Los legisladores deben velar por que las leyes estipulen la formación de fiscales, jueces, responsables de hacer cumplir la ley, prestadores de servicios sociales, personal consular y especialistas en bienestar de la infancia. Un programa de formación integral debe centrarse en diversos profesionales cuyo trabajo está relacionado con la violencia doméstica, e incluir iniciativas de formación que vayan desde la sensibilización general a la elaboración y aplicación de políticas específicas. Los Estados deben “instaurar, mejorar o promover, según resulte apropiado, así como financiar la formación de personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y de policía e inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia contra la mujer, y sensibilizar a esas personas en cuanto a la naturaleza de los actos y las amenazas de violencia basados en la diferenciación de género, para conseguir que las mujeres víctimas reciban un trato justo”. Véase: Plataforma de Acción de Beijing. Entre otros actores clave que se beneficiarían de los programas de formación se incluyen los políticos, los medios de comunicación, los estudiantes y el público en general.
Los responsables de la formulación de políticas deben garantizar que la formación se enmarca en el contexto del matrimonio forzado y de niños. Se pueden encontrar directrices generales sobre cómo elaborar un programa de formación en Directrices para elaborar un programa de formación (en inglés), de StopVAW, The Advocates for Human Rights. Las directrices abarcan cuestiones como los elementos básicos para preparar la formación, la realización de ejercicios, métodos de formación, organización de un taller formativo y consejos prácticos para los facilitadores. También en StopVaw.org puede consultarse la formación general sobre violencia de género (en inglés). ECPAT ha publicado una Guía formativa para combatir la trata de menores con fines de explotación sexual (en inglés), que incluye información logística y un sólido curso de formación. Quienes redactan las leyes deben velar por que la elaboración de los cursos de formación se lleve a cabo en consulta con ONG que se dediquen a la violencia contra las mujeres, especialmente al matrimonio forzado y de niños, y con mujeres inmigrantes.
(Véase: Aplicación de las leyes)