Justicia

El sector justicia, incluyendo los mecanismos de justicia tanto formales como los informales, es fundamental para la aplicación de las normas y para acabar con la impunidad de los perpetradores.

Los sistemas de justicia efectivos son importantes para la reducción y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas porque:

Ofrecen protección a las mujeres respecto a agresores actuales y potenciales, a través de enmiendas en la legislación sobre discriminación y la coherente puesta en práctica de de adecuadas leyes y políticas.
Envían como mensaje a la sociedad que desde las más altas autoridades (por ejemplo, jueces) están comprometidos con los derechos humanos y con la tarea de acabar con la impunidad de las violaciones de tales derechos.
El procesamiento judicial retira la vergüenza que frecuentemente sienten los sobrevivientes, contribuye a su recuperación, actúa como potencial desalentador hacia los ofensores y es un incentivo para que otros sobrevivientes recurran a las autoridades para presentar su denuncia.

Estrategias:

Evaluar las oportunidades disponibles para realizar reformas en el sector de justicia a fin de institucionalizar respuestas adecuadas, procedimientos, capacitación y otras medidas acordes con los estándares de derechos humanos y las prácticas recomendadas.
Promover la capacitación de todo el personal relacionado a los procesos judiciales (e.g. jueces, abogados, defensores públicos, practicantes o asistentes legales, fiscales, proveedores de servicios sociales y oficinas de la Defensoría del Pueblo), trabajar con las facultades de derecho en el desarrollo de la currícula y herramientas, y brindar pautas o directrices sobre las leyes relacionadas a la violencia contra mujeres y niñas. Los propios actores judiciales debe estar comprometidos en la producción de tales herramientas y materiales.
Realizar mejoras en las salas de audiencia y los procedimientos legales a fin de que sean sensibles al género y enfocados en los sobrevivientes, ofrecer procedimientos legales y judiciales mejorados, tales como realizar entrevistas privadas y separadas para los sobrevivientes y para los perpetradores de violencia, por entrevistadores capacitados; garantizar la privacidad y medios alternativos para testificar (e.g. televisores de circuito cerrado); espacios seguros y garantías de seguridad para sobrevivientes antes, durante y después de los procesos judiciales; y protección de testigos.
Brindar a los sobrevivientes acceso a ayuda y representación legal a bajo costo o gratuita, donde sea posible, a través de alianzas con organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales, junto a otros mecanismos. (Consejo Europa, 2000)
Establecer reuniones periódicas o talleres junto a otro personal clave, tales como el personal policial, los proveedores de cuidados de salud, así como las ONGs que brindan servicios a sobrevivientes. Esto ayuda a que el personal en cada sector entienda el rol que le corresponde y qué se le pide para garantizar que el caso de un sobreviviente sea manejado de una manera coordinada y efectiva.
Establecer vínculos de cooperación entre grupos que realizan incidencia a favor de las mujeres, los grupos de sobrevivientes y grupos legales para sensibilizar al personal judicial (que tiene a ser un ámbito de dominio masculino) sobre las específicas necesidades y experiencias de los sobrevivientes.
Permitir a los sobrevivientes estar acompañados de abogados de víctimas u organizaciones que puedan ayudarlos a desenvolverse en el complejo y frecuentemente intimidante sistema legal/judicial y que les brinden apoyo a lo largo del proceso.
Asegurar que los sobrevivientes tienen derecho a participar activamente en todas las etapas de los procedimientos legales y de ser informados sobre el proceso y el avance de su caso. (DAW y UNODC. 2005)
Hacer que estén disponibles o sean fáciles de conseguir las órdenes de protección o de restricción que son ordenadas judicialmente para mantener a los perpetradores lejos de la víctima, así como a sus familiares cuando ello es relevante, y que son ejecutadas por la policía.
Hacer disponibles los programas de educación legal para mujeres y niñas a fin de que tomen conciencia de sus derechos, las protecciones legales y los remedios disponibles a ellas.
Ampliar la participación de las mujeres en cargos públicos/ en los sectores de justicia formal e informal (i.e. abogados, fiscales, jueces) como un objetivo estratégico de largo plazo para mejorar la sensibilidad de género al interior del poder judicial.
Trabajar con los sistemas de justicia informal (consejos tradicionales, tribunales consuetudinarios y familiares) para reducir la impunidad y aumentar el acceso a la justicia, mientras se asegura que el sistema es acorde a los estándares de los derechos humanos internacionales, involucrando a las autoridades de estos sistemas a través de la capacitación y movilización de líderes locales comprometidos con los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia.
Establecer tribunales especiales para la violencia contra las mujeres y niñas. La evidencia existente indica que estos tribunales pueden tener un positivo impacto en aquellos contextos que cuentan con recursos adecuados, con protocolos para manejo de casos y personal capacitado en sus respectivas posiciones. (Morisson, et al, 2004)
Implementar mecanismos de monitoreo, tales como los Defensores del Pueblo o de los Derechos Humanos, o el monitoreo de la sociedad civil respecto a los resultados judiciales, a fin de ayudar el avance en las reformas en los sistemas de justicia formales e informales existentes. (Morrison, et al., 2004)
Promover protecciones a nivel nacional, bilateral y multilateral para abordar los derechos de trabajadores migrantes, mujeres que sufren trata y otros grupos de mujeres en riesgo de sufrir violencia económica y sexual así como de explotación.
En los lugares donde existan Jueces de Paz (especialmente importantes para áreas rurales o semi urbanas) y donde constituyan el principal recurso judicial, se les debe involucrar en las oportunidades de capacitación sobre violencia contra las mujeres y sobre protocolos para un adecuada respuesta en el manejo de casos. Esto es crucial para contrarrestar cualquier prejuicio personal de género que pueda promover la conciliación matrimonial sobre la reparación legal formal y que frecuentemente resulta en injusticia para las mujeres y niñas sobrevivientes (pues conduce a culpar a la víctima y la empuja hacia roles tradicionalmente femeninos de perdón y sumisión)
En escenarios de justicia transicional, abordar la impunidad de los perpetradores, quienes han usado la violación y agresiones sexuales, embarazos forzados y otros graves delitos como tácticas de guerra, así como retirar o eliminar la amnistía a favor de los perpetradores de la violencia contra las mujeres, donde haya sido incorporado en los acuerdos de paz. (FRIDE. 2008)

