Según el Estudio a fondo del Secretario General de las Naciones Unidas sobre todas las formas de violencia contra la mujer (2006), este problema es “uno de los más graves desafíos de nuestra época”. La violencia contra las mujeres y las niñas no constituye sólo una violación de sus derechos humanos fundamentales, sino que impide también a las mujeres de todo el mundo alcanzar todo su potencial. La realización plena de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es esencial para el progreso y la prosperidad del mundo. Los Estados tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos de la mujer y hacer hincapié en la rendición de cuentas de las personas que los violen. Es esencial que exista una legislación efectiva sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para combatir las políticas y prácticas que perpetúan en todo el mundo la subordinación de la mujer y socavan sus derechos humanos.
Los fundamentos de las leyes encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas son los principios de igualdad y no discriminación. La mayoría de las naciones no tienen más que consultar sus propias Constituciones para encontrar estas garantías fundamentales. Por ejemplo, la Constitución (en inglés) de Albania garantiza la igualdad ante la ley en su artículo 18, que afirma que “todas las personas son iguales ante la ley” y que “no se puede discriminar injustamente a nadie por motivos como el género”. Estos principios se pueden abordar también en muchos campos distintos de la legislación de un Estado. En Belarús, por ejemplo, el Código de Familia y Matrimonio (en ruso), el Código Civil (en ruso), el Código de Trabajo (en ruso) y el Código de la Vivienda (en ruso) promueven sin excepción el objetivo de la igualdad de género. Muchos Estados han aprobado también Leyes de Igualdad de Género que promueven el derecho de la mujer a no sufrir violencia. Por ejemplo, la Ley de Igualdad (en inglés) del Reino Unido, promulgada en 2010, incluye una amplia variedad de disposiciones sobre no discriminación. La Ley de Igualdad de Género (en inglés) promulgada en 2003 en Bosnia y Herzegovina define y prohíbe la violencia de género.
Los códigos penales, civiles y administrativos de la mayoría de las naciones contienen disposiciones sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, dichas disposiciones son a menudo inadecuadas debido a sus limitaciones en lo tocante a definiciones, alcance, recursos y aplicación. Las leyes nacionales sobre el matrimonio precoz, por ejemplo, deberían definir al niño o niña como toda persona menor de 18 años, pero rara vez lo hacen. El alcance de las leyes sobre violencia doméstica no suele ser lo bastante amplio para incluir en ellas a las parejas no casadas y esta circunstancia deja a muchas víctimas desprotegidas. En lo que se refiere a la violencia doméstica, los remedios legales pueden incluir advertencias preceptivas y actos de mediación entre las partes, pero estas medidas suelen perjudicar todavía más a las víctimas. Las leyes sobre agresión sexual deberían exigir que sea el acusado quien demuestre que el acto se ha llevado a cabo por consentimiento mutuo y penalizar la agresión sexual en una relación de pareja. Por último, las leyes contra la mutilación genital femenina, aunque representan un paso importante, constituyen a menudo un ejemplo penoso de aplicación y cumplimiento inadecuados.
Los Estados deben abordar estos problemas con todos los medios a su alcance. Las iniciativas para abordar las limitaciones de las leyes nacionales deben centrarse en la penalización de los delitos, la elaboración de estrategias inmediatas y a largo plazo para proteger los derechos de las supervivientes y la potenciación de las estrategias de prevención. Todo remedio legislativo efectivo requiere una comprensión profunda de las causas últimas de la violencia contra la mujer y un enfoque que comporte la colaboración de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los sistemas judiciales, los servicios sociales y los sistemas de asistencia médica. Deben abordarse todos los aspectos de la legislación de un Estado; en muchos países, determinadas disposiciones legales, como las leyes sobre inmigración o las disposiciones sobre protección infantil, no sólo no protegen a las mujeres, sino que incluso pueden hacerlas más vulnerables a la violencia. Las leyes deben analizarse con el fin de abordar sus consecuencias para las mujeres y las niñas, incluidas las consecuencias no deseadas. Los Estados deben abordar todas las leyes recogidas en distintos sistemas jurídicos.
(Véase: Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, de las Naciones Unidas (en adelante, Manual de la ONU) y Buenas prácticas en legislación sobre “prácticas nocivas” contra la mujer (en inglés), de 2009, División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer y Comisión Económica de las Naciones Unidas para África)