Lo ideal sería que se estableciesen mecanismos de justicia informal que respondan de forma efectiva a la violencia contra las mujeres y niñas. Como mínimo, las leyes estatales deben garantizar que el sector de la justicia informal cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en cuanto a los derechos de las mujeres y niñas. En muchos países la ley o la constitución reconoce mecanismos de justicia informal, pero este reconocimiento debe estar supeditado específicamente a que las sentencias y prácticas no estén en conflicto con los derechos humanos fundamentales o leyes no discriminatorias. Por ejemplo, la Ley de la Judicatura de Kenya reconoce el derecho consuetudinario en “casos civiles en los cuales una o más partes están sujetas al mismo o afectadas por el mismo, hasta donde sea aplicable y no sea incompatible con la justicia y moralidad o contradictorio con cualquier ley escrita….” (énfasis añadido). A menudo los gobiernos nacionales también aprueban reglamentos que restringen el funcionamiento de los sistemas informales o limitan su jurisdicción. Litigar casos de violaciones de los derechos humanos a través de mecanismos informales puede ser otra forma de asegurar que los sistemas informales cumplan con los estándares de derechos humanos. Por más sobre la Reforma de la ley vea esa sección en Implementación del Programa.