Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Última editado: December 09, 2010

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha abordado la violencia sexual ejercida contra las mujeres en situaciones de conflicto adoptando diversas resoluciones al respecto:

  • En la Resolución 1325, adoptada en el año 2000, se pide a los Estados miembros que incorporen una “perspectiva de género” y aumenten la participación en pie de igualdad de las mujeres en la "prevención y solución de los conflictos" y el “mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad”. Se exhorta también a las partes implicadas en un conflicto armado a que cumplan las leyes internacionales que protegen los derechos de las mujeres y las niñas civiles e incorporen políticas y procedimientos que protejan a las mujeres de delitos de género como la violación y la agresión sexual.
  • En la Resolución 1820, adoptada en 2008, se pide que se ponga fin al uso de actos brutales de violencia sexual contra mujeres y niñas como táctica de guerra y a la impunidad de los responsables. Se pide también a las Naciones Unidas y a su Secretario General que faciliten protección a las mujeres y a las niñas en las iniciativas dirigidas por la ONU sobre seguridad, incluidos los campos de refugiados, y que inviten a las mujeres a participar en todos los aspectos de los procesos de paz.
  • En la Resolución 1888, adoptada en 2009, se detallan medidas para aumentar la protección de mujeres y niños frente a la violencia sexual en situaciones de conflicto, como solicitar al Secretario General que nombre a un representante especial para coordinar las misiones, envíe a un equipo de expertos en el caso de situaciones que susciten una preocupación especial y ordene a las fuerzas de mantenimiento de la paz la protección de las mujeres y los niños.
  • En la Resolución 1889, adoptada también en 2009, se reafirma lo expuesto en la Resolución 1325, se condena la persistencia de la violencia sexual contra las mujeres en las situaciones de conflicto y se insta a los Estados miembros de la ONU y a la sociedad civil a que tengan en cuenta la necesidad de proteger y empoderar a las mujeres y a las niñas, incluidas aquéllas vinculadas con grupos armados, en las actividades programáticas que se lleven a cabo después de un conflicto.