Campañas de cambio normativo o institucional

Estudio de caso: el  Grupo de mujeres para promover la justicia en las relaciones entre hombres y mujeres de la Corte Penal Internacional  (en inglés)

En 1998, representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron el Estatuto que estableció la Corte Penal Internacional. A pesar de que los tribunales de crímenes de guerra habían juzgado casos de violencia sexual o de género (por ejemplo en Rwanda y la ex Yugoslavia), no existía un mecanismo permanente que abordara estos tipos de violencia. A comienzos del proceso de negociación, el Grupo de mujeres reconoció que el inminente Estatuto de Roma sería un instrumento jurídico potencialmente poderoso que impulsaría el proceso de reforma legislativa en países que lo ratificaran  para incorporar las disposiciones del estatuto, incluidas las que se basaban en el género, en sus respectivos sistemas jurídicos nacionales.

El Grupo: El Grupo de mujeres se estableció en 1996 por iniciativa de una pequeña asociación de activistas a favor de los derechos de la mujer a quien la Coalición por la Corte Penal Internacional de ONG invitó a establecer un grupo. Los activistas difundieron la noticia del establecimiento del Grupo de mujeres a nivel internacional entre las redes existentes de activistas a favor de los derechos de la mujer a fin de reclutar miembros, coordinar actividades de cabildeo y promoción en las reuniones de la Comisión Preparatoria y en Roma, y coordinar actividades de promoción junto con campañas nacionales. El Grupo movilizó financiación de donantes institucionales para establecer su secretaría en Nueva York y ejecutar la campaña. La organizaciones de mujeres MADRE Inc., con sede en Nueva York, se constituyó en la secretaría y el Grupo siguió funcionando como una red y no se estableció formalmente como entidad jurídica.

Objetivo: El objetivo general era garantizar que la Corte Penal Internacional reconociera plenamente como delito  internacional la violencia basada en el género relacionada con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Actividades:

Primera etapa: Los miembros del Grupo asistieron a tres conferencias preparatorias y a la Conferencia de Roma (1998) para presionar a los negociadores. Se centraron en lograr que el Estatuto reconociera los delitos basados en el género como delitos fundamentales. Las actividades incluyeron la sensibilización acerca de las cuestiones de género de los representantes de los Estados encargados de negociar el proyecto de estatuto y los representantes de ONG internacionales de derechos humanos, que también realizaban actividades de promoción relacionadas con la Corte Internacional de Justicia. Se ofrecieron conferencias de prensa diarias.

Segunda etapa: El Grupo, que creció hasta transformarse en una gran coalición de particulares y grupos de defensa de los derechos de la mujer de todo el mundo, se reagrupó en 1999 para participar en las negociaciones relacionadas con los documentos de apoyo al Estatuto de la Corte, es decir, el anexo Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba. Como en la primera etapa, se elaboraron documentos jurídicos preparados por expertos sobre las cuestiones de género que se estaban debatiendo en la jurisprudencia reciente de Rwanda y Yugoslavia y se realizó una intensa labor de promoción durante las reuniones de la Comisión preparatoria de la Corte en Nueva York posteriores a la Conferencia de Roma.

Tercera etapa: Basándose en su red mundial, el Grupo promovió el nombramiento de mujeres candidatas calificadas a puestos de juez de la Corte Penal Internacional y estudió los antecedentes de los candidatos para recabar sus opiniones o decisiones respecto de cuestiones relativas a los derechos humanos y los derechos de la mujer. Se encontraron defectos en los antecedentes de un candidato de  Fiji, que retiró su candidatura gracias a las protestas de los aliados del Grupo de Mujeres en Fiji. El Grupo prestó apoyo a los esfuerzos nacionales de sus aliados divulgando un expediente sobre el candidato entre todos los Estados partes.

