En muchos países, las mujeres y niñas enfrentan numerosas barreras para obtener justicia. Las víctimas de violencia son conscientes de que no se les creerá y que pueden ser condenas al ostracismo o tratadas con desdén. Están preocupadas por su seguridad y la seguridad de sus familias, sabedoras de las consecuencias peligrosas que pueden resultar de su acercamiento al sistema de justicia. Ellas pueden no tener la capacidad, oportunidad o fondos para viajar a un tribunal u oficina gubernamental pertinente. Ellas pueden no ser capaces de leer información sobre el sistema de justicia y pueden no entender el lenguaje utilizado por el sistema de justicia. Ellas pueden no tener dinero para el cuidado de los hijos o para los costos judiciales y costos del juicio. Muchas víctimas carecen de fe en el sistema judicial y sus motivos son justificado: la mayoría de los casos de violencia no son procesados ni sancionados de forma efectiva por el estado y las víctimas a menudo son revictimizadas por el sistema judicial. La revictimización sucede cuando las mujeres y niñas tienen miedo de acceder al sistema de justicia o no pueden acceder al mismo, cuando no son tratadas con respeto y preocupación por el sistema de justicia, cuando el sistema de justicia no les brinda la asistencia y el respaldo necesario para volver a construir sus vidas y cuando el autor no es castigado. Muchas de estas barreras se encuentran dentro de la infraestructura, políticas y prácticas del sistema de justicia formal.
Las inmigrantes y otras mujeres y niñas marginadas, tales como aquellas con discapacidades, enfrentan desafíos adicionales; un sistema de justicia receptivo debe anticipar y dar solución a esos desafíos para sus ciudadanas más vulnerables.
El sistema de justicia debe mejorar su respuesta a las sobrevivientes de violencia mediante el abordaje de esas barreras. Debe implementar una resolución oportuna de los casos de violencia (en 3 a 6 meses desde la primera denuncia) con un amplio espectro de recursos para las sobrevivientes, tales como órdenes de protección, restitución, compensación, asistencia de salud y psicológica y asistencia laboral. Estas barreras deben ser eliminadas, incluyendo, por ejemplo, la corrupción, la falta de trasparencia, procesamientos abúlicos e ineficaces, honorarios de exámenes médicos y costos judiciales, diseño poco seguro de las salas de audiencias, falta de infraestructura rural, baja representación femenina en la judicatura y en su personal, insuficiente conservación de expedientes y administración deficiente de las salas de audiencias que causa atrasos.
De hecho, para muchas de las sobrevivientes de violencia se incrementa el riesgo cada vez que tratan de acceder al sector de justicia. Al exponer la violencia que sufrieron al público, se arriesgan a despertar la ira del perpetrador y a sufrir la indiferencia y hostilidad que pueden mostrar los profesionales del sistema de justicia hacia su caso. En virtud de esta realidad, la meta principal de todas las acciones del sector justicia debe ser la seguridad de la víctima.