- La promoción legislativa puede ir acompañada de una reforma del sistema legal en general, dirigida no sólo a crear o modificar legislación, sino también a garantizar que tal legislación se aplica bien. La promoción de la reforma del sistema legal es la actividad específica de promover la creación y aprobación de políticas y procedimientos con que aplicar o hacer efectiva legislación nueva o modificaciones de la legislación existente. La reforma del sistema legal no es el único tipo de reforma que puede afectar directamente a las víctimas de violencia. Las iniciativas de reforma de los sistemas que ofrecen alojamiento, atención de la salud, trabajo, educación y cuidado infantil también pueden ayudar a las víctimas de violencia.
- Esta promoción puede abarcar la mejora de la respuesta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y los jueces. Todos los ejemplos siguientes demuestran el poder de quienes realizan labores de promoción cuando detectan lagunas en el modo en que se aplican las leyes e intentan mejorar la respuesta trabajando en colaboración con los miembros del sistema legal para crear nuevos procesos, procedimientos y programas.
1) Iniciativas de reforma de los organismos encargados de hacer cumplir la ley
Un ejemplo de reforma del sistema legal en general, relacionado con la mejora de la respuesta policial a la violencia doméstica, es la aplicación de políticas o leyes que cambien el modo o las condiciones en que los agentes pueden y deben practicar detenciones. Por ejemplo, en los casos de daños simples o leves, las políticas de detención por “causa probable” permiten a los agentes practicar detenciones basándose en la presencia de indicios (como bienes dañados, lesiones visibles o miedo manifiesto de una mujer) de que ha habido agresión. La policía puede practicar la detención sin haber presenciado el delito. Las políticas de detención obligatoria van más allá y hacen necesario que la policía practique la detención en el lugar de la agresión doméstica. Véase: Iniciativas para la reforma de la labor policial (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights.
2) Iniciativas de reforma del ministerio público
Otro ejemplo de reforma del sistema legal es el de los países que han creado unidades específicas de violencia doméstica en las fiscalías, es decir, equipos de fiscales que se ocupan únicamente de asuntos de violencia doméstica. Muchas fiscalías tienen políticas que prevén el inicio de actuaciones sin el testimonio de la víctima si hay pruebas independientes suficientes. Estas políticas se denominan a veces enjuiciamientos "basados en las pruebas" o "en ausencia de la víctima". Su aplicación indica al responsable del delito y a la comunidad que el Estado considera los casos de violencia doméstica una prioridad para la comunidad. Véase: Iniciativas para la reforma de la actuación del ministerio público (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2006.
Las fiscalías han intentado también mejorar su respuesta buscando el modo de ofrecer más información y apoyo a las víctimas y los testigos. Algunas se coordinan con grupos de mujeres maltratadas para proporcionar estos servicios, mientras que otras han creado el cargo de asesor de víctimas y testigos para ayudar a las víctimas durante el proceso penal. Véase: Iniciativas para la reforma de la actuación del ministerio público (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2006.
3) Iniciativas de reforma de la judicatura
Quienes realizan labores de promoción pueden intentar mejorar la respuesta de los jueces a la violencia doméstica de diversas formas. No obstante, han de estar al tanto de la situación de la judicatura en el país concreto donde vayan a promover la reforma. La Iniciativa sobre el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) mide los avances de la reforma de la judicatura por medio de su Índice de Reforma Judicial, que es una herramienta de evaluación compuesta de 30 factores objetivos utilizados como criterios para evaluar la judicatura. Véase: Colegio de Abogados de Estados Unidos, Iniciativa sobre el Estado de Derecho, página inicial (en inglés) y Programas de reforma judicial (en inglés).
- La promoción de la reforma de la judicatura puede adoptar la forma de monitoreo judicial, capacitación y utilización de tribunales y procesos específicos. El monitoreo judicial (en inglés), por ejemplo, ayuda a determinar sistemáticamente las mejoras necesarias en las respuestas de los jueces. Sus resultados pueden utilizarse para promover la mejora de la judicatura. El monitoreo aumenta también la visibilidad de estas cuestiones, y la presencia en los tribunales de observadores puede llevar a los jueces a mejorar su forma de tramitar los casos de violencia doméstica. Los programas de capacitación para jueces pueden proporcionarles la información que necesitan para abordar mejor las necesidades de las mujeres maltratadas y garantizar la rendición de cuentas del maltratador. Véase: La función de los jueces (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2006. El monitoreo judicial ha sido eficaz en muchos países, como Macedonia y Brasil. Link to Court Monitoring, 36, Monitoring Section of this Knowledge Asset.
