- Enmendar la legislación y las políticas existentes y aprobar nuevas leyes y políticas no basta para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en un país. Ya sea trabajando en el sistema de justicia formal o en el informal, las lagunas en la capacidad para administrar justicia deberán identificarse y solucionarse. Los actores del sector judicial deben pasar a rendir cuentas ante las sobrevivientes y sus familias, y enjuiciar a los agresores de un modo coherente y sistemático. Para ello, los gobiernos y sus socios deben mostrar una tolerancia cero ante la corrupción, contar con una correcta dotación de conocimientos y equipamiento técnicos en sus instituciones clave (policía, poder judicial, forenses y profesionales de la medicina y la asistencia jurídica en el sector público) y conocer y valorar los derechos de las sobrevivientes (Ndinga-Muvumba, 2012,).
- Fortalecer la respuesta institucional del sector judicial e incrementar la capacidad de los actores para garantizar el acceso de las sobrevivientes a la justicia puede reducir los prejuicios y los maltratos y mejorar la protección jurídica de las mujeres en peligro. Al implementar una reforma jurídica y judicial relacionada con la violencia contra las mujeres y las niñas, las recomendaciones siguientes deberían servir de guía:
1. Desarrollar políticas, procedimientos y protocolos para mejorar la respuesta de la policía, la judicatura, los médicos forenses y otros profesionales.
- Los procedimientos especializados pueden garantizar la seguridad, privacidad y confidencialidad de las víctimas antes, durante y después de los juicios, por ejemplo mediante la protección de testigos y paquetes de servicios de reasentamiento. Debería proporcionarse a las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres y las niñas apoyo jurídico, médico y psicosocial, así como refugios de emergencia, cuando sea necesario (Bastick et al., 2007).
2. Invertir en las infraestructuras adecuadas:
- Una buena gestión y dotación de personal de los tribunales y la puesta en marcha de tribunales móviles que lleven la justicia a zonas remotas pueden permitir al sector de la justicia responder rápidamente e investigar y enjuiciar los casos de violencia contra las mujeres y las niñas en zonas en que de otro modo las sobrevivientes no podrían acceder a la justicia (ONU Mujeres, 2011). Para más información sobre los tribunales móviles, véase el apartado sobre cómo mejorar el acceso físico a la justicia para mujeres y niñas en el módulo de Justicia).
- Las comisarías de policía de mujeres, las celdas especiales o las unidades especializadas en la violencia contra las mujeres y las niñas pueden animar a más víctimas a presentar denuncias y mejorar la respuesta de la policía a este tipo de violencia.
- Incrementar el acceso a servicios forenses modernos prestados por médicos y enfermeros forenses formados en materia de violencia contra las mujeres y las niñas ayuda a fundamentar mejor las acusaciones y a centrarse en las víctimas.
- Los tribunales especializados que solamente traten casos de violencia contra las mujeres y las niñas, así como los procedimientos especiales para casos de violencia de este tipo, pueden propiciar un cambio positivo en la gestión de estos casos. (Para más información, véase el apartado sobre tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer y sobre cómo desarrollar o modificar la infraestructura de los tribunales).
3. Garantizar la formación para todo el personal de justicia, en particular en materia de género y cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres y las niñas:
- Formación sobre las dinámicas de la violencia contra las mujeres y en qué difiere de otros delitos que no son de género, destinada a jueces, fiscales y actores del sector informal. Esta formación debería tratar también de cuestiones relativas a la diversidad y a los riesgos adicionales que afrontan algunas mujeres y niñas a causa de su edad, capacidades físicas, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, raza o religión.
- Para los actores del sector judicial, asistencia técnica, consultas y formación en materia de protección y resolución efectivas de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
- Para los actores del sector informal, formación sobre las leyes y procesos en el sector formal, y viceversa.
- Ofrecer a los estudiantes de derecho una introducción a los sistemas informales de justicia.
