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Desarrollar políticas, protocolos escritos y estrategias que apoyen la integración de servicios para la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el centro

Última editado: February 25, 2011

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  • Si bien todas los centros de servicios querrán redactar sus propios protocolos y políticas de atención en función de la naturaleza y el alcance de los servicios, en la medida de lo posible deberían basarse en las políticas y los protocolos vigentes a nivel nacional y subnacional, para garantizar que los proveedores de salud de una gran diversidad de organismos e instituciones trabajen de conformidad con los mismos principios y directrices generales que promueven la seguridad, la salud y el bienestar de la mujer.
  • Al redactar políticas y protocolos, los centros de servicios deberían tener en cuenta algunas de las lecciones extraídas sobre buenas prácticas:
  • Contar con la participación de personal sensibilizado y capacitado en la elaboración de políticas y protocolos para mejorar la calidad y la eficacia de los servicios.
  • Distribuir  las políticas y los protocolos a todo el personal, no solo a los que proveen servicios directos y, cuando sea útil, exhibir resúmenes de las políticas y los protocolos (por ejemplo, los relativos a la confidencialidad) en la clínica para educar a los usuarios sobre las normas y los procedimientos de atención.
  • Asegurarse de vigilar la aplicación y utilidad de las políticas a lo largo del tiempo, entre otras cosas, recabando observaciones del personal y examinando los registros médicos, para determinar cuándo y de qué forma deberían revisarse las políticas y los protocolos (Bott y otros, 2004).
  • Todos los centros de servicios determinarán qué políticas y protocolos deberían elaborarse en ese entorno particular, pero en general deberían abordar las cuestiones siguientes:

 

Tipo de política o protocolo

¿Por qué es importante este tipo de política o protocolo? ¿Qué debe contener?

Ejemplos

Acoso sexual 

Toda organización de atención de la salud debe contar con una política por escrito que prohíba el acoso sexual por parte de los integrantes del personal hacia otros integrantes del personal o hacia las usuarias. La política debe establecer los tipos de actos que están expresamente prohibidos y definir claramente en qué consiste el acoso sexual. Asimismo, debe contemplar los procedimientos para denunciar casos de acoso sexual y las consecuencias de violar esa política. Las organizaciones de salud no pueden abordar adecuadamente la cuestión de la violencia de género si no  garantizan previamente el respeto por los derechos de su propio personal y de las usuarias. Por ende, es parte  esencial de esa labor contar con una política sobre acoso sexual que establezca claramente los procedimientos que se seguirán en caso de violaciones de la misma.

Véase la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer para ejemplos de las políticas de acoso sexual de los organismos de las Naciones Unidas.   

 

Véase un panorama de los procedimientos y políticas de acoso sexual en el sector médico de los Estados Unidos.

 

Privacidad y confidencialidad de las usuarias

Toda organización de salud debe contar con políticas por escrito que expliquen la forma en que el personal debe proteger la privacidad y la confidencialidad de las usuarias. Estas políticas deben abordar cuestiones como los lugares y las circunstancias en que el personal puede hablar sobre información privada de la usuaria, ya sea con otros integrantes del personal o con las usuarias mismas. Asimismo, se deben enumerar las circunstancias en que los proveedores están facultados para compartir información privada de la usuaria con otras personas, incluidos los familiares. También se debe abordar el tema de la confidencialidad de los registros médicos y explicar si los proveedores deben obtener el consentimiento de los progenitores de hijas adolescentes para brindarles determinados servicios, y si las adolescentes pueden mantener la confidencialidad de su información privada y médica ante sus progenitores.

Véase Ensuring Privacy and Confidentiality in Reproductive Health Services: A Training Module and Guide for Service Providers (2003) (Garantizar la privacidad y confidencialidad en los servicios de salud reproductiva: Módulo de capacitación y guía para proveedores de servicios), PATH y Global Health Council.

