas telefónicas directas, albergues y centros de crisis, su distribución geográfica y su utilización. Véase: Indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados, pág. 28.
Monitoreo de los gastos del gobierno
- Los supervisores pueden comprender mejor cuáles son las prioridades del gobierno analizando su gasto en la aplicación de las leyes, las políticas y los programas sobre violencia contra las mujeres y las niñas.
- Los supervisores deben analizar la utilización de fondos asignados específicamente para la violencia de género y averiguar si existen y se asignan fondos para su prevención y el procesamiento de los perpetradores.
- Para información sobre la metodología de monitoreo de los presupuestos del gobierno, véase: Presupuestos para los derechos de las mujeres. Monitoreo de los presupuestos gubernamentales en términos de su cumplimiento de la CEDAW, 2006, y Presupuestos con perspectiva de género (en inglés).
Monitoreo de los registros policiales
- Los supervisores deben averiguar el número de denuncias de casos de violencia contra las mujeres y las niñas que reciben los agentes encargados de hacer cumplir la ley. En algunos Estados, las estadísticas sobre estas cuestiones se pueden obtener fácilmente en oficinas administrativas u oficinas nacionales de estadística; en otros, los supervisores tendrán que plantear preguntas estratégicas a funcionarios del Estado en organismos responsables de hacer cumplir la ley. Esto puede suponer un proceso de varias etapas en el que habrá que solicitar entrevistas oficiales, pero puede valer realmente la pena. En el Tercer Informe de Evaluación y Monitoreo 2009 de la Ley de Protección de la Mujer frente a la Violencia Doméstica de 2005 (en inglés) elaborado por la Iniciativa sobre los Derechos de las Mujeres del Colectivo de Abogados (en inglés) de la India, los supervisores hallaron que el proceso de entrevistarse con funcionarios del Estado requería mucho tiempo, ya que tenían que obtener los permisos necesarios (pág. 19).
Monitoreo de actas judiciales
- Los supervisores deben monitorear las actas judiciales de casos relevantes de violencia contra las mujeres y las niñas. Deben analizar el número y tipo de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, si los perpetradores son imputados o no, si son juzgados, si se les condena, qué sanciones se imponen, y el índice de reincidentes. Si los datos sobre actas judiciales no están centralizados, los supervisores deben estar preparados para un largo proceso de solicitud y obtención de las actas judiciales; es posible que tengan que viajar a distintos lugares del país para consultarlas.
Caso de estudio: Cómo revisar actas judiciales para monitorear la aplicación de una ley sobre violencia doméstica
- Si está vigente una ley sobre violencia doméstica y si están previstos los recursos civiles, analice los expedientes judiciales de los tribunales civiles y de familia para determinar el número de casos en los que se haya denunciado violencia doméstica.
- Tras revisar el número de expedientes de un modo general, examine los correspondientes a un periodo razonable; por ejemplo, un año, dos años.
- Averigüe el número total de casos y en cuántos se denunció violencia doméstica.
- Describa los hechos.
- Describa cómo se ocupó el tribunal de los abusos.
- Si se trata de un caso relativo al derecho de familia, ¿afectaron los abusos al resultado del caso?
- Revise los documentos del expediente, incluidos los certificados del hospital forense. Compare la descripción de las lesiones que consta en el expediente con el certificado médico. Compare la descripción general de las lesiones con el grado o la gravedad de la agresión asignado por el médico forense.
- Analice los expedientes judiciales penales para determinar en cuántos casos se enjuiciaron delitos de violencia doméstica. Examine los expedientes correspondientes a un periodo razonable.
- Compare ese dato con el número total de causas penales y el número total de agresiones. Busque otras comparaciones interesantes.
- Describa los casos con detalle, incluyendo los hechos, la gestión del caso por parte de la policía, su resolución y la pena impuesta.
- Revise los documentos del expediente, incluidos los certificados del hospital forense. Compare la descripción de las lesiones que consta en el expediente con el certificado médico. Compare la descripción general de las lesiones con el grado o la gravedad de la agresión asignado por el médico forense.
Práctica prometedora: Monitoreo de la aplicación de una ley mediante las actas judiciales
En 2005, el estado de Minnesota, en Estados Unidos, promulgó legislación (en inglés) que convertía en delito grave el estrangulamiento de un miembro de la familia o de la unidad familiar. Desde su aprobación, WATCH, una organización de Minneapolis, Minnesota, que se dedica al monitoreo judicial, ha monitoreado la efectividad de la legislación estudiando todos los casos en los que se imputó este delito con arreglo a la ley en el condado de Hennepin, Minnesota, entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008.
El informe de WATCH, titulado El impacto de la Ley sobre el Delito Grave de Estrangulamiento (en inglés) y publicado en mayo de 2009, documentó los cargos iniciales, la resolución de la causa, la relación entre víctima y acusado, el método de estrangulamiento utilizado, el contenido de la denuncia penal, la duración de la condena, las consecuencias del quebrantamiento de la libertad vigilada, la ciudad en donde se produjeron los hechos, y el personal del sistema de justicia penal que participó en cada caso. Durante ese periodo, la organización asistió a más de 60 vistas judiciales sobre casos de violencia doméstica mediante estrangulamiento.
A partir de esta información, WATCH llegó a la conclusión de que “la Ley sigue teniendo consecuencias positivas sobre la seguridad de la víctima y la rendición de cuentas del infractor”. Los índices de fallos condenatorios en casos en los que hubo estrangulamiento aumentaron ligeramente con respecto al periodo analizado previamente, pero disminuyó el número de condenas en casos en los que se imputó únicamente el delito de estrangulamiento con arreglo a la Ley.
El informe de monitoreo también halló un aumento significativo del número de condenas por delitos graves distintos al estrangulamiento, lo que apuntaba a la influencia de la Ley sobre el Delito Grave de Estrangulamiento, especialmente en los casos en que la víctima no podía declarar o no estaba dispuesta a hacerlo. El informe también concluyó que se precisaban ciertas mejoras en cuanto a que los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizasen un lenguaje adecuado y minucioso en los atestados policiales, a fin de lograr condenas en los casos de estrangulamiento. Esta conclusión específica del informe de monitoreo brindó la ocasión de realizar actividades de promoción entre la policía y de que los agentes recibiesen formación.
- En 2010, Amnistía Internacional publicó un informe que monitoreaba la aplicación de la ley sobre violencia doméstica de Albania analizando, entre otros elementos, actas judiciales sobre órdenes de protección dictadas en Tirana, Albania, durante los últimos años. El informe, Poner fin a la violencia doméstica en Albania: Los próximos pasos (en inglés), concluyó que, aunque centenares de mujeres habían solicitado órdenes de protección desde 2007, la mayoría habían retirado posteriormente la petición o no habían acudido a las vistas judiciales. Al analizar las actas judiciales, los supervisores tomaron nota de datos sobre solicitantes “representativas” y las órdenes que se dictaban realmente. El informe también formulaba una serie de recomendaciones al gobierno de Albania, como el ofrecimiento de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia doméstica y la formación continua de los funcionarios judiciales y los agentes encargados de hacer cumplir la ley, a fin de garantizar que las órdenes de protección se hacían cumplir de modo efectivo.