La legislación debe incluir medidas para facilitar el empoderamiento económico de las víctimas de violencia contra la mujer. Estas medidas podrían adoptar la forma de revisión de las leyes que regulan el empleo para garantizar que las mujeres que hacen frente a la violencia no sufren discriminación o que se les concede una consideración especial en las circunstancias adecuadas. Las medidas podrían incluir también financiación para programas específicos del gobierno o de ONG destinados a desarrollar la independencia económica de las mujeres víctimas de violencia.
CASO DE ESTUDIO: Bulgaria
La Asociación Animus (en inglés) de Bulgaria tiene varios programas dirigidos a la reintegración económica y laboral de las víctimas de trata y de las personas que corren un riesgo elevado de ser objeto de trata. En primer lugar, el grupo trabaja fuera de las fronteras con otras ONG y con gobiernos para crear redes de derivación a fin de que las víctimas y las personas en situación de riesgo puedan encontrar su camino hacia los servicios adecuados. En segundo lugar, el grupo regenta un Centro de Rehabilitación para Mujeres, Adolescentes y Menores Supervivientes de Violencia que proporciona servicios para ayudar a empoderar a estas personas económicamente y reintegrarlas al sector del empleo. Además de estos servicios de empoderamiento económico, la organización trabaja en un modelo integrado que también proporciona asistencia jurídica y servicios de asesoramiento.