- Los legisladores deben redactar una ley penal que prohíba explícitamente la práctica de todas las formas de mutilación genital femenina. Esta ley debe aplicarse junto con programas comunitarios de educación y promoción para generar cambios más amplios en las normas sociales y las creencias individuales en las que la práctica de la MGF está firmemente arraigada. Las leyes que tipifican como delito la práctica de la MGF, si se usan junto con otras formas de promoción y estrategias gubernamentales más amplias para cambiar las normas sociales, pueden ayudar a influir en el cambio social. El apoyo político y comunitario a las leyes y la observancia y aplicación adecuados son de vital importancia para que una ley sea eficaz.
- Aunque la legislación que tipifica como delito la mutilación genital femenina debería prohibir específicamente su práctica, es posible abordar ésta con disposiciones del derecho penal que incluyan la MGF. Francia ha logrado enjuiciar con éxito casos de MGF en virtud de disposiciones generales del Código Penal de Francia, que prevé penas por actos violentos que tengan como resultado una “mutilación” o “discapacidad permanente”. Estas penas se incrementan para los actos cometidos contra las personas menores de 15 años. El uso de una disposición penal general para perseguir los casos de MGF puede funcionar en Francia porque el gobierno ha hecho un esfuerzo para educar a la opinión pública acerca de la grave naturaleza criminal de esta práctica. Sin embargo, en otros países donde la MGF se ha permitido tradicionalmente puede ser ineficaz comenzar súbitamente a usar disposiciones del derecho penal general para iniciar el enjuiciamiento de una conducta que ha sido tolerada. La aprobación de nueva legislación que prohíba explícitamente la práctica de la MGF, acompañada de una campaña de educación pública, será más eficaz para informar a la gente de las consecuencias penales de esta práctica y definirá con mayor claridad la propia conducta criminal.
- La legislación penal de los países donde la práctica de la MGF corresponde de forma predominante a un grupo inmigrante debe ir acompañada de programas de educación y empoderamiento para evitar el acoso o el aislamiento adicional de ese grupo del resto de la comunidad. Los dirigentes y los miembros de las comunidades formadas por esos grupos inmigrantes deben ser consultados y participar plenamente en esos programas educativos y en la aplicación de la legislación redactada contra la MGF. Además, los legisladores deben definir el delito de mutilación genital femenina de tal modo que se evite exponer a la expulsión del país a las personas declaradas culpables de su práctica.