CASO DE ESTUDIO: En Minnesota, Estados Unidos, la organización sin ánimo de lucro WATCH (en inglés) realiza labores de monitoreo judicial en casos de violencia contra las mujeres. A lo largo del tiempo ha determinado numerosos cambios del sistema legal y ha participado en ellos. WATCH forma a voluntarios para que asistan a sesiones judiciales e informen de lo que observan. Los voluntarios van a los tribunales a diario, lo que permite a la organización reunir datos exhaustivos y fidedignos. WATCH recoge también datos sobre casos, que, combinados con las observaciones de las sesiones judiciales, le permiten determinar tendencias y problemas sistémicos. Finalmente, el personal y los voluntarios realizan labores de promoción de los cambios del sistema indicados por las tendencias y los problemas sistémicos. Proporcionan información y formulan recomendaciones a los órganos legislativos y encargados de la elaboración de políticas, al personal judicial y a la ciudadanía para animar a realizar cambios que protejan los derechos de las mujeres en el sistema legal. WATCH imparte también cursos de capacitación y proporciona recursos a quienes deseen comenzar un programa de monitoreo judicial. Por ejemplo, ha monitoreado la aplicación de la nueva ley sobre el delito grave de estrangulamiento de Minnesota y examinado cómo las declaraciones sobre el impacto en la víctima afectan a la condena.
- El empleo de tribunales y procesos judiciales específicos (en inglés) también puede contribuir a garantizar la rendición de cuentas del maltratador y la protección de la víctima al facilitar el uso del sistema judicial, mejorar el acceso de las víctimas a los recursos y garantizar mayor competencia de los jueces y demás personal encargado de estas cuestiones. Véase el informe del grupo de expertos de la ONU sobre buenas prácticas en la legislación para combatir la violencia contra la mujer de 2008 (en inglés), que contiene recomendaciones para la creación de legislación sobre la violencia contra las mujeres, en relación con cuestiones como los tribunales especializados (apartado 2.H), la investigación y los procedimientos judiciales (apartado 7) y las condenas (apartado 9). Véase: La función de los jueces (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2006. Varios países han comenzado a utilizar tribunales específicos, entre ellos España y Liberia, como se indica en el caso de estudio siguiente. Link to PROMISING PRACTICE: Spain’s Specialized Violence Against Women Courts, 15, Domestic Violence Section of this Knowledge Asset.
CASO DE ESTUDIO: El Tribunal “E” para violencia sexual, de Liberia
Cuando Liberia (África Occidental) comenzó a recuperarse tras dos decenios de conflicto interno y guerra civil, la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual era desesperada. Después de una guerra civil en la que se utilizaron con total impunidad la violación y la violencia sexual como táctica de guerra, Liberia vio repetirse en la posguerra la misma constante de impunidad. Véase The Advocates for Human Rights, Liberia no está lista: 2010 (en inglés), pág. 35. Tras la aprobación, en 2005, de una nueva ley contra la violación, grupos de defensa de los derechos de las mujeres, como la Asociación de Abogadas de Liberia, viendo que las causas por violación avanzaban muy despacio en los tribunales ordinarios, determinaron que hacía falta un tribunal especial, centrado exclusivamente en la violencia sexual contra las mujeres. Tras dos años de campaña de promoción se aprobó por fin el establecimiento del Tribunal E. Con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se construyó un nuevo edificio, se pusieron en marcha programas de capacitación de fiscales y de la policía y comenzaron a llevarse casos al tribunal. Cuando se inauguró éste había más de 140 personas en espera de juicio por cargos de violación. El tribunal tiene jurisdicción original exclusiva sobre los casos de violación, sodomía y otras formas de agresión sexual, incluidos los abusos contra menores. En marcha tribunal especial para la violencia sexual (en inglés), IRIN, 21 de marzo de 2008; Liberia: la nueva guerra es la violación (en inglés), AllAfrica.com, 19 de noviembre de 2009.
4) Iniciativas interinstitucionales de reforma
Los fiscales, los jueces, los abogados, el personal médico, los agentes encargados de hacer cumplir la ley, los técnicos en urgencias médicas, la familia de la víctima y los miembros de la comunidad también pueden trabajar conjuntamente para mejorar la respuesta del gobierno a la violencia contra las mujeres creando comités de examen de la mortalidad doméstica. Estos comités examinan las muertes relacionadas con la violencia doméstica, incluidos los acontecimientos que las precedieron, a fin de determinar qué condujo al homicidio, pero también estudian el caso en cuestión y otros similares para determinar los problemas sistémicos que contribuyeron a provocar las acciones del homicida y a la falta de protección de la víctima. Véase: Comités de examen de la mortalidad doméstica (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2006. El proyecto Programa St. Paul para la seguridad (en inglés) es un ejemplo de iniciativa interinstitucional de reforma, centrada en organismos de justicia penal. Contiene orientación específica para cada organismo, en la que se indica entre otras cosas lo que necesitan las víctimas para estar seguras, lo que necesitan unos trabajadores de otros para hacer su trabajo y lo que precisa cada trabajador y organismo para hacer rendir cuentas al responsable.