Supervisión legislativa / parlamentaria

Ejemplo: Audiencias parlamentarias en Kirguistán sobre los esfuerzos para prevenir la violencia doméstica 

En junio 2008, el Ministerio del Interior kirguís mantuvo audiencias con los diputados del Zhogorku Kenesh (parlamento) y representantes de las fuerzas del orden público y órganos judiciales, centros de emergencia, organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación. El propósito de las audiencias fue evaluar los esfuerzos de prevención de la violencia doméstica y consolidar las medidas de procesamiento penal propuestas para aumentar la eficacia de la respuesta policial ante tales casos. La evaluación obtuvo los siguientes resultados:

• Emisión de dos decretos ministeriales relacionados con:
  • Fortalecimiento de las actividades de los agentes policiales para combatir la violencia doméstica (Decreto del Ministerio del Interior Nro. 844 del 28.09.2009); y
  • Aumento del control sobre las emisiones de Órdenes Temporarias de Protección (Decreto del Ministerio del Interior Nro. 321 de 24.04.2009)
• Datos estadísticos desagregados por sexo mejorados. Por ejemplo, la Ley sobre Garantías del Estado para la Igualdad de Derechos y Oportunidades para Hombres y Mujeres (2008) prevé la recolección de estadísticas desagregadas por sexo; mientras que el Plan Nacional de Acción para Alcanzar la Igualdad de Género (2007–2010) requiere el desarrollo de una base de datos de género e información estadística relacionada. Desde 2000, El Comité Nacional de Estadística ha producido una compilación anual de estadísticas desagregadas por sexo bajo el título de “Mujeres y Hombres en la Republica Kirguisa”.
• Decisiones de monitorear la implementación de la Ley sobre “Protección Social y Legal contra la Violencia Doméstica”, y enmendar la Ley y desarrollar una versión nueva para presentar ante el Parlamento.

La iniciativa ha contribuido, entre otros esfuerzos, a aumentar el número de órdenes temporarias emitidas, aunque las cifras aun son muy bajas teniendo en cuenta el gran número de casos de violencia doméstica en Kirguistán. La Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias durante su visita al país en 2009, destacó a la iniciativa como un esfuerzo positivo, entre otras intervenciones para combatir la violencia de género, aunque señaló que existía la necesidad de una implementación sostenida de las acciones a lo largo del tiempo, y mayor comunicación con la policía y la población para concientizar sobre el problema y contrarrestar las prácticas negativas.  

Fuentes: Base de datos del Secretario General sobre violencia contra la mujer, Sitio web de Kirguistán; Entrevistas con Gulsara Alieva, punto focal de género del Ministerio del Interior y Aleksandra Eliferenko, de la Asociación de Centros de Emergencia (2010); Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias para la Asamblea General de las Naciones Unidas (2010), Misión en Kirguistán.

Práctica promisoria: Audiencias públicas en el parlamento sudafricano sobre la implementación de la Ley de Violencia Doméstica

En octubre de 2009, el Comité Especial y el de Cartera del parlamento sudafricano mantuvieron audiencias públicas durante dos días sobre la implementación de la Ley de Violencia Doméstica de 1998. Hubo presentaciones orales de una variedad de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la material, incluido el Centro de Recursos Legales, Opositores al Abuso contra las Mujeres, un profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo, el Centro de Estudios de Violencia y Reconciliación, Project Abroad de la Oficina de Derechos Humanos, Mosaic, el Programa de Defensa del Género, el Centro Saartjie Baartman, REACH, la Asociación de Abogados de Ciudad del Cabo, el Centro Jurídico de la Mujer y Empoderamiento de la Victima en Thohoyandou. También hubo testimonios personales de varias sobrevivientes. Entre los principales problemas que se trataron con respecto al desempeño del sector se incluyeron:

• La falta de adhesión a las Instrucciones Nacionales del Servicio de Policía Sudafricano en cuanto a la violencia doméstica
• La ausencia y falta de claridad de las pautas para oficiales de policía
• La presión que se ejerce sobre la policía para reducir las estadísticas de delitos contribuye a que no se registren adecuadamente los incidentes de violencia doméstica
• Omisión de los oficiales de policía de informar a las victimas sus derechos
• Impunidad para los agentes estatales que no cumplieron con sus responsabilidades

