- Los programas de respuesta comunitaria coordinada tienen como objetivo crear una red de apoyo a las víctimas y a sus familiares que sea accesible y esté disponible de forma permanente. Utilizan también todos los recursos ofrecidos por el sistema judicial para proteger a las víctimas, pedir cuentas a los agresores y reforzar la intolerancia de la sociedad frente a la violencia contra la mujer.
- La coordinación interinstitucional es un componente esencial de toda respuesta comunitaria coordinada. Un solo caso de violencia doméstica o violencia relacionada con la dote puede requerir la aplicación de múltiples leyes y normas y la intervención de diversos niveles de la administración del Estado y de numerosos organismos y grupos. En un sólo día, el caso puede pasar por las manos de numerosos profesionales del sistema de justicia civil y penal y de agencias de servicios. La coordinación de la respuesta y la rendición de cuentas de estos profesionales puede mejorar de manera significativa la aplicación efectiva de las nuevas leyes encaminadas a proteger a las víctimas, enjuiciar a los agresores e impedir más actos de violencia. La coordinación interinstitucional supone:
- Definir una visión y un plan de acción comunes
- Posibilitar la comunicación y conexión entre los distintos organismos
- Establecer un mandato claro y por escrito para cada organismo responsable
- Crear una entidad encargada de vigilar la aplicación de la acción coordinada
(Véase La legislación sobre violencia doméstica y su aplicación: Análisis para los países de la ASEAN basado en las normas y buenas prácticas internacionales (en inglés), 40-45, UNIFEM, 2009)
- La legislación debe incluir las estrategias siguientes para lograr una respuesta comunitaria coordinada:
- Ayudar a la denunciante/superviviente a recuperar su dote y sus bienes personales;
- Ayudar a la denunciante/superviviente a impugnar su expulsión ilegal del domicilio conyugal o la privación de la posesión de éste;
- Garantizar la seguridad de la superviviente como preocupación primordial y central mediante una respuesta policial eficaz, órdenes de protección de emergencia y acceso a albergues de emergencia;
- Prescribir servicios de intervención en situaciones de crisis (líneas telefónicas directas, asistencia letrada, atención médica, ayuda económica y en materia de vivienda);
- Incluir disposiciones relativas a una respuesta eficaz y coordinada del sistema de justicia, tales como una respuesta policial apropiada y oportuna, una respuesta apropiada de fiscales y jueces, la coordinación de la información entre todos los actores legales, asistentes de las víctimas y organismos de registro de dotes y matrimonios y el cumplimiento de las órdenes de protección;
- Proporcionar a quien comete abusos una respuesta apropiada que le haga rendir cuentas en su justa medida, incluidas la detención y las sanciones apropiadas;
- Disponer servicios de seguimiento para las denunciantes/supervivientes, como asesoramiento, grupos de apoyo, servicios para niños y niñas, servicios para el tratamiento de los agresores, asistencia en materia de empleo, vivienda, atención de la salud y servicios de atención infantil;
- Prescribir la capacitación del personal en todos los sistemas;
- Incluir disposiciones que prescriban la coordinación y el monitoreo de las intervenciones, tales como comités o consejos asesores, vigilancia de los tribunales, reunión y comunicación de datos y sistemas de rendición de cuentas.
(Véase: Metas y estrategias de la intervención y el apartado Implementation of Laws on Violence against Women)
CASO DE ESTUDIO:
Participación de los jefes tradicionales en la lucha contra la violencia doméstica en Camerún
La violencia por motivos de género en Camerún se manifiesta en forma de violencia sexual, prácticas nocivas y violencia doméstica. Las mujeres en Camerún sufren regularmente violencia doméstica física y psicológica. Esta violencia es el resultado de la creencia en la posición de subordinación de la mujer, de la vergüenza inherente a denunciar la violencia y de la falta de respuesta eficaz del Estado. En 2007, una ONG camerunesa, Centro para los Derechos Humanos y la Promoción de la Paz (CHRAPA, por sus siglas en inglés), patrocinada por el Fondo Fiduciario de la ONU en Apoyo a las Actividades para Eliminar la Violencia contra la Mujer, del UNIFEM, inició un proyecto de niveles múltiples para abordar estas preocupaciones. El proyecto consistía en: establecer un programa de asistencia letrada a las víctimas; educar al público y a ciertos grupos específicos como la policía, las dirigentes de los grupos de mujeres y las autoridades tradicionales; intentar la aprobación de un proyecto de ley contra la violencia por motivos de género, y llevar a cabo un estudio de partida en el área del proyecto para obtener estadísticas relativas a la violencia contra la mujer, por ejemplo, sobre sus formas, frecuencia y autores.
El equipo del proyecto empleó un sistema de gestión participativa que implicó a todas las partes interesadas en la planificación de sus propias funciones en la ejecución del proyecto. De este modo se creó un grupo informado y comprometido de partes interesadas que apoyó las metas del proyecto. Se comprobó que la participación de un grupo en concreto de partes interesadas generaba un resultado positivo. Se formó una Red de Autoridades Tradicionales, o fons. Estos jefes de zona determinaron las estrategias para poner fin a la violencia por motivos de género en su zona y aplicaron la restitución a las víctimas de violencia por motivos de género. Los jefes de proyecto informaron de que estas autoridades tradicionales, que antes eran los custodios de prácticas violentas contra las mujeres, piden ahora a sus comunidades que se abstengan de estas prácticas. Los fons han seguido celebrando reuniones tradicionales para sensibilizar, monitorear los logros y tratar los casos de abusos. La violencia contra la mujer es un punto habitual del orden del día de estas reuniones tradicionales, y el CHRAPA los mantiene informados de las cuestiones relativas a la violencia contra la mujer.
Véase el apartado Implementation of Laws.
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en el África Meridional (en inglés) y el Departamento de Desarrollo Social de Sudáfrica crearon centros de servicio integrales para las víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Estos centros integran servicios gubernamentales y comunitarios que prestan ayuda a las víctimas y promueven programas de prevención, como programas de radio, programas escolares y trabajo con jóvenes reclusos en las prisiones. Véase: Un proyecto combate la violencia doméstica en Sudáfrica, actualización ONUDD núm. 4 (2005).