Consideraciones generales

Un análisis de la situación destaca las características fundamentales del entorno y los interesados de un programa, incluidos los factores de riesgo (por ejemplo, que la policía acepte el abuso de las mujeres y niñas, y que sea autor de este) y los de protección (por ejemplo, la presencia de una dependencia o un coordinador de género en las comisarías locales). Comprender qué tipos de violencia hay y cómo califican las mujeres y las niñas los servicios y actores de seguridad a los que tienen acceso brinda a los diseñadores de programas alguna idea acerca de las cuestiones fundamentales que deben abordarse. Este examen es necesario para determinar los posibles puntos de ingreso, las estrategias y las asociaciones para la planificación y el diseño de una intervención en particular, pues ayuda a asegurar su aptitud para el contexto local y evita la duplicación de esfuerzos. Un análisis de la situación es distinto de un análisis de referencia, que se realiza al inicio de un programa después de la identificación de las estrategias a los fines de medir el cambio, y no puede reemplazarlo, aunque tal vez pueda complementarlo. Un buen análisis de la situación debería fundamentarse en un enfoque de derechos humanos, entre otros principios rectores básicos.

¿Qué debería contener un análisis de la situación?

El cuadro que se muestra a continuación describe las esferas clave con ejemplos de preguntas pertinentes para un análisis de la situación sectorial que puede adaptarse para su uso a nivel nacional o local. Se suministran posibles fuentes de información y, en los casos en que los datos son limitados, se deberán realizar investigaciones primarias. Las preguntas pueden ser usadas como parte de cuestionarios de encuestas, entrevistas con interesados clave o para orientar debates de grupos de reflexión.

