En las leyes sobre acoso sexual, las disposiciones sobre recursos deben reflejar una política de restituir a las víctimas a la situación que ocupaban antes del acoso y deben establecer penas disuasorias.
Los recursos previstos por acoso sexual varían enormemente, en función de los hechos de cada caso y del tipo de leyes o políticas con arreglo a las cuales se presentan las demandas. Teniendo en cuenta esta variedad de enfoques, los recursos pueden ir desde la restitución del puesto de trabajo de la persona despedida, a la recuperación de salarios y licencias atrasados, cambios en la política sobre vivienda y centros educativos, cambios en las condiciones laborales, o concesión de daños efectivos y punitivos. Algunos responsables de acoso también pueden ser objeto de sanciones penales. See Criminal law section.
Por ejemplo, la legislación de Filipinas establece que las víctimas de acoso en el lugar de trabajo o en instituciones educativas y formativas pueden acceder a recursos civiles, administrativos y penales. Véase: Ley de la República Nº. 7877 (en inglés), art. 4-5. Además, las víctimas en Filipinas pueden entablar a la vez una acción civil contra el empleador y contra el autor individual. La ley de Benin es una de las pocas que enumera los recursos concretos de que disponen los jueces en casos de acoso sexual a menores; (See Benin case study below) además, en virtud de esa ley, los cómplices en casos de acoso sexual pueden recibir las mismas penas que los autores. Véase: Ley sobre el Acoso Sexual (en francés). En Estados Unidos, las víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo tienen que presentar una querella ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, de ámbito federal, o ante un organismo estatal equivalente, antes de que puedan presentar una demanda particular contra un empleador. Véase: Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, Presentación de una querella por discriminación en el empleo. En Estados Unidos, las víctimas de acoso sexual en el sector de la vivienda pueden presentar denuncias ante la policía local, las autoridades de vivienda estatales y federales, o pueden entablar una demanda civil ante los tribunales. See Housing section.
PRÁCTICA PROMETEDORA – Ley relativa a las Órdenes de Alejamiento por Acoso de Minnesota
Algunas leyes penales no sólo castigan a los perpetradores, sino que además ofrecen recursos especiales de protección para las víctimas de acoso. En el estado estadounidense de Minnesota, por ejemplo, toda persona que sufra acoso puede solicitar una orden de alejamiento por acoso. Véase: La Ley relativa a las Órdenes de Alejamiento por Acoso (en inglés), WomensLaw.org. La ley se aplica al acoso en cualquier situación, al margen de la relación que exista entre la víctima y el autor. Un tribunal puede dictar una orden de alejamiento temporal aunque el acosador no haya comparecido ante él “si el tribunal considera que hay motivos razonables para creer que el demandado ha sido responsable de acoso”. Véase Legislación de Minnesota (en inglés), §609.748, subd. 4. Una persona que infringe una orden de alejamiento es objeto de sanciones penales. Véase: Legislación de Minnesota (en inglés), §609.748, subd. 6; Véase Violencia Doméstica y Agresión Sexual.
Elaboración de políticas y formación
Las leyes sobre acoso sexual, ya sean civiles o penales, deben exigir prevención, elaboración de políticas y formación de las personas objeto de la ley y de las responsables de su aplicación. Estas cuestiones se tratan en detalle en los apartados relativos a contextos concretos incluidos en este capítulo.
Las leyes deben exigir la implantación de políticas contra el acoso sexual en todos los sectores, así como la elaboración de políticas organizativas que incluyan mecanismos internos de presentación de denuncias que permitan a las víctimas presentar quejas por acoso sexual sin verse obligadas a interponer una demanda civil o una querella criminal. Es mucho más probable que una víctima de acoso plantee sus preocupaciones en un proceso informal de presentación de quejas. Las políticas deben exigir que se tomen medidas inmediatas con respecto a las quejas sobre acoso sexual, lo que supone tramitar la queja, tomar medidas para poner fin al presunto acoso, iniciar una investigación, y ofrecer apoyo a la víctima.
Se debe exigir que los empleados de los sectores público y privado reciban formación sobre cómo luchar contra el acoso sexual, a fin de ayudar a prevenirlo no sólo en el lugar de trabajo, sino también en el contexto educativo, de la vivienda, de las actividades deportivas y de la prestación de servicios.