Políticas, procedimientos y protocolos especiales

• La documentación de los procedimientos especiales que han de seguir los fiscales y los tribunales en los casos de violencia contra la mujer es un paso importante en la aplicación de las leyes. Los documentos de política, los protocolos y los procedimientos deben elaborarse en consulta con los grupos de mujeres, y deben centrarse en la seguridad de las víctimas y en la rendición de cuentas de los agresores. [internal link to Judicial Power above] Estas iniciativas adoptan en muchos casos la forma de políticas escritas para el ministerio público, planes de aplicación o guías prácticas para jueces. La ausencia de políticas y procedimientos claros puede conducir a confusión y falta de protección para la mujer. Por ejemplo, un proyecto concebido para fortalecer las capacidades en la Unión Europea para hacer cumplir las leyes contra la mutilación genital femenina organizó talleres con profesionales de varios países. Las personas que participaron en los talleres identificaron la ausencia de protocolos y de procedimientos disponibles para la evaluación de riesgos y para la presentación de denuncias como una barrera importante para la aplicación de las leyes. Véase: Leye Els et al., Lograr el equilibrio correcto entre enjuiciamiento y prevención de la mutilación genital femenina en Europa. Revisión de la legislación (en inglés), 2009.

• En Kenya, después de la aprobación de la Ley de Delitos Sexuales, la Fiscalía General y la red de organizaciones no gubernamentales Mujeres, Derecho y Desarrollo en África (WILDAF) crearon un manual de consulta para los fiscales y otros sectores con el fin de difundir buenas prácticas para la aplicación de las leyes. Véase: Anne Kithaka, Aplicación de la Ley de Delitos Sexuales en Kenya (en inglés), 2008.

• En el Reino Unido, la Fiscalía General de la Corona ha elaborado una Política para el Enjuiciamiento de Casos de Violencia Doméstica (en inglés). Esta política aborda numerosas cuestiones, como la función del fiscal, la suficiencia de las pruebas, la libertad bajo fianza, la presentación de cargos, los acuerdos sobre sentencias, la evitación de demoras, el apoyo y la seguridad para las víctimas, los procedimientos civiles, los niños, la información a las víctimas, la determinación de penas y el contacto con la comunidad.

• En Suecia, el gobierno publicó un “Manual para investigaciones relativas a la violencia de los hombres contra las mujeres” y otro específico, “Manual para investigar la violencia y la opresión en nombre del honor”, ambos concebidos para fiscales. El gobierno señaló que los manuales estaban diseñados para “mejorar las investigaciones preliminares y también para asegurar el apoyo profesional y eficaz a las víctimas desde el primer punto de contacto con los órganos encargados de hacer cumplir la ley y a través de todos los procedimientos judiciales”. Véase: Suecia (en inglés), Base de datos del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra la mujer.

• En el entorno posterior al conflicto, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Rwanda creó el Manual de buenas prácticas para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de violencia sexual en situaciones de conflicto armado (en inglés), que ofrece información específica para los fiscales y el personal de la fiscalía acerca de cómo gestionar los casos de violencia sexual a fin de mantener a las víctimas a salvo y acabar con la impunidad por la violencia sexual.

Guía prácticas

• Las guía prácticas para jueces son también un medio útil de poner de relieve las disposiciones de las nuevas leyes y de ayudar a los jueces a invocar y aplicar correctamente la ley. En el estado de Minnesota, Estados Unidos, tras la muerte de dos mujeres y un agente de policía debido a violencia doméstica, el más alto tribunal del estado aprobó la distribución de una guía práctica para jueces que tramitan casos de violencia doméstica. La Guía práctica para la evaluación de riesgos en casos de violencia doméstica (en inglés) ofrece a los jueces preguntas e instrucciones sencillas para orientarlos a través de un proceso de evaluación de riesgos para la seguridad de las mujeres en los casos de violencia doméstica.