Naturaleza de la violencia contra las mujeres y niñas (tipos y alcance de la violencia en el contexto de que se trata, nacional, subnacional u otro)	¿Cuáles son las principales formas de violencia de género que tienen lugar? ¿Qué se sabe de la prevalencia e incidencia de la violencia? ¿Qué características tienen las supervivientes y los autores? ¿Se han denunciado casos de violaciones generalizadas de grupos determinados de mujeres y/o niñas? ¿Hay grupos determinados de mujeres o niñas que son objeto de formas específicas de abuso (por ejemplo, niñas de 10 a 19 años, mujeres que viven con el VIH)? ¿Hay grupos determinados de hombres autores de violencia contra mujeres y niñas (por ejemplo, grupos armados, maestros)? ¿Hay datos empíricos de aumento o disminución de las denuncias de actos de violencia respecto de todos los autores, incluidos los funcionarios de seguridad, a lo largo del tiempo o registrados por la policía y otros proveedores de servicios? ¿A qué proveedores de servicios denuncian las mujeres los incidentes de violencia (atención de la salud, servicios sociales, policía, otros)? ¿Hay lugares o situaciones que plantean un mayor riesgo (camino al trabajo, en establecimientos agrícolas, en el transporte, en la oficina o al realizar actividades políticas)?
Marco normativo y jurídico (para abordar la violencia contra la mujer y las obligaciones del sector de prevenir y abordar la cuestión)	¿Qué compromisos jurídicos asumidos (de conformidad con instrumentos internacionales, regionales y nacionales) obligan al sector a prevenir y abordar la violencia contra la mujer (por ejemplo, autorizar a la policía a detener al agresor primario, emitir órdenes de protección, obligar a la policía a realizar evaluaciones del riesgo y planificación de la seguridad, entre otras medidas de apoyo a las supervivientes)? ¿Qué estrategias, políticas o planes nacionales o locales hay que establecen/aclaran el papel del sector en la respuesta a la cuestión (por ejemplo, planes de acción o estrategias nacionales sobre la violencia contra la mujer)? ¿Hay oportunidades para que las mujeres y las niñas hagan aportaciones a los programas, las políticas y las leyes relativas a la seguridad? ¿Cómo se determinan las prioridades de seguridad y se recaban las opiniones de las mujeres y las niñas? Para ejemplos de países sobre leyes y medidas normativas nacionales, véanse El módulo sobre legislación (Advocates for Human Rights, 2010) Base de datos del Secretario General sobre la violencia contra la mujer (ONU-Mujeres) Handbook on National Action Plans (Manual sobre planes nacionales de acción) (ONU-Mujeres, 2011)
Obligaciones y prácticas institucionales (en las iniciativas nacionales y de reforma del sector de la seguridad	Véase la evaluación institucional detallada para examinar los programas, las políticas, la infraestructura y los recursos que existen y las iniciativas comunitarias selectivas destinadas a abordar la violencia de género y la discriminación.
Capacidad de la policía y otro personal	¿Qué iniciativas de formación o creación de capacidad se han adoptado para garantizar que la policía y otro personal de seguridad comprendan la desigualdad de género y la violencia contra la mujer; conozcan sus obligaciones jurídicas de prevenir y abordar el problema; y cuenten con las competencias para ejecutar su mandato (en el plano normativo y operacional)? ¿Participa en las actividades todo el personal, desde el administrativo hasta el directivo, solo el personal subalterno o coordinadores específicos? ¿Están institucionalizadas las oportunidades de formación o se llevan a cabo con carácter especial (por ejemplo, integradas en la formación, el plan de estudios de desarrollo profesional o en sesiones individuales o intervenciones experimentales durante un período breve)? ¿Cuán eficaces son? ¿Cómo se financian las iniciativas de creación de capacidad? ¿De qué herramientas o recursos materiales se dispone para apoyar las iniciativas sobre violencia de género (por ejemplo, mentores para los coordinadores; orientación y material de referencia)? ¿A qué obstáculos hace frente la policía para aplicar sus políticas o ejecutar sus actividades?
Mecanismos de coordinación y colaboración	¿Qué mecanismos oficiales y extraoficiales se han instituido para aumentar la coordinación entre el sector de la seguridad y otros sectores, la sociedad civil y otros asociados que se ocupan de la cuestión? Por ejemplo, planes de acción conjuntos entre la policía y otros organismos gubernamentales que trabajan en el ámbito de las cuestiones de igualdad, como ministerios de asuntos de género o de la mujer, servicios sociales, salud pública y educación (a nivel local o nacional). ¿Cuáles son los puntos de ingreso para que la policía participe en los mecanismos de coordinación existentes (por ejemplo, reuniones semanales; asociaciones con abogados de las víctimas; gestión conjunta de casos)? ¿Hay mecanismos de remisión que comprendan a la policía, el sector de la salud, las organizaciones de mujeres y otros grupos de apoyo a las supervivientes que funcionen a nivel de la comunidad? ¿Hay protocolos de colaboración a nivel ministerial? ¿Qué foros de consulta o coordinación con organizaciones y comunidades de la sociedad civil existen? ¿Incluye interesadas y organizaciones de mujeres? ¿Se están recopilando, coordinando y compartiendo datos e información sobre incidentes (excepto información que debería ser confidencial)? ¿En qué iniciativas de la sociedad civil participa el sector de la seguridad? ¿De qué forma contribuyen estos programas a las iniciativas para poner fin a la violencia de género ejecutadas por las instituciones de seguridad y otros actores estatales? Véase el módulo de respuestas coordinadas
Necesidades de seguridad de las mujeres y niñas	¿Cuáles son las necesidades, percepciones y prioridades especiales de las mujeres y niñas de diferentes procedencias (residencia rural o urbana, grupo étnico, clase, religión, orientación sexual, competencias, edad, educación, etc.)? ¿Cuáles son las preocupaciones comunes a todos los grupos de mujeres y niñas? ¿Cuáles son las cuestiones prioritarias de los diferentes grupos? ¿Qué servicios requieren las mujeres y niñas de la policía u otro personal de seguridad, que no se ofrecen o no se suministran adecuadamente?
Capacidad para acceder a los servicios de seguridad	¿Se comunican adecuadamente a las mujeres y niñas las leyes e instrumentos relacionados con los derechos de estas, así como las obligaciones de la policía de defender estos derechos? ¿Se aplican como corresponde? ¿Qué cobertura geográfica tiene la policía y otro personal uniformado que está en condiciones de responder a los incidentes de violencia (por ejemplo, comisarías con personal capacitado en todas las capitales municipales o dentro de un radio de una hora de marcha a pie de cada aldea)? ¿Qué factores impiden a las mujeres y niñas denunciar los abusos y acceder a los servicios de seguridad? discriminación contra determinados grupos de mujeres (por ejemplo, mujeres solteras embarazadas, mujeres de grupos minoritarios) barreras geográficas o lingüísticas costo de buscar ayuda (por ejemplo, transporte, honorarios) amenaza o temor de un aumento de la violencia ¿Qué opinan las mujeres y niñas acerca de la policía y las fuerzas armadas? ¿Qué incrementaría su confianza en ellas? ¿Tienen la misma percepción hacia el personal de seguridad femenino? ¿En qué medida incorporan las iniciativas de seguridad a las mujeres y niñas y mantienen consultas con estas?

