La vigilancia y la evaluación de las iniciativas del sector de la seguridad son fundamentales para garantizar la eficacia de los programas, aunque no existe un único enfoque o modelo (Holland, 2010). La vigilancia y la evaluación deberían servir de base para saber cómo se desarrollan las iniciativas y pueden contribuir a que el personal de seguridad adopte medidas preventivas más eficaces, a una mejora calidad de las respuestas a las supervivientes y a un aumento de la probabilidad de que se atrape, enjuicie y castigue a los autores de actos de violencia. Además de la orientación general sobre monitoreo y evaluación incluida en la sección Principios básicos de programación, otras consideraciones fundamentales al elaborar un sistema de vigilancia y evaluación eficaz de las iniciativas de seguridad son las siguientes (Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE), 2011):
- Utilizar un enfoque participativo y centrado en las personas para fomentar la implicación y fortalecer la capacidad. Esto supone la participación tanto de las instituciones como de los actores que ejecutan las iniciativas, (por ejemplo, donantes, gobiernos, personal de seguridad, órganos de supervisión y organizaciones de mujeres), así como de los particulares y las comunidades destinatarios del programa, especialmente las supervivientes. Pueden realizarse consultas durante la etapa de diseño (por ejemplo, para establecer los objetivos del programa y el modo de medir los adelantos) o como parte de la vigilancia permanente (por ejemplo, al evaluar el progreso y tomar decisiones sobre cómo adaptar las actividades y prioridades del programa). Este enfoque tiene varios beneficios y, específicamente, puede:
- Alentar a las instituciones de seguridad a establecer sistemas y procesos internos para evaluar sus actividades, definiendo sus propios criterios de ejecución y autoevaluando los adelantos respecto de los objetivos, lo que puede aumentar el compromiso con el logro de los objetivos de desempeño.
- Promover la implicación en las iniciativas y fortalecer las capacidades nacionales de recolección de datos, vigilancia y evaluación. Puede mejorar la eficacia y las contribuciones de los órganos de supervisión, que a su ve pueden consultar a las instituciones de seguridad para establecer conjuntamente objetivos e indicadores del desempeño que se controlarán periódicamente, y ayudar a informar a los órganos de supervisión del contexto en el que proponen recomendaciones a las instituciones.
- Empoderar a las supervivientes de la violencia o a las organizaciones de mujeres que les prestan apoyo, las que pueden carecer de información, capacidad o autoridad para vigilar y evaluar de forma eficaz las instituciones de seguridad. Por ejemplo, podrían tener conocimientos limitados sobre programas y procesos de seguridad y no poder acceder a los encargados de adoptar decisiones, especialmente en las instituciones de seguridad (International Alert, 2008). Brindar oportunidades para que las mujeres articulen sus necesidades y experiencias en materia de seguridad y determinar el modo en que deberían medirse la calidad de los servicios y la respuesta del personal de seguridad son elementos fundamentales para prestar servicios centrados en las supervivientes.
- Facilitar un proceso de vigilancia y evaluación transparente, imparcial y creíble con resultados ampliamente disponibles.
- Ayudar a abordar la posible desconfianza que podrían tener los interesados (como la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, y las instituciones de seguridad) atrayendo la participación de los grupos en actividades destinadas al fortalecimiento de las relaciones.
- Promover la participación de evaluadores que posean el conjunto adecuado de conocimientos especializados. Para maximizar la pertinencia y el valor de los procesos de evaluación, las iniciativas deben contar con la participación de evaluadores independientes que combinen conocimientos sobre el sector de la seguridad, la vigilancia y la evaluación, con competencias especializadas en materia de violencia contra la mujer, especialmente en contextos de bajos ingresos. La falta general de conciencia sobre las cuestiones de género puede reducir la atención que se presta a las repercusiones de los programas en las supervivientes y, más ampliamente, a la desigualdad de género existente (Popovic, 2008).