- Incrementar las competencias técnicas, de gestión, financieras y administrativas de los grupos de la sociedad civil que interactúan con los sectores formal e informal.
- Proporcionar a los asistentes jurídicos formación sobre cómo y cuándo hacer de puente entre los sectores formal e informal. Con una formación adecuada, los asistentes jurídicos, así como las organizaciones que trabajan por los derechos jurídicos de las mujeres, pueden “publicitar en el ámbito local las leyes contra la violencia doméstica, difundir información para ayudar a las mujeres a hacer valer sus derechos y ofrecer asesoramiento y apoyo para ayudar a las mujeres a manejarse en los procesos jurídicos” (Departamento de Desarrollo Internacional, 2012).
- Desarrollar las infraestructuras y la capacidad para mantener registros.
- Desarrollar una capacidad adecuada para prestar el apoyo de seguimiento necesario. Para más información, véase el apartado Formación y desarrollo de capacidades.
4. Mejorar la coordinación entre los operadores del sector (fiscales del Estado, defensores públicos, fiscales y policías) y entre múltiples sectores
- Como se planteaba en las Directrices del IASC sobre la violencia por motivos de género, el enjuiciamiento con éxito de la violencia contra las mujeres y las niñas depende en gran medida de la implicación y la participación de las sobrevivientes. Por consiguiente, es importante garantizar que los servicios para las sobrevivientes sean completos y que se presten mediante la correcta coordinación entre actores multisectoriales (por ejemplo, los sectores de la asistencia médica, el apoyo psicosocial y el asesoramiento jurídico), para respaldar cualquier proceso judicial. La experiencia ha evidenciado que el hecho de que se presten unos servicios de respuesta compasivos y respetuosos, cuando proceda, hace que las sobrevivientes sean más proclives a pedir una reparación jurídica y a seguir adelante con el proceso emprendiendo las acciones necesarias. En cambio, sin unos servicios de respuesta adecuados, la mayoría de sobrevivientes evitaría seguir adelante con las acciones judiciales (adaptado de IASC, 2005, p. 36).
Ejemplos: Formación en género para jueces.
La asociación internacional de mujeres juezas (International Association of Women Judges) reúne a más de 4.000 juezas de 87 países. En 1997, inició un programa de tres años de formación en derechos humanos para jueces y profesionales del mismo ámbito en cuatro países de América del Sur, el cual abordaba la aplicación de las convenciones internacionales y regionales de derechos humanos a casos de tribunales nacionales relacionados con la discriminación o la violencia contra las mujeres. Desde 2000, su Programa de Jurisprudencia Igualitaria se ha ampliado hasta América Central y el África central y austral. En conjunto, más de 1.300 jueces, tanto mujeres como hombres, han participado en la formación del programa en 12 países. Los talleres y seminarios del Programa de Jurisprudencia Igualitaria reunieron a los jueces para trabajar en el significado concreto de las garantías abstractas de igual protección y no discriminación. Mediante estudios de caso y ejercicios de resolución de problemas, los jueces intercambiaron pareceres con sus colegas y profundizaron en su conocimiento del derecho internacional. El programa ha conseguido que:
- Se haya desarrollado una comunidad judicial internacional alrededor de los derechos humanos. Los juristas capacitados por medio del programa formen ahora el núcleo de redes regionales que pueden respaldarse mutuamente y animar a sus colegas a seguir su ejemplo.
- Haya un cambio en los puntos de vista y las prácticas. Según muchos jueces formados en el programa, los ha alertado de la naturaleza y del alcance de la violencia doméstica y la discriminación de género; sobre los prejuicios, tanto suyos como de los demás, y los estereotipos que sostienen dichos prejuicios; y sobre maneras más eficaces y sensibles de interrogar a los testigos.
- Se haya adaptado su currículo a contextos no judiciales. Los participantes en el programa han incorporado los materiales de este en los planes de estudios de niveles educativos secundarios y terciarios, así como en programas de formación para policías, abogados, trabajadores sociales, médicos y otros profesionales.
