Quienes redactan las leyes deben tomar medidas para garantizar que las leyes y prácticas consuetudinarias no toleran ni permiten el matrimonio forzado y de niños. Muchos países tienen distintos ordenamientos jurídicos, y en ellos pueden coexistir sistemas jurídicos oficiales, consuetudinarios e incluso consuetudinarios autorizados por el Estado. Entre estos sistemas pueden producirse contradicciones, tanto en las leyes escritas como en su aplicación. A la vez que un sistema puede proteger a las mujeres frente a la discriminación, otro puede entrar en conflicto con la ley o la práctica y discriminarlas. Las leyes deben resolver las contradicciones entre el ordenamiento jurídico oficial y el consuetudinario de modo que se respeten los derechos humanos de las supervivientes y los principios de igualdad de género. Véase: Manual de la ONU, pág. 15. Los legisladores deben velar por que las leyes de rango superior incluyan la divulgación entre dirigentes locales y tradicionales a fin de facilitar la aplicación de estas garantías. Las leyes deben garantizar que la utilización de un mecanismo judicial consuetudinario no impida que la víctima acceda al sistema judicial oficial.
(Véase: Prácticas nocivas)