Introducción

Última editado: January 25, 2011

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Los redactores de la legislación deben garantizar que en el preámbulo legislativo del marco jurídico del Estado contra la trata se establecen claramente los principios básicos siguientes:

  • La trata sexual es una violación grave de derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres y las niñas.
  • Puede haber trata sexual con independencia de que se cruce o no una frontera internacional, nacional o regional.
  • La trata sexual puede afectar a ciudadanos extranjeros, nacionales y residentes permanentes legales de un país.
  • El gobierno nacional y los gobiernos locales deben abordar la trata sexual con medidas efectivas de procesamiento, protección, prevención y establecimiento de asociaciones. Estos esfuerzos han de estar imbuidos de los principios de:
    • no discriminación de ninguna víctima de la trata, y
    • trato justo y equitativo a todas las víctimas de la trata, incluidos los niños víctimas.

Véase: Ley modelo contra la trata de personas, de la ONUDD, preámbulo, párrafo 4, 2009, para una lista de las obligaciones internacionales que los Estados deben cumplir para proteger los derechos humanos y prevenir la trata; Convención de Belém do Pará, artículo 2.b, que dispone que la trata de personas constituye violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres; Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, preámbulo, 2005, que dispone: “Considerando que la trata de seres humanos constituye una violación de los derechos de la persona y un atentado contra la dignidad y la integridad del ser humano; Considerando que la trata de seres humanos puede conducir a una situación de esclavitud para las víctimas”; Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos de género, y Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2005/41. La eliminación de la violencia contra la mujer, 57ª sesión, 19 de abril de 2005, párrafo 2, que dispone que la trata sexual constituye violencia por razón de género.

Los enunciados de los apartados siguientes proporcionan las normas jurídicas que los redactores de la legislación podrían tener que utilizar para persuadir a las autoridades del gobierno, los miembros del Parlamento y otras partes interesadas con respecto a cada uno de los principios clave del preámbulo legislativo.