En las tres etapas, expertos jurídicos de la oficina de Nueva York ofrecieron asesoramiento documentado continuo durante todo el proceso. Cuando los representantes de los Estados adoptaban posturas contrarias a los objetivos de la campaña, el Grupo de mujeres se ponía en contacto con miembros de la red en los países de que se trataba para celebrar reuniones de promoción locales y poner en marcha campañas de movilización pública a fin de presionar a los encargados de adoptar decisiones para que cambiaran su postura.

Resultados:

La campaña logró que i) el Estatuto de Roma reconociera una serie de delitos basados en la violencia de género como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ii) las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional  definieran adecuadamente los crímenes basados en el género y establecieron normas y procedimientos probatorios que tenían en cuenta el género, y iii) se nombraran candidatos calificados y meritorios, incluidas mujeres, como jueces de la Corte.

Desafíos:

• Encontrar asociados externos al movimiento de mujeres: en la primera etapa, los representantes nacionales y las ONG no mostraron mucho interés por el reconocimiento de crímenes basados en el género ni prestaron mucho apoyo a esta cuestión. El Grupo superó esta resistencia elaborando  documentos fundamentados que mostraban el modo en que se atacaba a las mujeres en la guerra y la impunidad general de los delitos contra las mujeres. 
• Diferente comprensión de los delitos basados en el género y contextos nacionales para abordarlos: además de la falta general de conciencia sobre cuestiones de género, los representantes de algunos países de América Latina y de grupos de mujeres con el apoyo del Vaticano se oponían a la postura del Grupo de mujeres, por ejemplo en relación con la cuestión del embarazo forzado. Debido a los diferentes sistemas jurídicos nacionales, para los miembros de la coalición de determinados países era más pertinente incluir ciertas cuestiones en el  Estatuto. Además, algunos representantes estaban preocupados por la inclusión de la cuestión de la orientación sexual.  A pesar de los desafíos, el Grupo logró que se adoptaran decisiones sobre las cuestiones con el consenso de todos los miembros.

Para información actualizada sobre las causas de delitos basados en el género presentados ante la Corte Penal Internacional, véase el sitio web de la Women’s Initiatives for Gender Justice (en inglés).

(Fuente: basado en una entrevista a Vahida Nainar, ex-Directora del Grupo de mujeres para promover la justicia en las relaciones entre hombres y mujeres)

Estudio de caso: Campaña Stop Stoning Forever (Detengan las lapidaciones para siempre) (también en persa) (República Islámica del Irán)

En 2002 una campaña de promoción eficaz había impuesto una moratoria a la lapidación por adulterio. Sin embargo, en 2006 activistas iraníes de derechos humanos descubrieron que muchos hombres y mujeres eran sentenciados a muerte por lapidación. Por este motivo, en agosto de 2006 activistas iraníes por los derechos de la mujer pusieron en marcha la campaña Stop Stoning Forever como respuesta coordinada al resurgimiento de la lapidación como sanción por adulterio.

La campaña de promoción está destinada a lograr que el Código Penal islámico del Irán prohíba la lapidación de forma irreversible, de modo que nunca más se practique la lapidación como sanción. Además, la campaña lucha por la liberación de las mujeres y los hombres sentenciados a lapidación.

Actividades de la campaña:

• Se presentaron apelaciones en causas de lapidación individuales que se difundieron entre el público general gracias a la labor de abogados que trabajaron gratuitamente.
• Se organizaron peticiones para prestar apoyo a las apelaciones.
• Se promovió una ley para prohibir la lapidación, poniendo de relieve elementos del sistema judicial que hacían que ese cambio en la legislación fuera necesario.
• Se estableció una red internacional que difundió la campaña y su mensaje.

Experiencia adquirida:

• Al centrarse en la prohibición del acto concreto de la lapidación (en lugar de la despenalización del adulterio), la campaña contó con un amplio apoyo del público, incluso entre los sectores conservadores.
• Se evitó la censura en los medios oficiales mediante el uso generalizado de medios alternativos, especialmente Internet. Meydaan-e Zanan es el sitio principal de la campaña Stop Stoning Forever; casi todos los días se agregan contenidos en persa e inglés.

