La legislación que prohíbe el acoso sexual a mujeres y niñas durante el acceso a bienes y servicios es también un elemento importante a tener en cuenta a la hora de legislar. En este sentido, la Unión Europea ha actuado de forma proactiva al adoptar la Directiva 2004/113/EC, que aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. Esta directiva especifica que el acoso sexual en la prestación de bienes y servicios es una forma de discriminación prohibida.
Elementos clave de las leyes sobre acoso sexual en la prestación de bienes y servicios
La directiva de la Unión Europea abarca muchas de las áreas clave que deben incluirse en la legislación, como:
- Garantizar que existen procedimientos judiciales o administrativos para exigir el cumplimiento de la prohibición de discriminación y acoso;
- Establecer la indemnización y/o compensación efectivas en relación con los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del acoso y disponer sanciones disuasorias para los responsables;
- En los procedimientos civiles, trasladar la carga de la prueba al presunto responsable;
- Ofrecer protección contra las represalias;
- Establecer el diálogo con las partes interesadas clave;
- Garantizar que el gobierno designa un organismo encargado de la supervisión de esta cuestión y con competencias para ofrecer asistencia a las víctimas, recopilar información, y publicar informes adecuados sobre el tema; y
- Garantizar que la prohibición del acoso sexual se aplica a las relaciones públicas y privadas que impliquen prestación de bienes y servicios.
A partir de las leyes antidiscriminación o relativas al empleo pueden adaptarse modelos y ejemplos para la redacción de disposiciones específicas sobre cada uno de estos principios.