Establecer un marco jurídico

• En muchos países, la legislación todavía no es exhaustiva y, cuando lo es, los procedimientos para enjuiciar los delitos de violencia contra las mujeres y las niñas a menudo resultan discriminatorios para las sobrevivientes, las exponen a más humillaciones y redundan en su victimización (adaptado de Bastick et  al., 2007).  

• Las situaciones posteriores a un conflicto pueden ofrecer una oportunidad única para que un país revise y vuelva a redactar su constitución y su legislación, lo que tiene efectos a largo plazo sobre la paz, la seguridad y el estatus en la sociedad de los diferentes grupos, en particular las mujeres. Durante este proceso es importante abordar el legado de la violencia contra las mujeres y las niñas durante el conflicto y basarse en la legislación existente para incrementar la protección de las sobrevivientes y la criminalización de este tipo de violencia. Las leyes y políticas nacionales deberían cumplir los estándares internacionales de derechos humanos, así como las necesidades de la comunidad (adaptado de Bastick et  al., 2007).  

• El primer objetivo de la reforma legislativa es garantizar que las leyes cumplan los principios básicos del estado de derecho. Las nuevas leyes deben: 
  • imponer la rendición de cuentas a todas las personas e instituciones, públicas y privadas, de acuerdo con la ley, así como mantener la separación de poderes (en particular la independencia judicial);
  • adherirse a las normas y estándares internacionales de derechos humanos; 
  • ser precisas y claras, y accesibles para los ciudadanos, lo que significa que la población debe entender qué comportamientos son legales o ilegales (extracto de UNODC y United States Institute of Peace, 2011, p.  60). Para más información, véase Secretario General de las Naciones Unidas, 2004, Informe del Secretario General: El estado de derecho y la justicia transicional en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616). Este informe ofrece una definición del estado de derecho.  

• A continuación se exponen los estándares de mejores prácticas considerados óptimos para implantar un marco jurídico sólido en situaciones posteriores a un conflicto:  
  • Apoyar el desarrollo de una estrategia general de reforma de la ley en el sector. 
  • Coordinarse con otros actores y sectores relacionados con la reforma de la ley. 
  • Reconocer que cualquier proceso sólido de reforma legislativa debe iniciarse con una buena evaluación de la legislación existente. 
  • Claridad al elegir la solución legislativa apropiada, así como al cosechar el apoyo político para la misma. 
  • Tomar cuidadosamente en consideración el calendario y el ritmo de la reforma legislativa. 
  • Apoyar el desarrollo de una estrategia de reforma legislativa asociada a una apropiación nacional. 
  • Establecer un calendario factible para la reforma. 
  • Garantizar que las nuevas leyes cumplan las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. 
  • Elegir con tino redactores jurídicos expertos, tanto nacionales como extranjeros, para elaborar el texto de las nuevas leyes. 
  • Hacer que la reforma legislativa sea inclusiva y fomente la participación del conjunto de ciudadanos. Convertir la consulta y la participación en componentes de la redacción de las leyes. 
  • Garantizar la participación de actores nacionales en la redacción de las leyes, de modo que los conceptos jurídicos incluidos estén adaptados a la legislación del país. 
  • Garantizar la plena capacitación de todos los actores que forman parte del sistema judicial (jueces, fiscales, policía, abogados defensores y administración de los juzgados) e informarles sobre los cambios en la legislación (extracto de UNODC y United States Institute of Peace, 201, pp.  60-68).  

• A continuación, la Tabla 1 identifica algunos objetivos y estrategias relacionados con la mejora de las leyes y las políticas relativas a la violencia contra las mujeres y las niñas.

• La experiencia ha demostrado que las mujeres han aprovechado las situaciones posteriores a un conflicto para remodelar su papel en la sociedad y promover sus derechos. Por ejemplo, algunos de los cambios más significativos en los derechos de las mujeres en el África subsahariana han tenido lugar en momentos de grandes oportunidades de reforma legislativa, a menudo después de grandes conflictos civiles. De los países que han aprobado leyes sobre el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra en los últimos años, cinco de siete lo han hecho en el marco de una reforma posterior al conflicto: Mozambique, Namibia, Rwanda, Sudáfrica y Uganda. De un modo similar, muchos de los países del África subsahariana con más de un 30  por ciento de representación de las mujeres en el parlamento han salido de conflictos, como Angola, Burundi, Mozambique, Rwanda, Sudáfrica y Uganda. En todos los casos, como establecía el mandato de la CEDAW, se han empleado medidas temporales especiales, como cuotas, para incrementar la representación de las mujeres (véase la figura siguiente).

Fuente: ONU Mujeres, 2011, El progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012: en busca de la justicia, p. 100.

• A continuación se presentan algunos principios rectores para desarrollar y supervisar la legislación nacional. Esencialmente, es importante que la legislación:
  • cuente con un objetivo bien definido;
  • se base en datos empíricos fiables;
  • se base, a la hora de legislar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, en los marcos internacionales y regionales de derechos humanos;
  • se base en principios rectores específicos;
  • contenga mecanismos de implementación específicos;
  • se aplique de forma igualitaria a todas las mujeres;
  • incluya medidas para solucionar la discriminación múltiple;
  • formalice la relación entre el sistema judicial formal y los mecanismos de justicia consuetudinarios o informales;
  • enmiende o elimine las disposiciones jurídicas contradictorias (División para el Adelanto de la Mujer y DAES, 2010).

Herramientas adicionales

Para más información sobre la redacción, la promoción, la aplicación y la supervisión de la legislación nacional, véase el módulo de Legislación.

 The United Nations Rule of Law Indicators. Implementation Guide and Project Tools (Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas [DOMP] y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2011). Instrumento previamente puesto a prueba que supervisa los cambios en el rendimiento y las características básicas de las instituciones de justicia penal en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto. Disponible en inglés.

 Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence Against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: Resource Manual (Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal y de Política de la Justicia Penal, 1999). Disponible en inglés y francés. Original de Strategies and Practical Measures (1999), disponible en inglés; actualización (2009) disponible en inglés.

 Handbook for Legislation on Violence Against Women (División para el Adelanto de la Mujer, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales [DAES], 2010). Este manual ofrece una orientación detallada para trabajar por la adopción y aplicación efectiva de una legislación que evite la violencia contra las mujeres, castigue a los agresores y garantice los derechos de las sobrevivientes en cualquier situación. Disponible en inglés.

Recursos adicionales

Struggling for Justice…Best Practices Compiled by Gender Justice & Protection Project to Curb Violence Against Women (PNUD Pakistán y UNOPS, 2011). Disponible en inglés. 

Achieving Justice for Victims of Rape and Advancing Women’s Rights: A Comparative Study of Legal Reform (Thomas Reuters Foundation [para MADRE], 2011). Disponible en inglés.

Sexual violence legislation in sub-Saharan Africa: the need for strengthened medicolegal linkages (Kilonzo, N., Ndung’u, N., Nathanburi, N., Ajema, C. Taegtmeyer, M. y Theobald, S., 2009). Disponible en inglés.