Resultados:

Desde que comenzó la campaña, se suspendieron cuatro casos de lapidación gracias al activismo nacional e internacional (a partir de mediados de 2010). Las actividades de concienciación y el establecimiento de redes internacionales vincularon la campaña con otras semejantes en Indonesia, Nigeria, el Pakistán, el Senegal y el Sudán. En el Sudán, la campaña Stop Stoning Forever se ha convertido en modelo para aumentar la visibilidad de la violencia cultural contra la mujer como un problema de derechos humanos. Algunos de los asociados son Shirkat Gah Women's Resource Centre en el Pakistán, BAOBAB en Nigeria y Solidaritas Perempuan en Indonesia. En 2007 se puso en marcha la Campaña mundial para acabar con los asesinatos y las lapidaciones de mujeres, de la cual la forma parte la campaña Stop Stoning Forever, para poner fin al mal uso de la religión y la cultura para justificar el asesinato y la tortura de mujeres como castigo por violar las normas sociales dominantes relativas al comportamiento sexual. 

Más información: 

Véase el  informe (en inglés) de la campaña Stop Stoning Forever (Terman, R., 2007)

Más información sobre las actividades de la campaña (en persa)

Más información sobre la  Campaña global para erradicar la violencia contra la mujer en nombre de la “cultura” (en inglés) de Mujeres que Viven Bajo la Legislación Musulmana  (en inglés).

Estudio de caso: promoción del control de la aplicación de la Ley sobre violencia doméstica en Sudáfrica

En 1998 el primer Gobierno democrático del país promulgó una ley pionera, aunque imperfecta, la Ley sobre violencia doméstica (en inglés). Para una aplicación eficaz, era necesario formular las reglamentaciones conexas, instrucciones para la Policía Nacional y directrices para la fiscalía; impartir capacitación a los magistrados, la policía y los fiscales; y establecer la infraestructura y los mecanismos de remisión adecuados. A medida que aumentaban las demoras, el Instituto de Comunicación para la Salud y el Desarrollo de Soul City se asoció con la Red nacional para combatir la violencia contra la mujer a fin de poner en marcha una campaña en múltiples frentes eficaz a fin de acelerar la aplicación de la Ley.

La campaña tenía objetivos concretos e instaba al Gobierno a:

• Aplicar la Ley sobre violencia doméstica a más tardar el 1 de noviembre de 1999
• Concebir y difundir una estrategia de aplicación
• Asignar los recursos necesarios para la aplicación
• Elaborar y ejecutar un sistema de supervisión y registro para determinar su eficacia e identificar y abordar sus defectos y lagunas
• Mejorar el acceso a la justicia, especialmente el de las mujeres marginadas de zonas rurales y las mujeres con discapacidad, de conformidad con los planes gubernamentales existentes.

Las iniciativas de cabildeo incluyeron reuniones, llamadas telefónicas, faxes y correos electrónicos a los encargados de adoptar decisiones en relación con este tema a nivel nacional y provincial, así como solicitudes y presentaciones ante los parlamentos provinciales. Se distribuyeron ampliamente un kit de recursos para periodistas y comunicados de prensa y se celebraron talleres de trabajo especiales en que se impartió capacitación a periodistas acerca de la Ley. Actores famosos de la telenovela educativa de Soul City dieron entrevistas en apoyo de la iniciativa y asistieron a reuniones públicas. Como parte de la movilización social, se distribuyeron panfletos y postales, y se organizaron manifestaciones y marchas masivas en actividades clave.

Resultados: el Gobierno estableció el 15 de diciembre de 1999 como fecha de aplicación, exactamente un año después de la promulgación de la Ley sobre violencia doméstica. La alianza de la campaña celebró el éxito distribuyendo rosas blancas y enviando postales de felicitación a funcionarios del Gobierno.

Recurso: Usdin, S. y otros, The Value of Advocacy in Promoting Social Change: Implementing the New Domestic Violence Act in South African,  Reproductive Health Matters, vol. 8, núm. 16, págs. 55 a 65, (2000) ofrece una descripción detallada e instructiva de la campaña.