La legislación debe ofrecer una definición amplia de las instituciones educativas, a fin de incluir instituciones públicas y privadas, escuelas de enseñanza primaria y secundaria, centros de estudios superiores, universidades y centros de formación profesional. La ley de Nueva Gales del Sur, en Australia, define la autoridad educativa como “la persona o el órgano que gestiona un centro de educación primaria, centro de estudios superiores, universidad u otra institución en la que se ofrecen enseñanza o formación”. Véase: Ley Antidiscriminación (en inglés), art. 4.1. La nueva Ley de Igualdad (en inglés) del Reino Unido incluye disposiciones específicas relativas a los centros educativos y los centros de “educación superior y profesional”.
Las leyes también deben establecer claramente la protección del alumnado frente al acoso relacionado con actividades o programas académicos, educativos, extracurriculares, deportivos, o de cualquier otro tipo, de la institución académica, al margen de dónde se desarrolle la actividad.