- A menudo no existen organismos de vigilancia, o no cuentan con fondos suficientes y les falta independencia.
- La comunicación limitada entre funcionarios del estado tales como jueces y fiscales y las asociaciones de abogados en cuanto a los objetivos de los derechos humanos en el sistema de judicial impide la posibilidad de efectuar un seguimiento a través de asociaciones de abogados.
- Los delitos de violencia contra las mujeres y niñas no siempre se denuncian y las estadísticas no reflejan las realidades. Muchas estadísticas no son desagregadas por sexo. Muchos sistemas de recolección de datos de la justicia penal no tienen la capacidad de proporcionar información sobre historias de casos y disposiciones.