Independientemente de que una práctica nociva se tipifique como delito o no, la legislación que aborda las prácticas nocivas debe adoptar un planteamiento basado en os derechos humanos. La legislación no sólo debe incluir la tipificación como delito y el castigo del perpetrador, sino también “la prevención, el empoderamiento, el apoyo y la protección de la superviviente, así como mecanismos para garantizar su aplicación efectiva”. Véase: Buenas prácticas en legislación sobre “prácticas nocivas” contra la mujer (en inglés), citando Buenas prácticas en legislación sobre violencia contra las mujeres, informe de la reunión del grupo de expertos (en inglés).
A fin de garantizar no sólo el castigo de las prácticas nocivas, sino también su prevención, la legislación debe crear protecciones y recursos civiles alternativos.
Órdenes de protección
- La legislación debe establecer el recurso de la orden civil de protección, incluida la orden de protección de emergencia ex parte, para las víctimas que están bajo la amenaza de prácticas nocivas.
- La legislación debe tipificar como delito el quebrantamiento de las órdenes de protección.
- Cuando es un tercero el que presenta la solicitud en nombre de una mujer adulta, la legislación debe exigir el consentimiento de la mujer, a menos que la víctima no pueda presentar la solicitud por sí misma debido a determinadas circunstancias, como estar sometida a privación ilícita de libertad en otro país, o por tratarse de una persona adulta vulnerable.
- La legislación sólo debe permitir que un tercero presente la solicitud en nombre de una menor si cuenta con autorización del tribunal o ha sido designado por un curador ad litem.
Para más información sobre órdenes de protección en casos de violencia doméstica, véase: Ejemplos de órdenes de protección (en inglés); y también los apartados Domestic Violence y Forced and Child Marriage; Respuesta de una tercera parte competente relativa a la Ley sobre Matrimonios Forzados (Protección Civil) de 2007 (en inglés), Proyecto Newham de Mujeres Asiáticas, 2008.
Intervención judicial
- Quienes redactan las leyes también deben permitir que una persona solicite la intervención judicial para evitar ser víctima de una práctica nociva inminente.