- Tribunales, organismos gubernamentales y el poder judicial le hayan brindado su apoyo. En Kenya, Uganda y Tanzanía, por ejemplo, los presidentes de los respectivos tribunales supremos anunciaron su apoyo al programa y lo adoptaron como estudios oficiales en sus institutos de formación judicial.
Fuente: extracto de Valasek, 2008, p. 20.
Ejemplos: Los talleres de asistencia jurídica en violencia de género de ARC International.
Los talleres de asistencia jurídica en violencia de género de ARC International (establecidos en Guinea) sólo trabajan con refugiados y, concretamente, con refugiadas sobrevivientes de la violencia de género de Liberia y Sierra Leona. Los talleres trabajan por el enjuiciamiento de casos de violencia física y sexual, violencia doméstica, explotación sexual, prostitución infantil y explotación sexual infantil, prostitución forzada, amenazas, litigios por paternidad y litigios por el secuestro o la custodia de niños. Durante todo el proceso de asistencia jurídica, las sobrevivientes siguen teniendo acceso a la asistencia psicosocial de ARC y de otras organizaciones de Guinea. Además de sus labores de defensa, estos talleres principalmente proporcionan tres servicios:
- información acerca de los derechos jurídicos de las mujeres y los niños y niñas;
- asesoramiento confidencial a mujeres, niños y niñas sobre sus derechos jurídicos y las alternativas que les otorga la ley; y
- representación jurídica a las mujeres, niños y niñas cuyos derechos hayan sido vulnerados.
El programa de ARC en Guinea iniciaba la asistencia jurídica después de que se hubieran puesto en marcha los servicios de prevención y respuesta y de haberse granjeado la confianza de la comunidad. Gracias a este enfoque, de acuerdo con el cual la asistencia jurídica se iniciaba en el momento apropiado y como parte de un programa completo, los talleres fueron capaces de ayudar a las sobrevivientes a mantener su seguridad y a conseguir justicia.
Recursos:
An Overview of the Fern Holland Legal Aid Clinic in Guinea, West Africa.
Asistencia jurídica en casos de violencia basada en el género: conjunto de instrumentos participativos
Herramientas adicionales
Gender-Based Violence Legal Aid: A Participatory Tool Kit (American Refugee Committee International, 2005). Gender-Based Violence in Conflict-Affected Settings. Minneapolis, Minnesota. Es uno de los tres documentos de una serie diseñada para ayudar a las comunidades y a los trabajadores humanitarios a evaluar la situación en su contexto concreto y a determinar las necesidades y los siguientes pasos a dar para implementar programas integrales y multisectoriales contra la violencia de género. Estos materiales especiales incluyen una “matriz de asistencia jurídica para la violencia de género” y ejercicios participativos para facilitar el diseño de programas contra la violencia de género. Disponible en inglés.
No más violencia contra las mujeres: Cómo utilizar el derecho penal internacional para impulsar reformas legislativas que incorporen la perspectiva de género (Amnistía Internacional, 2005). Esta herramienta fue creada por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales, especialmente grupos de mujeres, para impulsar una reforma legislativa nacional para la criminalización de la violencia contra las mujeres que satisfaga los estándares más exigentes de la práctica internacional. Tiene el propósito de ofrecer información más detallada en el área del derecho penal. Disponible en español.
Recursos adicionales
UNHCR. “Access to justice and sexual and gender-based violence: UNHCR’s call for more concerted action”
“Sexual Violence Beyond Conflict Termination: Impunity for Past Violations as a Recipe for New Ones?” (Lindgreen, M., ACCORD, Policy & Practice Brief, número 015, noviembre de 2011). Disponible en inglés.
Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia (Amnistía Internacional, 2011). Disponible en español.
Justice for Women: Seeking Accountability for Sexual Crimes in Post-Conflict Situations (FRIDE, 2008). Disponible en inglés.
Access to Justice for Victims of Sexual Violence (ACNUR, 2005). Disponible en inglés.