La reforma del sector justicia en torno a la violencia contra las mujeres se puede volver sumamente politizada por muchas razones. El acceso a la justicia es una forma de poder y cambiar las formas en las que las mujeres pueden acceder a la justicia puede percibirse como un cambio en la dinámica de poder entre hombres y mujeres de una comunidad dada. Todo cambio en el funcionamiento de los mecanismos informales también puede ser visto como que socava la solidaridad en una comunidad, cambiando por consiguiente la dinámica de poder con respecto a estructuras del estado u otras comunidades.
Especialmente en comunidades que se identifican a sí mismas como una minoría o grupo indígena, puede existir tensión entre la promoción de los derechos humanos de las mujeres como personas y el valor que se percibe de determinadas prácticas de justicia para la harmonía y unidad del grupo. Sin embargo, todos los sistemas de justicia siempre deben promover el derecho de las mujeres y niñas de vivir libres de violencia. El cambio de las normas en torno a la violencia contra las mujeres también puede impactar de forma negativa el sustento de algunos miembros de la comunidad. A menudo se observa que cuando se prohíben prácticas que son perjudiciales para las mujeres, tales como la mutilación genital femenina, los practicantes tradicionales pierden su fuente de ingreso y prestigio en la comunidad. Esto nunca debe ser una excusa para continuar con la práctica perjudicial sino que debe ser un factor a considerar en el desarrollo estratégico de un plan eficaz. Los planificadores de programa que tienen presente estas dinámicas políticas y las toman en cuenta en el desarrollo de su estrategia lograrán un mayor grado de éxito en la promoción de un cambio positivo. Por ejemplo, quienes practicaban la mutilación genital femenina pueden ser empleados para dar a conocer los efectos perjudiciales de la mutilación genital femenina o pueden ser capacitados para generar un ingreso diferente.