Respuesta comunitaria coordinada

La respuesta comunitaria coordinada es una estrategia de intervención desarrollada por el Proyecto de Intervención sobre Abusos Domésticos (DAIP, por sus siglas en inglés) en Duluth, Minnesota, Estados Unidos. Esta estrategia, que a menudo recibe el nombre de “modelo de Duluth”, es un “sistema de redes, acuerdos, procesos y principios aplicados creado por el movimiento local de albergues, organismos de justicia penal y programas de servicios humanos que fue desarrollado en una pequeña ciudad del norte de Minnesota durante un periodo de 15 años. Es todavía un proyecto en formación”. Véase: Ellen Pence y Martha McMahon, Respuesta comunitaria coordinada a la violencia doméstica (en inglés), 1999, The National Training Project, Duluth, Minnesota. Habida cuenta de las necesidades diversas en materia jurídica, económica, social y de salud de las víctimas de la violencia relacionada con la dote, la coordinación de la respuesta de los diferentes sectores sociales promoverá la protección de las denunciantes/supervivientes.

Aunque no existe un modelo único que funcione en todos los contextos, el modelo empleado por DAIP en Duluth es uno de los proyectos de respuesta comunitaria coordinada de más éxito y ha sido adaptado para su uso en comunidades de muchas regiones del mundo. Véase: Adaptación del modelo de Duluth (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights; y Respuesta comunitaria coordinada (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

La legislación debe incluir disposiciones que exijan la colaboración y comunicación de las instituciones para abordar la violencia doméstica y la violencia relacionada con la dote. Los asistentes sociales de ONG que prestan servicios directamente a las víctimas deben ejercer funciones de liderazgo en este tipo de iniciativas de colaboración. Cuando la policía, los funcionarios judiciales, las ONG que prestan servicios directos a las víctimas de violencia y los profesionales médicos coordinan sus esfuerzos para proteger a las mujeres frente a la violencia relacionada con la dote y hacer rendir cuentas a los maltratadores, estos esfuerzos tienen más éxito. La coordinación ayuda a garantizar que el sistema funciona más rápido y mejor para las víctimas; que las víctimas están protegidas y reciben los servicios que necesitan, y que los maltratadores rinden cuentas y ponen fin a su comportamiento abusivo.

(Véase: Recomendación General Rec(2002)5 del Consejo de Europa, párr. 27; Beneficios de la coordinación (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights; Metas y estrategias de la intervención (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights; y Participantes en la respuesta comunitaria (en inglés), StopVAW, The Advocates for Human Rights);

Véase el apartado Implementation of Laws.

Práctica prometedora: En Bangladesh, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia tiene a su cargo el Programa Multisectorial sobre Violencia contra la Mujer, iniciativa conjunta de los gobiernos danés y bangladeshí. Como parte del programa, el Ministerio coordina en los hospitales centros de crisis integrales (en inglés) destinados a las víctimas de violencia. Estos centros facilitan a las víctimas atención médica, asistencia policial, servicios sociales, asistencia jurídica, asesoramiento, ayuda en materia de albergues y exámenes forenses.

En muchos países existen disposiciones que prescriben la cooperación de los organismos estatales.
Por ejemplo, uno de los objetivos de la ley de Albania es:

a. Establecer una red coordinada de autoridades responsables de la protección, el apoyo y la rehabilitación de las víctimas, la mitigación de las consecuencias y la prevención de la violencia doméstica [...].

CASO DE ESTUDIO: En Pakistán, el proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica de 2009, que en su artículo 4 incluye la dote en la definición de violencia doméstica, establece la creación de un equipo de protección. El equipo deberá estar integrado por una consejera sindical y dos agentes de policía, un hombre y una mujer, con un rango mínimo de subinspector adjunto. El equipo se encargará de ayudar a las víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, permaneciendo en el lugar donde se haya cometido un presunto acto de violencia hasta que quede garantizada la protección de la víctima, facilitando a ésta el acceso a tratamiento médico, trasladándola a un lugar seguro con su consentimiento, preparando la solicitud de una orden de protección y documentando y llevando un registro de los casos de violencia y de las solicitudes presentadas, las órdenes de protección y los proveedores de servicios (art. 6). En el caso de que se disponga la creación de un equipo de protección, los legisladores deben garantizar que la unidad incluya a asistentes sociales, representantes de ONG y proveedores de servicios sociales o colabore con estos colectivos. En las leyes se debe promover también la coordinación entre proveedores de servicios médicos, organismos de protección de la infancia, medios de comunicación, miembros del clero y dirigentes religiosos, empleadores, empresas, organizaciones de ayuda a los pobres, colegios profesionales (de médicos, abogados, etc.) y organismos oficiales, y el mantenimiento de consultas con estas instancias.

El artículo 19 de la ley de España afirma: “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. [...] Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente.”

Prácticas prometedoras:

España: El artículo 19 de la ley de España prevé también la financiación y evaluación de estos procedimientos coordinados.

India: En la comisaría india de Anna Nagar, integrada sólo por mujeres, una ONG proporcionó servicios a las víctimas durante un año. Antes de la puesta en marcha de la iniciativa, las agentes recibieron un cursillo de orientación y se envió a los periódicos locales un comunicado de prensa, en tamil y en inglés, en el que se incluían números de teléfono para situaciones de crisis. En la comisaría, una coordinadora facilitaba información sobre los servicios de apoyo de la ONG y tres asesoras sobre situaciones de crisis proporcionaban asistencia en esta materia. La comisaría contaba también con una línea telefónica para situaciones de crisis operativa las 24 horas del día. La policía podía pedir que una representante de la ONG acompañara a los agentes en las visitas domiciliarias. La coordinadora y la inspectora jefe coordinaban la documentación y la gestión de los casos y decidían cuáles debían ser objeto de seguimiento. La coordinadora y una agente de policía promovieron la iniciativa distribuyendo por las casas los números de teléfono para situaciones de crisis. Véase: Prasanna Poornachandra, Un proyecto coordinado sobre violencia doméstica Más allá del apoyo a las víctimas (en inglés), 2006, pág. 115.