Adaptado de CAD/OCDE, 2010, Handbook on Security Sector Reform: Section 9: Integrating Gender Awareness and Equality.

Fuentes ilustrativas de datos:

La información para un análisis de la situación puede encontrarse en distintas fuentes, a saber:

Las encuestas de población sobre la violencia contra la mujer pueden utilizarse para recabar datos sobre la prevalencia nacional o lugares determinados de la violencia física y sexual y sobre cuestiones como la búsqueda de ayuda, las consecuencias de la violencia y otros factores.
La Base de datos del Secretario General sobre la violencia contra la mujer reúne medidas jurídicas, normativas e institucionales y servicios para las supervivientes, entre otras iniciativas del Estado para prevenir y abordar la violencia contra la mujer, y puede consultarse por país, medidas concretas (por ejemplo oficinas de género) o formas de violencia, entre otras categorías.
Encuestas nacionales o regionales sobre la violencia doméstica, por ejemplo Eurobarómetro, 2010, Domestic Violence Against Women Report (Edición especial de Eurobarómetro 344: Violencia doméstica contra la mujer), que incluye una sección sobre el papel de las instituciones, como la policía, en respuesta a dicha violencia.
Encuestas sobre la percepción del delito, como las que realiza Afrobarometer.
Estudios regionales como Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2004, Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe; Consejo de Población, 2008, Sexual and Gender-Based Violence in Africa: Literature Review (Violencia sexual y de género en África: examen bibliográfico, o Centro de Ginebra para el control democrático de las fuerzas armadas (DCAF), 2011, The Security Sector and Gender in West Africa: a survey of police, defence, justice and penal services in ECOWAS States (El sector de la seguridad y el género en África Occidental: una encuesta de los servicios de policía, defensa, justicia y penales en los Estados de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)).
Algunos estudios nacionales en pequeña escala, informes de derechos humanos como las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o los informes de países de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Ejemplo: Análisis de la situación sobre la trata de personas en la República Dominicana

En noviembre de 2005, atendiendo a una petición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la República Dominicana, Chemonics International Inc llevó a cabo un análisis de la situación en relación con la trata de personas en el país a fin de examinar su alcance; evaluar las iniciativas de prevención, protección y enjuiciamiento; determinar las deficiencias de las intervenciones; y formular recomendaciones para una posible respuesta de asistencia externa de la USAID.

En la evaluación participó un equipo de dos consultores que llevaron a cabo un estudio teórico de la bibliografía pertinente y las investigaciones disponibles, seguido de entrevistas en el país durante un período de dos semanas. El equipo celebró una sesión informativa introductoria sobre el contenido y los entregables relacionados con el alcance de la labor, y un debate de cierre para presentar las conclusiones preliminares y las recomendaciones sobre programas con la Misión de los Estados Unidos. Se celebraron entrevistas con más de 30 interesados clave, que representaban a asociados estatales y no estatales, y organizaciones internacionales, incluido personal de la Escuela Nacional de Policía, el Departamento de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Policía de Turismo.

