Disposiciones relativas a advertencias, Plazos de las órdenes de protección, y Otras disposiciones clave

Disposiciones relativas a advertencias

• La legislación debe excluir específicamente el uso de advertencias como requisito previo para solicitar una orden de protección, o su exigencia como prueba necesaria para obtener una orden de protección.
• La legislación debe excluir específicamente el uso de advertencias a los autores de actos violentos como parte de la respuesta policial o judicial a la violencia doméstica y a la violencia relacionada con la dote. Las advertencias no promueven la rendición de cuentas del agresor ni transmiten un mensaje de tolerancia cero hacia la violencia. Véase: Duties of police officersy Duties of judiciary, supra.

Plazos de las órdenes de protección

• La legislación debe disponer que las órdenes de protección podrán permanecer en vigor durante un mínimo de un año.
• Lo ideal es que las órdenes de protección permanezcan en vigor de forma permanente, y que sólo se les ponga término mediante la resolución de un tribunal, basada en pruebas claras de que no existe ya ningún peligro para la denunciante/superviviente. De ese modo, la denunciante/superviviente no tendrá que comparecer en el tribunal ni se arriesgará a encontrarse con la persona que le ha infligido abusos regularmente. La ley debe afirmar que la terminación de una orden de protección ha de ser responsabilidad del tribunal.
• La Legislación de Minnesota (en inglés) permite que las órdenes de protección se prorroguen hasta un máximo de 50 años en determinadas condiciones:

La ayuda concedida por la orden de protección podrá durar un máximo de 50 años, si el tribunal considera que: 1) el acusado violó una orden de protección previa o existente en dos o más ocasiones; o 2) la denunciante ha obtenido dos o más órdenes de protección en vigor contra el mismo acusado (artículo 6a.b).

Otras disposiciones clave en la legislación relativa a las órdenes de protección emitidas tras una vista

• La legislación relativa a las órdenes de protección emitidas tras una vista debe:
  • Impedir que las autoridades desalojen a la denunciante/superviviente de su hogar en contra de su voluntad.
  • Excluir las órdenes de protección mutuas. La orden de protección mutua implica que ambas partes son responsables de la violencia y obliga a ambas partes a responder por las violaciones de la orden. Los promotores de la causa de la mujer concluyeron que, ante una orden de protección mutua, a menudo la policía no determinaba quién era el agresor primario y, en consecuencia, no hacían cumplir la orden o detenían a ambas partes. Cuando se hacía cumplir una orden de protección mutua en contra de una denunciante/superviviente, las consecuencias eran terribles: la denunciante/superviviente podía perder la custodia de los hijos o su empleo, o ser desalojada por el arrendador. Véase: Carpeta de Materiales para Erradicar la Violencia contra la Mujer (en inglés), capítulo 3, StopVAW, The Advocates for Human Rights.
  • Afirmar que el agresor no podrá solicitar una orden de protección mutua contra la denunciante/superviviente alegando que ha sido víctima de violencia económica porque ésta o su familia no han satisfecho una exigencia de dote (siempre y cuando la legislación sobre órdenes de protección incluya la “violencia económica” en la definición de violencia doméstica).(Véase: Manual de la ONU, 3.10.8.1; y Violencia familiar: Modelo de código estatal (en inglés), artículo 310)
  • Prohibir que los funcionarios públicos citen a las denunciantes/supervivientes por “conducta provocativa”. Véase: Manual de la ONU, 3.10.8.1.
  • Las órdenes de protección deben ser efectivas y exigibles en todo el país.

• Las órdenes de protección deben formar parte de un sistema nacional de registro para que la policía y el personal encargado de hacer cumplir la ley puedan determinar de manera rápida y eficiente la existencia de la orden. Véase: Informe de la reunión del grupo intergubernamental de expertos encargado de examinar y actualizar las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal, Bangkok, 23-25 de marzo de 2009, parte IV, artículo 16.h.

• La legislación no debe contener referencia alguna a tratamientos preceptivos para la rehabilitación de las denunciantes/supervivientes. En cambio, la legislación debe prever servicios de asesoramiento para la denunciante/superviviente si ésta determina que los necesita. Muchas denunciantes/supervivientes de violencia doméstica no necesitan servicios de asesoramiento psiquiátrico o de rehabilitación, a excepción de los servicios de empleo. Los servicios de rehabilitación que se ofrecen a las víctimas se prestan solamente a petición de la víctima. Estos servicios no deben ser nunca obligatorios, y los organismos o funcionarios gubernamentales no deben imponerlos a las víctimas. La prestación de asesoramiento no debe ser un requisito en los casos de violencia doméstica que impliquen la custodia de los hijos. La legislación no debe utilizar los servicios de asesoramiento para mediar entre las partes o resolver sus diferencias. No debe establecer tampoco la prestación de asesoramiento como condición para obtener una orden de protección de un tribunal.

• La legislación debe disponer que la denunciante/superviviente podrá solicitar una orden de protección sin la ayuda de un abogado. La legislación debe abordar también el papel de los asistentes sociales. Véase supra el epígrafe Advocates.