Plan nacional de acción contra el maltrato a las viudas

Última editado: February 27, 2011

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  • Los legisladores deben considerar la posibilidad de elaborar un plan nacional de acción contra el maltrato a las viudas. Se puede encontrar orientación sobre ello en la Plataforma de Acción de Beijing, donde se pide a los Estados que promulguen planes nacionales de acción y se recomienda una amplia participación en ellos de los órganos nacionales para el adelanto de la mujer, el sector privado y otras instituciones pertinentes, “tales como órganos legislativos, instituciones académicas y de investigación, asociaciones de profesionales, sindicatos, cooperativas, grupos comunitarios locales, organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones de mujeres y grupos feministas, medios de difusión, grupos religiosos, organizaciones de jóvenes y grupos culturales, así como organizaciones financieras y organizaciones sin fines de lucro” (párrafos 294 y 295). Los legisladores deben asegurarse de que se lleva a cabo una consulta con viudas y con la sociedad civil y se tiene en cuenta el contexto actual. En la Plataforma de Acción de Beijing se hace hincapié también en la importancia de la participación de actores del nivel político más elevado, el establecimiento de dotaciones de personal y protocolos apropiados en los ministerios, la revisión de las metas, programas y procedimientos por las partes interesadas en el marco del plan y el compromiso de los medios de comunicación y la educación pública para sensibilizar sobre el plan (párrafo 296). También se deben abordar en éste las funciones y responsabilidades de los actores encargados de su aplicación. En este caso, los legisladores deben intentar que participen en la tarea y se encarguen de ella una amplia variedad de actores a modo de maquinaria de aplicación. Entre las instituciones pertinentes figuran la policía, los fiscales, los jueces, los servicios sociales, las autoridades que se ocupan de los niños y los menores, las oficinas de igualdad de oportunidades, las unidades de atención a víctimas de delitos, las autoridades educativas, de salud pública, penitenciarias y de libertad provisional, los organismos para asuntos de discapacidad, los comités administrativos, los departamentos de inmigración, las oficinas de enlace con comunidades culturales, religiosas, de inmigrantes y étnicas, los funcionarios que se ocupan de asistencia social, vivienda, grupos religiosos, cuestiones consuetudinarias y locales, y las oficinas que trabajan en cuestiones relativas a las mujeres y las niñas y la sociedad civil.
  • Los legisladores deben incorporar la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y las niñas a las políticas de los diversos organismos. Tienen que asegurarse de que otros planes nacionales de desarrollo y estrategias nacionales de reducción de la pobreza integran las normas de derechos humanos relativas a las mujeres y las niñas en su programación y sus presupuestos. Véase: Tema: Abordar la Igualdad de Género: Un Reto Persistente para África (en inglés), Conferencia Conjunta Unión Africana/Comisión Económica para África de Ministros de Asuntos de Género y de la Mujer, 25-29 de agosto de 2008, pág. 3.

Práctica prometedora: Suecia ha elaborado un Plan de acción para combatir la violencia de los hombres contra las mujeres, la violencia y la opresión en nombre del honor y la violencia en las relaciones homosexuales (en inglés). El plan se centra en seis estrategias principales:

  • mayor protección y apoyo a las víctimas de violencia
  • más insistencia en el trabajo preventivo
  • normas más estrictas y más eficiencia en el sistema judicial
  • mejores medidas contra los responsables de la violencia
  • mayor cooperación y coordinación
  • más conocimientos y competencia

Se bosquejan en él varias medidas relacionadas con cada una de las seis estrategias. Al elaborar el plan, el gobierno sueco aprobó una política global en la que se aplica un enfoque centrado en la víctima y basado en investigaciones. Esta política “tiene prioridad sobre las de los ministerios y organismos, con la perspectiva de las personas en situación de riesgo como punto de partida y basándose en los conocimientos disponibles sobre las áreas en cuestión".