Quienes redactan las leyes deben revisar los protocolos diplomáticos para garantizar que las víctimas tienen acceso a asistencia consular en terceros países, y deben garantizar que las políticas que regulan la asistencia diplomática a las personas con doble nacionalidad tienen en cuenta el país de residencia habitual o con el que hay vínculos más estrechos en vez de remitirse a conceptos de no responsabilidad del Estado. Las mujeres y las niñas que tienen doble nacionalidad corren un especial peligro de que se les niegue el acceso a asistencia consular. Los legisladores cuyos Estados han ratificado esta convención pueden considerar que impide prestar asistencia a las víctimas de matrimonio forzado que han sido trasladadas desde su país de residencia a otro país de nacionalidad con el fin de obligarlas a contraer matrimonio. El Convenio sobre Determinadas Cuestiones relativas a los Conflictos de Leyes sobre la Nacionalidad (en inglés), adoptado en 1930, prohíbe a los Estados Parte que ofrezcan “protección diplomática a uno de sus nacionales contra un Estado del que esa persona también tenga la nacionalidad” (artículo 4). Los legisladores deben tomar nota de la opinión de los analistas que consideran que este principio se basa en la anticuada doctrina de la no responsabilidad del Estado; los principios sobre la nacionalidad dominantes y vigentes establecen que, independientemente de la doble nacionalidad, el Estado con el que la persona mantiene un vínculo más estrecho puede ofrecer protección diplomática. Véase: Sara Hossain y Suzanne Turner, Secuestro con fines de matrimonio forzado, derechos y recursos en Bangladesh y Pakistán, International Family Law, abril de 2001 (donde se señala que la observación en el Informe Explicativo del Convenio Europeo sobre Nacionalidad establece que un Estado puede ofrecer protección diplomática a sus ciudadanos que tengan doble nacionalidad).
Los Estados que ofrecen protección diplomática a las víctimas de matrimonio forzado en otros países deben garantizar que los funcionarios consulares cuentan con las directrices y la formación necesarias. Las recomendaciones incluyen: ofrecer directrices adecuadas a los funcionarios consulares, especialmente en lo relativo a la asistencia a los titulares de doble nacionalidad y a no ponerse en contacto con los familiares en el país de residencia; proporcionar a los funcionarios consulares formación sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas; crear una base de datos para monitorear los casos de matrimonio forzado; crear un protocolo de intervención basado en las respuestas a la sustracción de menores; firmar acuerdos consulares con otros países para velar por que se garantice la protección de las víctimas. Véase: Sara Hossain y Suzanne Turner, Secuestro con fines de matrimonio forzado, derechos y recursos en Bangladesh y Pakistán, International Family Law, abril de 2001, 1-64, págs. 15-24.
(Véase el apartado Jurisdicción extraterritorial)