Responder ante la diversidad

Los riesgos y experiencias de violencia puede estar modelados por múltiples factores tales como la edad, raza, etnicidad, educación y posición socio económica, estado civil, ocupación, nacionalidad de origen, religión, discapacidad, orientación sexual y otras situaciones. Por ello, las políticas y los programas deben ser adaptados para abordar dichos factores, y así lograr ser relevantes y efectivos.
Las iniciativas deben estar bien informadas de las investigaciones y análisis integrales existentes respecto a los contextos específicos donde ocurre la violencia contra las mujeres y niñas (formas, escenarios, grupos afectados) y a las diferentes variables que afectan la vulnerabilidad de un grupo particular respecto a la violencia. Tales datos deben proveer de información para el diseño de las políticas e intervenciones.
El diseño de programas también estar bien informado, a través de una comprensión de los diversos contextos en los que ocurre la violencia contra las mujeres durante el ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la ancianidad. Para ello debe contar con intervenciones adaptadas conforme al tratamiento de específicas formas de violencia que afectan a los diferentes grupos de edad y que apoyen de modo adecuado a las necesidades de los sobrevivientes
Las intervenciones deben considerar las variaciones existentes a nivel nacional, sub nacional y local respecto a la naturaleza de la violencia, el contexto de las políticas y a la extensión en que dichas acciones son implementadas para tratar la violencia. Por ejemplo, cuando los marcos de políticas legales nacionales no están desarrollados resultan cruciales las acciones de incidencia para elevar la sensibilización y el compromiso del público para abordar el tema. Sin embargo, en los países donde ya se han establecido reformas legales, los esfuerzos que se hagan a nivel de incidencia pueden priorizar la puesta en práctica y monitoreo de las normas y políticas existentes.
Los programas deben buscar identificar y abordar por igual formas menos documentadas de violencia que pueden afectar a grupos particularmente marginados dentro de la población, tales como trabajadoras domésticas, niñas adolescentes o comunidades afectadas por los conflictos. Estos grupos pueden ser más vulnerables a la violencia y carecer de acceso a atención médica, ayuda legal, oportunidades económicas y otros recursos fundamentales para afrontar una situación abusiva. Dada su posición social secundaria estos sub grupos de mujeres y niñas enfrentan aspectos que frecuentemente quedan poco visibles para el público y las agendas de las políticas. Por ejemplo, los procesos de desmovilización posteriores a los conflictos deben tomar en cuenta las diferentes formas de violencia experimentadas por mujeres y niñas soldados, y desarrollar intervenciones que se adapten para tratar sus necesidades específicas de reintegración.