Lecciones aprendidas

Aun cuando existan normas y políticas adecuadas y el sistema de justicia es relativamente accesible, las barreras de educación, alfabetismo, lenguaje y movilidad significan que muchas mujeres no conocen sus derechos o las normas promulgadas y que dudan en involucrarse con un sistema judicial que les parece ajeno y complicado para desenvolverse en él.
Los hombres también pueden no ser conscientes que sus conductas son perjudiciales o delictivas, y los líderes de la comunidad pueden no ser conscientes de sus obligaciones legales.
Además, el miedo de sufrir adicional violencia, estigmatización y aislamiento, la pérdida de los hijos o ser obligadas a deja su hogares, pueden ser factores que impidan a las mujeres denunciar la violencia o continuar los procedimientos ante los tribunales.
Los prejuicios estigmatizantes por parte del personal de justicia también interfieren en el acceso de las mujeres a la justicia. Los sistemas legales están frecuentemente mal dotados para ayudar adecuadamente a las víctimas, para investigar y documentar incidentes así como para procesar casos de violencia contra las mujeres. La inmensa mayoría de casos permanecen sin ser denunciados y solo un pequeño porcentaje es llevado a juicio y procesado exitosamente.
Capacitar a los jueces puede ser complicado, especialmente en sociedades jerárquicas, donde algunos jueces, debido a su posición social pueden negarse a participar y considerar no necesitan aprendizajes adicionales.
Las órdenes de protección u órdenes de restricción son importantes para garantizar la seguridad de las mujeres, pero pueden tener un impacto limitado, especialmente en contextos de escasos recursos, debido a la falta de personal policial, capacitación insuficiente, débiles sistemas legales y barreras para acceder a ellas. Es difícil implementarlas sin contar con servicios comunitarios complementarios (e.g., espacios seguros, vivienda, ayuda económica y social) para las mujeres sobrevivientes.
Las mujeres frecuentemente agotarán los sistemas informales antes de recurrir a la justicia formal, debido a que los primeros son más accesibles, tienen legitimidad social, resuelven los casos rápidamente y a un bajo costo, a lo que se suma la falta de un mecanismo formal a nivel local. (ICRW y UNFPA. 2009)
La conciliación no es recomendada por los expertos en casos de violencia contra las mujeres, debido a que erróneamente asume que ambas partes gozan de igual poder en las negociaciones. Las mujeres pueden continuar en una relación colocándose en riesgo de sufrir violencia adicional o abuso continuo, sin contar con recursos efectivos para acudir a la justicia y oportunidades para abandonar la situación.
Los tribunales especiales dedicados al manejo de casos de violencia contra las mujeres tienen como beneficios el contar con personal especializado y servicios centralizados, pero también pueden experimentar problemas ante una escasa coordinación con los tribunales penales. Además, el funcionamiento de estos tribunales puede ser muy costoso, a lo que se suma el haber sido concentrados en centros urbanos dificultando que poblaciones rurales accedan a servicios de justicia equitativos.
Si bien hay limitada evidencia que el encarcelamiento por si mismo lleve a una prevalencia reducida, el sector de justicia puede tener un efecto preventivo cuando las sanciones para los delitos son aplicadas consistentemente (Counts, Brown y Campbell, 1999 citado en Morrison, et al 2004).
Hacer mayor uso de medidas no punitivas (e.g. remedios civiles, tales como apoyo económico para vivienda, educación de los hijos, u otras ayudas económicas para mujeres sobrevivientes tales como enseñanza profesional y colocación laboral) que pueden ser especialmente cruciales, si no esenciales para posibilitar que las mujeres sobrevivientes abandonen situaciones de abuso.

Consulte el módulo completo sobre el sector justicia.

Algunos Recursos Ilustrativos:

Defensa de las Mujeres en el Sistema de Justicia Penal en los casos de Violación, Violencia Doméstica y Maltrato Infantil (Centro para la Justicia de las Mujeres, 2008). Disponible en Inglés.

Respondiendo a la Violencia Doméstica: Un Manual para la Fuerza Policial de Uganda (Centro para la Prevención de la Violencia Doméstica, 2007). Disponible en Inglés.

Ayuda Legal para la Violencia basada en el Género: un paquete de herramientas participativas (Comité Internacional para los Refugiados Americanos, 2005). Disponible en Inglés.

Iniciativa para los Derechos de las Mujeres: Manuales de Asistencia Legal sobre Violencia Doméstica en Guatemala (USAID, 2006). Disponible en Español.

Iniciativa para los Derechos de las Mujeres: Manuales de Asistencia Legal sobre Violencia Doméstica en Lesotho, (Federación de Mujeres Abogadas/USAID, 2006) Disponible en Inglés.

Justicia, Cambio y Derechos Humanos: Investigación Internacional y Respuestas frente a la Violencia Doméstica en Bulgaria, India, México y Rusia (USAID). Disponible en Inglés.