Las principales recomendaciones de los contribuyentes incluyeron la necesidad de:

• Establecer una unidad policial especializada que se ocupe de las denuncias de violencia doméstica
• Impartir capacitación adecuada y continua a los oficiales de policía
• Informes de progreso periódicos de la policía al parlamento sobre la implementación de la Ley
• Enmiendas a la Ley de Violencia Doméstica para corregir la ambigüedad en lo concerniente a órdenes de arresto, que permita a los oficiales de la policía arrestar al perpetrador sin necesidad de una orden de arresto si sospechan que hay peligro inminente

En febrero de 2010, se emitió un informe preliminar de las audiencias, que contenía varias conclusiones relacionadas con la policía sobre:

Incumplimiento:

• La policía parecía estar desmotivada para registrar los casos de violencia doméstica; después que se fijaban las metas para reducir el delito, la policía con frecuencia desestimaba a las personas que querían denunciar violencia doméstica, para que pareciera que había una reducción de las cifras
• No siempre se confiscaban las armas de fuego que habían sido usadas para amenazar a las víctimas, ni se suspendían las licencias de los perpetradores.
• La seguridad de las personas con órdenes de protección estaba en peligro ya que la policía no siempre notificaba sobre la orden de protección o arrestaba a los perpetradores que violaban la orden de protección.
• Se denunciaron numerosos incidentes de actitud policial deplorable, en los cuales la policía sometía a las víctimas a abuso secundario.
• Había necesidad de una evaluación de los riesgos para que la seguridad de la victima fuera una prioridad cuando volvía al lugar de los hechos.
• Falta de recursos: La policía alegaba que no disponía de vehículos y no prestaba servicio en casos fuera de su jurisdicción, especialmente en áreas rurales.
• Entrega de órdenes de protección: Las órdenes de protección con frecuencia no cumplían con su propósito porque la víctima tenía que volver al lugar del abuso; los costos no se aplicaban de forma pareja en todo el país; y la policía era reacia a entregar ordenes de protección, o estas se atrasaban, lo cual ponía a la víctima en grave peligro.
• Capacitación: El Servicio de Policía ofreció entrenamiento, pero no fue suficiente y hubo necesidad de revisar los módulos de capacitación existentes y evaluar y supervisar su aplicación, así como informar a los oficiales para sensibilizarlos sobre los temas de los que se ocupan.
• Unidades especializadas: Se recibió con agrado el restablecimiento de la Unidad de Violencia Familiar y Protección Infantil y las Unidades de Delitos Sexuales, pero se necesitaba más información, especialmente sobre el mandato relativo a la violencia doméstica

En general, se recomendaba que se enmendaran ciertas secciones de la Ley sobre Violencia Doméstica, incluidas las facultades de la policía de arrestar al perpetrador y el significado exacto de “peligro inminente”. El informe sugirió que se mejore la capacitación de la policía sobre la Ley, especialmente en lo que se refiere a la notificación de las órdenes de protección, y hacía la siguientes recomendaciones:

• Necesidad de normas y estándares de capacitación que fueran consistentes en todo el país.
• Enmienda de las Instrucciones Nacionales del Departamento de Policía para que ofrezcan pautas claras a los oficiales de policía sobre cuándo se debe arrestar a los perpetradores o no.
• Necesidad de un plan de cinco años y un indicio del Departamento de Policía que busca disminuir la incidencia de la violencia doméstica, manifestando claramente el rol del Servicio de Evaluación de la Policía Sudafricana en el monitoreo del progreso de esos objetivos.
• Estrecha supervisión de las derivaciones a servicios de atención médica y orientación que hacen los oficiales de policía a las sobrevivientes de violencia doméstica.
• Mantenimiento y monitoreo de los archivos de violencia doméstica, incluida la rendición de cuenta de los responsables.
• Desarrollo de un mecanismo para tratar los desistimientos o situaciones en que las mujeres no desean iniciar querella pero requieren ayuda y protección.
• Asignación de suficientes recursos para la recolección de pruebas forenses.
• El parlamento debe insistir que el Departamento de Policía presente informes en cumplimiento con la Ley y la Ley de Control de Armas de Fuego ya que está relacionada con la violencia doméstica. 

