El acoso sexual se puede producir en múltiples situaciones, y la legislación debe abordar exhaustivamente cada una de ellas para proteger plenamente los derechos de las mujeres y las niñas. Esta base de conocimientos incluye información específica sobre el acoso en el empleo, la educación, el deporte, la vivienda y la prestación de bienes y servicios. En todos los casos, no obstante, las leyes que prohíben el acoso sexual deben incluir los siguientes elementos generales:
- Una declaración de propósitos, también conocida como preámbulo, que haga referencia a protecciones contra la discriminación y la violencia contra las mujeres vigentes en el ámbito nacional, regional e internacional;
- Una definición amplia que incluya ejemplos de comportamiento prohibido;
- Procedimientos judiciales y/o administrativos para hacer que se respete la prohibición de acoso, incluidos procedimientos confidenciales de presentación de denuncias;
- Disposiciones sobre indemnización y/o reparación efectiva y proporcionada por los daños y pérdidas sufridos como consecuencia del acoso;
- Sanciones disuasorias para los perpetradores;
- En los procedimientos civiles, si hay indicios de delito, la carga de la prueba debe trasladarse a los presuntos perpetradores;
- Protecciones contra las represalias;
- Directrices sobre la interpretación de la ley;
- Medidas de prevención, como formación y elaboración de políticas, incluidos procedimientos confidenciales de presentación de denuncias;
- Un órgano de supervisión designado con competencias para hacer cumplir la ley, ofrecer asistencia a las víctimas, recopilar información y publicar los informes pertinentes.