- Asignar recursos financieros adecuados a los procesos. Mantener la calidad y frecuencia de la recolección de datos como parte de la vigilancia permanente permite a los encargados de ejecutar los programas evaluar los resultados y productos de corto plazo de las iniciativas y es fundamental para permitir ajustes en las actividades y planes de los programas, lo cual puede ser necesario para garantizar que se logren adelantos en relación con las metas y los objetivos establecidos. Como mínimo, debe asignarse entre el 3% y el 10% del presupuesto de un programa a actividades de vigilancia y evaluación, y más bien el 10% en contextos más frágiles (UNIFEM, 2009; Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, 2010).
- Determinar el ámbito de competencia de los actores de seguridad qué más participan en una iniciativa. Las instituciones de seguridad, que muchas veces son entidades amplias compuestas de muchas secciones y departamentos diferentes (por ejemplo, funcionarios sobre el terreno y personal administrativo, de gestión y de supervisión) varían considerablemente según su objetivo, función y orientación. Es importante identificar a las personas y los grupos específicos a los que está destinada una iniciativa para facilitar el proceso de vigilancia, evaluación y, en lo posible, atribuir los cambios producidos. Esto es especialmente importante dado que cada sección de una institución generalmente está vinculada con otras (CAD/OCDE, 2011). En los casos en que se utiliza un enfoque multisectorial, podría ser más eficaz vigilar y evaluar la labor de los actores de seguridad como parte de un mecanismo de respuesta más amplio, en lugar de tratar de medir únicamente el impacto del sector por separado. La vigilancia también puede centrarse en una única institución (por ejemplo, la policía) o un sistema específico (por ejemplo, la justicia penal, que incluye a la policía, la justicia y las prisiones), lo cual es más realista dado que en la mayoría de los programas no se trabaja con toda la gama de actores del sector.
- Utilizar una combinación de fuentes de información para resolver la falta de datos. Los sistemas y capacidades nacionales para reunir, manejar, almacenar y analizar datos en las instituciones de seguridad pueden ser débiles o inexistentes. Obtener datos precisos sobre las experiencias relacionadas con la violencia de las mujeres y niñas, que muchas veces no se denuncian, es especialmente difícil por una variedad de motivos. La información inexacta o insuficiente sobre la naturaleza y el alcance de la violencia, especialmente la violencia sexual, obstaculiza los esfuerzos para abordarla eficazmente (International Alert, 2007; Roth, Guberek y Green, 2011). Incluso cuando se reúnen datos, muchas veces no se sistematizan adecuadamente para poder hacer el seguimiento de los cambios. Al tiempo que normalizan los sistemas de datos e información, los planes de vigilancia y evaluación deberían utilizar una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, incluidos registros policiales, encuestas sobre la victimización por delitos y estudios en profundidad sobre las experiencias de las mujeres y niñas en relación con las respuestas del sector de la seguridad a incidentes de violencia.
Por ejemplo, véase The War at Home - GBV Indicators Project (La guerra en el hogar: proyecto de indicadores de la violencia de género) (Gender Links y Consejo de Investigaciones Médicas, 2011), que combina registros policiales y otros archivos administrativos, y datos cualitativos de muestras de hombres y mujeres que presentaron información sobre actos de violencia cometidos y padecidos para presentar un panorama de la violencia de género en la provincia de Gauteng (Sudáfrica) y ofrecer recomendaciones para mejorar las prácticas y la gestión de los casos por la policía y otros proveedores de servicios.
- Explorar la viabilidad de evaluaciones conjuntas: Las asociaciones entre instituciones de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, especialmente organizaciones de mujeres, pueden ser eficaces para promover la colaboración en relación con la cuestión y aumentar la credibilidad y validez de los resultados y el progreso alcanzado por el sector (como el Observatorio del plan de acción nacional de Chile de aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad). Cuando este tipo de cooperación no es posible, puede alentarse a las organizaciones de mujeres y otros grupos de la sociedad civil a establecer sistemas de vigilancia independientes o paralelos. Véase, por ejemplo, el estudio de caso que analiza las comisarías de la mujer en América Latina.