La violencia contra las mujeres y las niñas está estrechamente relacionada con la desigualdad y la discriminación, por lo que requiere una inversión para revertir estos importantes factores causales. Las inversiones estratégicas generales en materia de igualdad de género para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas incluyen:
- Garantizar que todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas se respetan, protegen y cumplen, en particular: ratificar sin reservas la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo; asegurarse de que todas las mujeres conocen sus derechos y estén facultadas para reivindicarlos y ejercerlos; educar a los hombres, las mujeres, los niños y las niñas acerca de los derechos humanos de la mujer y de su obligación de respetar los derechos de los demás; garantizar que las mujeres tengan acceso a la justicia y gocen de igualdad ante la ley, y que los autores de actos de violencia contra la mujer no queden impunes; reconocer y defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad; y, garantizar el derecho de la mujer a la herencia, la propiedad, la vivienda y la seguridad social, entre otros derechos económicos y sociales (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006).
- Mejorar el acceso de las niñas a una educación segura y de calidad, en particular la educación secundaria o de niveles superiores. La educación de las niñas puede constituir un factor de protección al aumentar sus conocimientos, capacidades y oportunidades, lo que les permite evitar el matrimonio precoz o forzado y aumenta aún más sus probabilidades de evitar y escapar de la violencia dentro de la pareja. Los niveles de educación superiores se relacionan con mejores condiciones de empleo y remuneración, lo que constituye otro factor de protección. Además, los alumnos varones que completan la educación secundaria son menos propensos a cometer abusos.
- Aumentar el acceso de las mujeres a los recursos económicos y su control sobre ellos, incluidos los ingresos y bienes como la tierra y la propiedad. El acceso de las mujeres a los ingresos implica garantizar su derecho a poseer, heredar y explotar las tierras y propiedades, a la vez que les garantiza la posibilidad de trabajar en lugares seguros, gozando de la misma remuneración y protección ante la explotación y el abuso que los hombres. Mejorar las condiciones laborales de las mujeres y su acceso a bienes económicos como las tierras de cultivo y otros recursos empleados en las actividades de producción puede permitirles aumentar el apoyo económico que brindan a sus familias, así como el nivel de vida de estas —gracias a la reinversión de sus ganancias— y aumentar los niveles de productividad, tanto en sus familias como a escala nacional (UNFPA, 2005). Los estudios demuestran que el poder económico y de decisión de los varones está sumamente relacionado con la violencia contra las mujeres. Será más probable que surjan episodios de violencia con una pareja masculina claramente dominante, con hombres criados en familias dominadas por varones o con ideas comunitarias que defienden que el hombre sea el principal sostén económico y administrador de las riquezas (Heise et al., 1999) El dominio y control masculinos en las relaciones de pareja se ha consolidado también como un importante factor indicativo de violencia dentro de la pareja (Vezina y Herbert, 2007). Las mujeres que sufren maltratos dentro de la pareja tienden a seguir con ella debido a su dependencia económica y a la ausencia de alternativas económicas. Aumentar el acceso de las mujeres a los recursos económicos y su control sobre ellos puede ayudarlas a escapar de los maltratos y darles la opción de entablar una relación sentimental bajo sus propias reglas y en mayores condiciones de igualdad.
- Promover una masa crítica de mujeres que puedan ejercer sus derechos políticos y participar en las decisiones políticas locales, tanto en sus países como fuera de ellos. Una mayor representación y participación de las mujeres en política y en las instituciones contribuye a mejorar la gobernabilidad y las políticas sobre cuestiones clave como la educación, la salud y otros temas de desarrollo, y a reducir los niveles de corrupción (Swamy, A. et al., 2001; Banco Mundial, 2001; Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2005, citado en UNFPA, 2005). Las mujeres en puestos de responsabilidad política pueden ayudar a promover e instaurar leyes, políticas y programas que pongan fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. La presencia de mujeres en determinados sectores, como la seguridad (personal policial o militar), la justicia (jueces y fiscales) y la salud (personal sanitario), puede proporcionar un entorno propicio en el que las mujeres se sientan más cómodas a la hora de denunciar las agresiones y solicitar asistencia.
Recursos adicionales:
Invertir en la igualdad de género para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas (ONU Mujeres, 2011). Disponible en árabe, inglés, francés y español.
What Works to Prevent Partner Violence: An Evidence Overview (Lori Heise, 2011). Disponible en inglés.
Violence Prevention: The Evidence Overview (Organización Mundial de la Salud, 2009). Disponible en inglés.