Disposiciones relativas al delito de estrangulamiento y otras materias
- La legislación debe estipular penas graves para el estrangulamiento. Muchas víctimas de violencia doméstica han experimentado alguna forma de intento de estrangulamiento, que a menudo ha sido reducido a “asfixia”. Esta forma de abuso puede tener graves consecuencias físicas y psicológicas, y en muchos casos es precursor de violencia mortal.
- La legislación debe establecer también penas rigurosas para las agresiones con ácido y las muertes y lesiones por quemaduras en el hogar o de otro tipo. Los legisladores deben procurar que se tipifiquen como delitos específicos y graves las agresiones perpetradas mediante el uso de armas peligrosas, fuego, ácido o combustible con el propósito de matar o causar lesiones. Por ejemplo, el artículo 324 del Código Penal de Bangladesh castiga la provocación deliberada de daños con armas u otros instrumentos peligrosos: “A quienquiera que, salvo en el caso previsto en el artículo 334, provoque de forma deliberada daños mediante un instrumento diseñado para disparar, acuchillar o cortar, o con cualquier otro instrumento cuya utilización como arma ofensiva pueda causar la muerte, o mediante fuego o una sustancia caliente, o mediante veneno o una sustancia corrosiva, o mediante un material explosivo, o mediante una sustancia cuya inhalación, ingestión o incorporación a la sangre resulte nociva para el organismo humano, o mediante un animal, se le impondrá una pena de hasta tres años de cárcel, con o sin trabajos forzados, una multa o una multa y la correspondiente pena de cárcel”.
(Véase: El impacto de la ley sobre el delito de estrangulamiento de Minnesota (en inglés). Este informe examina el impacto que la ley ha tenido sobre la seguridad de la víctima, la rendición de cuentas del acusado y la sensibilización pública)
(Véase: Minnesota Coalition for Battered Women, Datos sobre estrangulamiento cometido por la pareja (en inglés), 2009; y Minnesota Coalition for Battered Women, Información sobre el suicidio-asesinato (en inglés), 2009)
Revisiones de la mortalidad
- La legislación debe exigir revisiones de la mortalidad por violencia doméstica y por violencia relacionada con la dote. Se trata de revisiones, realizadas por la policía, los asistentes sociales y otros responsables de la comunidad, en las que se examinan los sistemas de la comunidad para valorar si podrían haberse impedido tales muertes en el caso de que la respuesta de diversas instituciones hubiera sido diferente. En las revisiones se debe hacer un seguimiento y evaluación del impacto de los sistemas de regulación o registro de dotes sobre las muertes provocadas por exigencias de dote. Véase: Comités de examen de la mortalidad doméstica (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Véase también: Cuestión de vida o muerte – Conclusiones de la Junta de Revisión de la Mortalidad por Violencia Doméstica (en inglés), Junta de Revisión de la Mortalidad por Violencia Doméstica del Condado de Hannepin, 2007.
- El Código de Procedimiento Penal de Pakistán (en inglés) exige que la policía investigue los suicidios y las muertes sospechosas o accidentales y elabore un informe. En el caso de tener dudas sobre la causa de una muerte, la policía puede enviar el cadáver a un funcionario médico para que lo examine (artículo 174). Un juez puede ordenar también la exhumación de un cadáver con el fin de averiguar la causa de una muerte (artículo 176).
Véase: Capítulo 4 de la Carpeta de Materiales para Erradicar la Violencia contra la Mujer (en inglés), pág. 15)
Prácticas prometedoras:
Reino Unido: La Ley sobre Violencia Doméstica, Delitos y Víctimas del Reino Unido (en inglés), promulgada en 2004, (en adelante, ley del Reino Unido) dispone en su artículo 9 que se lleven a cabo “revisiones de los homicidios domésticos” que analizan la muerte de personas de 16 o más años cuando la muerte parece haber sido consecuencia de violencia, abusos o desatención por parte de un miembro de la familia, pareja o miembro del mismo hogar. La revisión “se realizará con el fin de identificar las lecciones que han de extraerse de la muerte”.
En Irlanda, la Oficina del director de la Fiscalía está llevando a cabo una revisión de los homicidios por violencia doméstica contra la mujer durante los últimos 10 años, “con el fin de determinar la naturaleza y la calidad de las intervenciones con la víctima y/o el agresor, y si se maximizaron las oportunidades de intervención efectiva. La investigación examinará también las medidas necesarias para la introducción de un mecanismo de revisión de los homicidios por violencia doméstica en Irlanda”. Véase:“Investigación relativa a los antecedentes de los homicidios domésticos de mujeres” (en inglés).
Condiciones para la liberación
- La legislación debe proporcionar a los agentes de la ley instrucciones específicas acerca de las condiciones para la liberación de los autores de actos violentos que hayan sido detenidos por violar una orden de protección o por un acto de violencia doméstica. Véase: el Código de Procedimiento Penal de Portugal, de 2007 (en inglés), que refuerza la prohibición de que el infractor mantenga ningún tipo de contacto con determinados infractores.
- La policía y los funcionarios judiciales deben determinar las necesidades de una víctima en materia de seguridad, previendo por ejemplo la amenaza que puede suponer un infractor violento para la denunciante/superviviente, sus familiares y sus compañeros, e imponer condiciones para la puesta en libertad del infractor que reflejen estos motivos de preocupación. Véase supra el epígrafe Lethality or risk assessments.
(Véase: Violencia familiar: Modelo de código estatal (en inglés), artículo 208)
- Por ejemplo, la Ley sobre Protección Adicional de las Víctimas de Violencia Doméstica de Massachusetts, Estados Unidos (en inglés), promulgada en 2006, (en adelante, ley de Massachusetts) afirma en su artículo 7, capítulo 418:
Cuando se concluya que el acusado ha violado una orden de prevención de abusos con arreglo a este capítulo o una orden de protección emitida por otra jurisdicción, el tribunal, además de las penas estipuladas en este artículo tras la declaración de culpabilidad, como alternativa al encarcelamiento y, como condición para la libertad vigilada, podrá prohibir el contacto con la víctima mediante el establecimiento de zonas de exclusión geográfica definidas por el tribunal, que incluirán, sin limitación, las áreas del interior y los alrededores del domicilio de la denunciante, el lugar de empleo y el centro escolar de los hijos de la denunciante, y ordenar que el acusado lleve consigo un dispositivo de seguimiento mediante el sistema de posicionamiento global concebido para transmitir y registrar los datos de localización del acusado. Si el acusado entra en una zona de exclusión definida por el tribunal, los datos de localización del acusado se transmitirán inmediatamente a la denunciante y a la policía a través de los medios apropiados, incluidos, sin limitación, el teléfono, el buscapersonas electrónico o un dispositivo de aviso verbal. El dispositivo del sistema de posicionamiento global y su seguimiento serán administrados por el departamento de libertad vigilada. Si el tribunal comprueba que el acusado ha entrado en una zona de exclusión geográfica, revocará su libertad vigilada y el acusado será multado, encarcelado o ambas cosas conforme a lo dispuesto en este artículo. De acuerdo con la capacidad del acusado para pagar, el tribunal podrá también ordenarle el pago de la totalidad o una parte de los costos mensuales derivados del seguimiento mediante el sistema de posicionamiento global por satélite.
(Véase: Código de Procedimiento Penal de Illinois, Estados Unidos (en inglés), artículo 110-5)
- El Código Penal de Portugal, de 2007, también estipula el seguimiento técnico de los infractores.