- Los legisladores deben prever órdenes de protección para las víctimas de actos de violencia relacionados con dotes o incluir estos actos en un marco de violencia doméstica que contemple dicho recurso. Muchos Estados han previsto órdenes de protección para las denunciantes/supervivientes de violencia doméstica en su legislación penal y civil. En el sistema penal, las órdenes penales de alejamiento pueden representar un recurso similar al de las órdenes civiles de protección. Las órdenes penales de alejamiento pueden formar parte del proceso penal cuando el autor de actos violentos es acusado de un delito. (Por ejemplo, véase: Ley sobre Abusos Domésticos de Minnesota, de 1979 (en inglés) (Legislación de Minnesota, §518B.01, subd. 22.).
Práctica prometedora: En la India, además de haberse promulgado legislación específica sobre la dote, se ha incorporado la violencia relacionada con las exigencias ilegales de dote a la definición de violencia doméstica y se han establecido órdenes de protección. (Véase Protection of Women from Domestic Violence (en inglés)) En Pakistán, en un proyecto de ley anterior sobre violencia doméstica se habían incluido las exigencias de dote como aquella forma de violencia doméstica consistente en “[h]ostigar, perjudicar, lesionar o poner en peligro a la persona agraviada con el fin de coaccionar a dicha persona o a una persona relacionada con ella para que satisfaga una exigencia ilegal de dote o de otro bien o artículo de valor”. Véase: Buenas prácticas en la legislación sobre prácticas lesivas para las mujeres en Pakistán (en inglés), pág. 11, nota 22. Sin embargo, en el último borrador de la Ley sobre Violencia Doméstica (en inglés) no se hace ninguna referencia a las exigencias de dote. En Bangladesh, la Ley de Prevención de la Opresión contra Mujeres y Menores de Edad (en inglés), del año 2000, contempla las muertes relacionadas con la dote, pero no aborda las órdenes de protección. Los legisladores deben incluir los actos de violencia y hostigamiento relacionados con exigencias de dote en la definición de violencia doméstica.
(Véase el epígrafe Definition of Dowry-related Violence.)
- Las órdenes de protección civiles pueden adoptar la forma de órdenes de emergencia o ex parte (órdenes temporales que se emiten sin comunicación a la parte acusada), que tienen corta duración, o bien las denunciantes/supervivientes pueden tratar de obtener órdenes de protección a más largo plazo. Estas órdenes de mayor duración pueden exigir una audiencia íntegra ante un juez con la presencia del acusado. La Ley sobre Abusos Domésticos de Minnesota (en inglés) (Legislación de Minnesota, §518B.01, subd. 4) fue una de las primeras leyes relativas a órdenes de protección en el mundo, pues fue promulgada hace más de 30 años. El recurso de las órdenes de protección ha demostrado ser uno de los recursos legales más eficaces en los casos de violencia doméstica. Véase: Órdenes de protección (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Dado que los actos de violencia relacionados con dotes son una forma de violencia doméstica, los legisladores deben garantizar la disponibilidad de estas órdenes para las supervivientes/denunciantes de violencia relacionada con la dote.
- Los legisladores deben considerar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de las órdenes de protección tradicionales o incluir otro tipo de recurso que tenga en cuenta la dinámica de la violencia relacionada con la dote. La ley de la India, por ejemplo, prevé órdenes de protección en las que se abordan la violencia doméstica y la enajenación de activos, órdenes de residencia que restringen a los agresores el uso del domicilio compartido y les obligan a garantizar a las víctimas un alojamiento alternativo, y órdenes de custodia e indemnización. Convendría que los legisladores se basaran en el artículo 19.1 de esta ley cuando incluyan el recurso de una orden de residencia en una ley sobre violencia relacionada con la dote. En este caso, al dictar una orden de residencia, el juez debe tener la facultad de prohibir al agresor que desposea a la víctima del domicilio compartido o que interfiera en la posesión por la víctima del domicilio compartido, incluso si el agresor tiene algún derecho legal respecto a dicho domicilio; ordenar que el agresor abandone el domicilio; prohibir al agresor o a cualquier familiar suyo la entrada en el domicilio compartido si la víctima todavía vive en él; prohibir al agresor que se desentienda de sus obligaciones respecto al domicilio compartido; y ordenar al agresor el pago de un alojamiento equiparable. En su artículo 19.8, la ley india autoriza al juez a ordenar que el acusado “devuelva a la persona agraviada la posesión de su stridhan o de cualquier otro bien o artículo de valor al que tenga derecho”. La legislación debe expresar de manera inequívoca la obligación de la policía de ejecutar las órdenes de protección.