La evaluación formuló recomendaciones importantes en relación con el sector de la seguridad, como la necesidad de formación especializada e institucionalizada del personal encargado de hacer cumplir la ley para mejorar la detección, investigación y enjuiciamiento de casos; y la reforma y el fortalecimiento de los programas de protección de testigos; entre otras recomendaciones complementarias relacionadas con mecanismos nacionales de coordinación; apoyo a organizaciones de la sociedad civil para sensibilizar al público y prestar servicios de protección; y aumento del intercambio de conocimientos y la financiación de programas para prevenir la trata de personas, proteger a las supervivientes y fomentar el enjuiciamiento de casos.

Fuente: USAID. 2005. Anti-Trafficking Technical Assistance: Dominican Republic Anti-Trafficking Assessment. USAID. Washington, D.C.

Ejemplo: Análisis de la situación de la violencia sexual y de género en los campamentos de desplazados internos tras la violencia después de las elecciones en Kenya en 2009.

Metodología

Se llevó a cabo un análisis de la situación en los campamentos de desplazados internos en Kenya para determinar los niveles de violencia de género, utilizando información reunida por medio de los métodos siguientes:

Encuesta entre 629 personas (400 mujeres y 229 hombres)
28 debates de grupos de reflexión con distintos grupos en los que participaron 249 personas (174 mujeres y 75 hombres)
Entrevistas con informantes clave entre los trabajadores humanitarios, dirigentes de los campamentos y otros interesados
10 estudios de casos

Se analizaron los datos cuantitativos utilizando el programa informático SPSS, en tanto que los datos cualitativos se analizaron en forma no electrónica.

Conclusiones

La violencia de género ocupaba el cuarto lugar (10,7%) y la seguridad el octavo lugar (5,1%) entre las principales preocupaciones de los hombres y las mujeres en los campamentos.
El 12,5% de los entrevistados consideraba que las autoridades eran los principales autores de la violencia de género.
La inseguridad se consideraba un factor que contribuía a la violencia.
El 22,3% de los que no experimentaron la violencia de género creía que esta se debía a la presencia de fuerzas de seguridad.
El 5,5% de las supervivientes de la violencia afirmó que habían denunciado el incidente; el 31,1% dijo que no lo había hecho.
Casi la mitad de las supervivientes que denunciaron incidentes de violencia hablaron con los dirigentes de los campamentos (43,9%), seguido de las que lo hicieron con las autoridades (35,4%).
Entre las mujeres entrevistadas que denunciaron la violencia, solo el 0,6% dijo que recibió alguna forma de asistencia de seguridad.
El 6,9% de los entrevistados determinó que la renuencia de las autoridades a reconocer los casos de violencia de género planteaba un obstáculo a denunciarlos.
Una recomendación fundamental formulada fue la necesidad de crear un entorno favorable a las denuncias mediante la formación de las autoridades y los trabajadores de la salud, entre otros proveedores de servicios

Fuente: Njiru, R., 2009. Situational Analysis of Sexual and Gender Based Violence in the Internally Displaced Persons’ Camps after the Post Election Violence in Kenya, basado en Comisión Nacional de Género y Desarrollo de Kenya, NGO Women’s Empowerment Link y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2009, Situational Analysis of Sexual and Gender-Based Violence in the Internally Displaced Persons’ Camps after the Post Election Violence in Kenya.

Un análisis de la situación también puede buscar las oportunidades de intervención y determinar:

Las estrategias y actividades existentes o las deficiencias en las intervenciones relativas al sector, así como las oportunidades de integrar la violencia contra las mujeres y las niñas en estas, en lugar de crear una estrategia separada; y
Los actores y organizaciones que ya realizan actividades en este ámbito, a fin de identificar los posibles asociados del sector y evitar la duplicación de esfuerzos.