El monitoreo de determinados tipos de violencia contra las mujeres y las niñas plantea dificultades:
- La violencia doméstica y el acoso sexual deben medirse como una trayectoria de la conducta. Ambos tipos de violencia implican numerosos actos independientes entre sí, que deben considerarse como una constante de violencia contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, la encuesta nacional realizada por el gobierno italiano en 2006 (en inglés) con respecto a la violencia contra las mujeres halló que un tercio de las mujeres encuestadas sufrían violencia sexual y física, y que la mayoría de las víctimas sufrían varios episodios de violencia.
(Véase: section on Domestic Violence y: Acoso sexual: Análisis del problema (en inglés), Stop VAW (en inglés), The Advocates for Human Rights)
- Puede que haya poca información sobre la prevalencia de determinados tipos de violencia contra las mujeres. El Estudio a fondo del Secretario General de las Naciones Unidas sobre todas las formas de violencia contra la mujer señaló la dificultad de monitorear la prevalencia del acoso sexual en países que carecen de legislación sobre esta cuestión, y que en los países en desarrollo “se sabe poco acerca de la magnitud del problema”. Véase: Estudio a fondo del Secretario General, pág. 80. Véase también: Recomendación Rec(2002)5 del Consejo de Europa (en inglés), pág. 47.
- Es posible que no haya consenso entre los Estados con respecto a la definición de algunos tipos de violencia contra las mujeres, y, por lo tanto, puede que no existan datos comparativos. La agresión sexual es un ejemplo de tipo de violencia sobre cuya definición no hay consenso. Véase: Recomendación Rec(2002)5 del Consejo de Europa (en inglés), pág. 45.
- Otras formas de violencia contra las mujeres implican definiciones complejas y prácticas ocultas, como la trata de personas para el comercio sexual o la mutilación genital femenina. El Manual para la lucha contra la trata de personas (Módulo 10.1, Reseña de las funciones de seguimiento y evaluación) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ofrece consejos y recursos para el monitoreo y la evaluación de la trata. Un acuerdo sobre la mutilación genital femenina permitirá documentarla de forma más precisa en los países en donde existe esta práctica y en comunidades en el extranjero. Véase: Eliminación de la mutilación genital femenina: Declaración interinstitucional (en inglés), 2008. Puede consultarse un ejemplo de encuesta demográfica y de salud sobre medición de la mutilación genital femenina en: DHS module on measuring FGM (en inglés). Véase: Indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados, págs. 14-15.
- Los supervisores deben garantizar que en los estudios de monitoreo de la violencia contra las mujeres y las niñas se incluye a los grupos de población marginados, como las niñas, las personas ancianas, las minorías étnicas, las mujeres recluidas y las personas discapacitadas.
- Al monitorear prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, los supervisores deben incluir preguntas sobre prácticas comunitarias, por si se hubieran ideado nuevas prácticas para sustituir a las ilegales.
- Los supervisores deben hacer seguimiento de las prácticas prometedoras y de sus resultados, como reparaciones innovadoras para las víctimas de violencia doméstica, nuevos métodos para lograr la seguridad de las víctimas, y avances en la sensibilización de la opinión pública. Por ejemplo, los países pueden permitir que las víctimas potenciales de mutilación genital femenina soliciten órdenes de protección, o pueden incluir disposiciones sobre violencia sexual en las políticas de universidades y otras instituciones. Véase: Indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados, pág. 31, y Protocolos para enseñanza superior (en inglés), Stop VAW (en inglés), The Advocates for Human Rights.
Caso de estudio: En Mongolia, el Centro Nacional contra la Violencia monitorea
la prevalencia de la violación y la violencia sexual y las políticas en este ámbito
En 2008, el Centro Nacional contra la Violencia (en inglés) de Mongolia concluyó un estudio de monitoreo sobre la violación, la violencia sexual y la legislación pertinente. El objetivo del estudio era evaluar la aplicación de las leyes relativas a la violación en Mongolia, incluidas las situaciones de incesto, violación en el matrimonio y violación durante una cita, y formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas que ofreciesen mayor protección a las víctimas. Los supervisores recopilaron datos de 700 personas encuestadas, de las que 100 eran profesionales jurídicos. Revisaron las políticas y los documentos existentes y aplicaron métodos de investigación cualitativa y cuantitativa.
Los supervisores investigaron la prevalencia de cada una de las formas de violación: la mitad de las encuestadas afirmó haber sido víctima de violación en el matrimonio. Sólo una de cada 10 dijo que había buscado ayuda externa, bien porque no querían que se viese afectada la reputación de la familia o porque los organismos encargados de hacer cumplir la ley no reconocían estos hechos como delito. Según esta investigación, hasta el momento no se había registrado ni un solo caso de violación en el matrimonio.
Los investigadores también hallaron que la violación durante una cita es habitual entre jóvenes y adolescentes. El 34,2 por ciento de las personas encuestadas afirmaron que la violación durante una cita se produce “a menudo”. El estudio concluyó que este tipo de violación sigue sin denunciarse a menos que tenga consecuencias graves, como una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Según 8 de cada 10 personas encuestadas, la sensibilización de la opinión pública con respecto a la violación durante las citas es insuficiente.
El estudio investigó la actitud y sensibilización de la opinión pública con respecto al incesto mediante un cuestionario entregado a 100 personas de edades comprendidas entre los 18 y los 58 años. De cada 10 personas encuestadas, 4 opinaron que en los hogares mongoles se producía incesto, y la mitad de ellas consideraba que las víctimas potenciales más vulnerables eran las hijastras. Este dato se vio respaldado por una revisión de casos judiciales: la mayoría de los perpetradores eran padrastros. El cuestionario también reveló que las razones fundamentales para no denunciar el incesto eran que la víctima está bajo el control del perpetrador y que considera que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no ofrecerían una respuesta a su caso. Los investigadores hallaron que la mayoría de las víctimas de incesto y violación durante una cita acuden a las ONG en busca de ayuda.
Los supervisores hallaron que la mayoría de los casos de violación se desestimaban durante la investigación, bien porque no había “pruebas contundentes” de que la víctima se hubiera resistido a la violación o porque no se había recurrido a la fuerza para consumarla. Si el informe forense no indica la existencia de lesiones físicas, el caso queda sobreseído.
Los supervisores hallaron numerosos obstáculos que impiden al Estado ofrecer una respuesta centrada en la víctima: las víctimas deben prestar declaración reiteradamente, no hay agentes especializados en psicología de la víctima o en dinámica de la violación, se culpabiliza a las víctimas, se las trata como delincuentes y se las obliga a esperar durante horas o días para obtener ayuda policial, o se les dice que se encarguen ellas de localizar al delincuente. Estos factores disuaden a las víctimas de iniciar un proceso penal, por lo que la mayoría de ellas aceptan un acuerdo económico para retirar la denuncia.
Los supervisores formularon una serie de recomendaciones, incluidas:
- Modificar la legislación de Mongolia para incluir disposiciones sobre incesto, violación en el matrimonio y violación durante una cita.
- Modificar las leyes sobre violación para incluir la violación sin recurrir a la fuerza y la cometida mediante engaño.
- Modificar las leyes sobre violación para incluir disposiciones sobre indemnización y restitución.
- Ofrecer formación a las mujeres agentes para llevar a cabo investigaciones siguiendo protocolos que ofrezcan privacidad y seguridad a la víctima.
- Elaborar un código ético para las víctimas vulnerables y monitorear la actuación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley con respecto a la aplicación de ese código.
- Establecer que los centros de crisis para víctimas de violencia sexual ofrezcan servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de rehabilitación.