 

Tratamiento de casos de violencia contra la mujer, incluidos el abuso sexual y la violación

Sería adecuado que las organizaciones de salud elaboraran protocolos sobre la atención a las mujeres que hayan sido objeto de violencia de género, incluida la violación. Esos protocolos pueden ayudar a los proveedores a saber cómo dar respuestas a las mujeres que declaran haber sufrido episodios de violencia, y hacerlo de manera cuidadosa y preservando los derechos de esas mujeres. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual, el protocolo debe incluir pautas sobre los servicios de anticoncepción de emergencia y los exámenes de ITS. Es posible que dichos protocolos aumenten las posibilidades de que las mujeres reciban tratamientos adecuados, especialmente cuando los profesionales de la salud tienen conceptos errados sobre temas como el abuso sexual, la anticoncepción de emergencia y las ITS y el VIH.

 

Véase Minimal Elements of a Domestic Violence Protocol & Implementation of a Domestic Violence Protocol (Elementos esenciales de un protocolo sobre violencia doméstica y su aplicación) del Family Violence Prevention Fund.

Véase el protocolo modelo para orientar la realización del interrogatorio clínico y de agresión sexual (en inglés), el examen forense y general, y los exámenes de laboratorio, que incluyen seis formularios del Programa de Enfermera Examinadora de Agresión Sexual de los Estados Unidos.

 

Véanse las Diagnostic and Treatment Guidelines (Directrices de diagnóstico y tratamiento) de la American Medical Association for Domestic Violence.

Manejo de situaciones de riesgo y crisis

Las organizaciones de atención de la salud que pretenden fortalecer su capacidad de respuesta ante casos de violencia contra la mujer deben elaborar protocolos que les permitan brindar atención a las mujeres en situaciones de crisis o gran peligro, entre ellas las usuarias que corren elevado riesgo de suicidio u homicidio, de sufrir lesiones o de un grave desorden emocional. El protocolo para situaciones de peligro y crisis debe incluir temas como la forma de identificar los factores de riesgo, garantizar que la mujer reciba por lo menos la asistencia básica necesaria y establecer qué integrantes del personal pueden brindar asesoramiento emocional y planificación de la seguridad.

 

Model Protocol On Safety Planning for Domestic Violence Victims with Disabilities (Protocolo modelo sobre la planificación de la seguridad de las víctimas de violencia doméstica con discapacidad), de  la Washington State Coalition against Domestic Violence.

 

Véase la Employee Domestic Violence Policy and Procedure: Guidelines for Increasing Safety and Providing Support (Política y procedimiento sobre violencia doméstica para empleados: Directrices para aumentar la seguridad y prestar apoyo) del Family Violence Prevention Fund.

 

Intimate Partner Violence and Sexual Violence Victimization Assessment Instruments for Use in Healthcare Settings (Instrumentos de evaluación de la violencia en la pareja y victimización en caso de violencia sexual para usar en contextos de atención de la salud) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

 

SASA! Health Care Provider Training Manual (Manual de capacitación para proveedores de atención de la salud ¡SASA!). Véase la sección sobre planificación de la seguridad (en inglés), pág. 33.

Adaptado de Bott, S., Guedes, A., Guezmes, A. y Claramunt, C., 2004. Fortaleciendo la respuesta del sector de la salud a la violencia basada en género. Manual de referencia para profesionales de salud en países en desarrollo. Nueva York, NY: Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del hemisferio occidental (IPPF/RHO), pág. 86. Disponible en español e inglés.

Ejemplo: Aunque no hay una base documental suficiente, en un estudio realizado en Sudáfrica se observó que era más probable que los profesionales que ofrecían atención de mejor calidad (como pruebas de detección del VIH y asesoramiento, tratamiento de ITS, pruebas forenses, remisiones a servicios de asesoramiento y consultas sobre el aborto) consideraran la violación como un problema médico grave. Además también era más probable que esos profesionales hubieran trabajado anteriormente en una  clínica que tenía un protocolo para el tratamiento de la violación y, en general, tuvieran experiencia en el tratamiento de supervivientes de violación (Christofides y otros, 2005, citado en Martin, 2007 y en Consejo de Población, 2008b).