Fuentes: Parliamentary monitoring Group; Public Hearings on the 11 year implementation of the Domestic Violence Act.

Práctica promisoria: El rol de las mujeres parlamentarias y las organizaciones de mujeres en la creación de políticas de seguridad sensibles al género en Sudáfrica

Entre 1996 y 1998 en la República de Sudáfrica se llevó a cabo la Revisión de la Defensa Nacional. A instancias de las mujeres parlamentarias y otros, el Comité Permanente Parlamentario Conjunto solicitó que la Revisión se realice como un proceso de consulta nacional, con contribuciones de los miembros de la industria de defensa, grupos de la sociedad civil, incluidas ONG relacionadas con la defensa, y organizaciones de mujeres, así como representantes de la comunidad académica. Se tomaron medidas variadas para asegurar la participación pública, incluido el uso de aviones y autobuses militares para transportar a líderes religiosos y comunitarios, activistas de ONG y representantes de grupos de mujeres a reuniones regionales y talleres. La naturaleza consultiva y transparente del proceso cambió la percepción de los militares a los ojos del público, otorgando legitimidad y credibilidad a la Revisión.

La Revisión incluyó un enfoque en “seguridad humana” y resaltó la creación de una cultura institucional no sexista, que incluya la obligación del Ministerio de Defensa de identificar y eliminar las prácticas y actitudes discriminatorias en las fuerzas armadas. Propuso acciones afirmativas y programas de igualdad de oportunidades, reconocimiento del derecho de las mujeres de alcanzar todos los rangos y posiciones, incluidas funciones de combate.

Las mujeres a nivel de base y en áreas rurales demandaron mayor libertad; igualdad ante la ley y la sociedad; el derecho a la propiedad; acceso a vivienda segura, empleo y educación; y protección contra todas las formas de violencia. Las organizaciones de mujeres de base desempeñaron un papel crucial poniendo en relieve temas anteriormente desatendidos, tales como las necesidades de comunidades desposeídas cuyas tierras habían sido incautadas para uso militar, el impacto ambiental de las actividades militares, y acoso sexual cometido por personal militar, que contribuyó a la creación de un subcomité de defensa sobre el acoso sexual cometido por personal militar.

A continuación del proceso participativo de revisión de la defensa, de dos años de duración, y la redacción del Documento Preliminar, se instituyeron una serie de mecanismos para abordar el problema:

• La Ley de Defensa de 2002, que tipifica el acoso sexual y la discriminación como delitos penales;
• La creación de un Punto Focal de Género dentro de la Dirección de Igualdad de Oportunidades, con alcance a todos los servicios y divisiones;
• Un Foro de Género para implementar políticas de género en los niveles más bajos del Departamento;
• Una línea telefónica de emergencia para denunciar casos de acoso sexual y violencia de género cometida por personal de seguridad; y
• Un Programa de Sensibilización de Género dentro del Departamento para generar conciencia y conocimiento sobre las políticas de género.
• El proceso también tuvo como resultado que el gobierno reconociera la necesidad de integrar capacitación de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, valiéndose de la experiencia de organizaciones no gubernamentales.

Fuentes: Anderlini, S.N. y C.P. Conaway (2004), ‘Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African Women’, Washington DC: Women Waging Peace Policy Commission, citada en Enhancing Security Sector Governance in the Pacific Region, a Strategic Framework, PNUD, PIFS, DCAF enero 2010; Luciak, I. (2008), ‘Parliamentary Oversight of the Security Sector and Gender – Tool 7’, Gender & Security Sector Reform Toolkit, Eds. Megan Bastick y Kristin Valasek, Ginebra: DCAF, OSCE/OIDDH, ONU-INSTRAW: DCAF.