- Las normas y estructuras sociales reducen el acceso de las mujeres a los servicios de apoyo. A pesar que existen compromisos internacionales, regionales y nacionales bien establecidos, en muchos estados aún no se cumplen y los patrones sociales toleran que las mujeres tengan estatus inferior y sean maltratadas. En algunas áreas, las mujeres corren mayor riesgo de violencia si buscan refugios; por ejemplo el abusador, su familia o miembros de la comunidad pueden buscar represalias; o en el proceso judicial se puede acusar de adulterio a las sobrevivientes de violación. Las mujeres pueden sufrir discriminación y estigmatización de la comunidad por hacer pública su experiencia de abuso, o arriesgarse a perder la custodia de sus hijos e hijas, en contextos donde los padres gozan de derechos de patria potestad preferenciales. Las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y queer maltratadas por sus parejas pueden aislarse en un esfuerzo por mantener su relación en secreto, o evitar el estigma social. Las mujeres marginadas pueden sufrir actitudes hostiles de la policía, y proveedores de servicios de salud y otros servicios que condonan los actos de violencia contra ellas. En estos y muchos otros contextos, las mujeres tienden a no buscar refugio hasta que sienten que no tienen más opción (Concejo de Refugios para Mujeres en Alberta, 2009; Barrett & St. Pierre, 2011; OSCE, 2009; Kelly & Dubois, 2008; SPC, 2010).
- Barreras económicas de la búsqueda de ayuda. El estatus económico desigual de las mujeres y la carga económica que significa buscar refugio (por ejemplo, encontrar nuevo alojamiento o abandonar la comunidad y el empleo) representa un importante desafío para las mujeres que escapan del abuso. Resulta especialmente difícil para aquellas en situación socioeconómica precaria o mujeres que dependen económicamente de su abusador. Las mujeres con discapacidades y adultas mayores también pueden ser dependientes de cuidadores abusivos y evitar buscar ayuda por temor a perder los cuidados básicos, el afecto o los medios económicos. El control económico y el abuso de la pareja o cuidador puede dificultar el acceso de las mujeres al apoyo que necesitan, mediante estrategias que impiden o interfieren con su educación o empleo; controlan su acceso a los recursos económico; o las abruman con cargas como los costos del hogar, préstamos o deudas, o la obligan a delinquir. En este contexto, la discriminación en el Mercado laboral aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia y reduce sus opciones de empleo (por ej. el empleo inestable y los salarios bajos se encuentran entre los factores de riesgo de trata de personas), y puede restringir las opciones de las mujeres de denunciar o alejarse del abuso (Rees & Wilson, 2011; OSCE, 2009).
- Mujeres y niñas tienen poco conocimiento de sus derechos. Las acciones de los refugios de concienciación sobre el abuso que sufren las mujeres, sus derechos, y sus opciones para abandonar una situación violenta pueden verse limitadas en ámbitos donde: el estatus de las mujeres se considera secundario al de los hombres; hay mayor aceptación que la violencia contra las mujeres está justificada (tanto por las mujeres como por los hombres); y en ámbitos con altas tasas de analfabetismo o aislamiento social que limita el acceso de las mujeres a la defensa o materiales informativos escritos sobre servicios o iniciativas que abordan la violencia en su comunidad. Por ejemplo, mujeres y niñas marginadas (de grupos tales como inmigrantes, indígenas, adolescentes, rurales, o con discapacidades, etc.) pueden no estar seguras de sus derechos legales o tener acceso limitado a la información sobre sus derechos debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan y la capacidad limitada de las actividades de acercamiento realizadas por los refugios para abarcar completamente a la diversidad de mujeres de la comunidad (ONU-Hábitat, 2010; OSCE, 2009).
- Disponibilidad y cobertura limitada de los espacios seguros de refugio. En muchas zonas del mundo, la demanda de servicios de refugio con frecuencia excede la disponibilidad, y en muchos países los centros de refugio son pocos (en general limitados a la ciudad capital o áreas urbanas) o ninguno. Por ejemplo, el 3rd recuento global de datos de refugios en 2011 halló que, en un solo día, a 56.308 mujeres y 39.130 niños y niñas se les negó el servicio debido a limitaciones de espacio y recursos. Aún en países donde hay refugios, escasean los servicios en las áreas rurales remotas, lo cual afecta a las mujeres de comunidades pequeñas, incluidas las de grupos indígenas, quienes ya pueden sufrir aislamiento y marginación de la asistencia disponible. Además de la falta de instalaciones físicas, las sobrevivientes en las áreas rurales sufren por la falta de anonimato y confidencialidad cuando intentar buscar apoyo, o pueden vivir muy lejos del vecino o familiar más cercano y tener menos posibilidades de acceder a cuidados infantiles, oportunidades de empleo, transporte y servicios. Esta situación se perpetua con las restricciones de leyes y políticas y el poco compromiso del gobierno con tales servicios (por ej. financiación de refugios de emergencia pero pocos recursos para viviendas subsidiadas o apoyo en la transición) (Red Global de Refugios para Mujeres, 2011; División para el Adelanto de la Mujer, Naciones Unidas, 2006; Sieger, 2003).
- Corto alcance de los servicios de refugio. A nivel mundial muchos refugios aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Los servicios suelen estar diseñados para sobrevivientes de violencias doméstica que en muchos ámbitos comprende a la mayoría de las mujeres que buscan refugio. En general, hay pocos refugios que pueden satisfacer las diversas necesidades de grupos específicos de mujeres; desde instalaciones físicas y servicios accesibles para quienes viven con discapacidades físicas y cognitivas; programación a la medida de las necesidades de niñas, adolescentes, adultas mayores, lesbianas, inmigrantes/refugiadas o indocumentadas, así como mujeres de grupos étnicos, indígenas u otros grupos marginados. Las mujeres inmigrantes pueden tener dificultades para obtener ayuda debido a diferencias de idioma o las amenazas de deportación que le hace la pareja violenta o el perpetrador, además de otras barreras comunes que se interponen a la búsqueda de ayuda. Puede suceder que los servicios no estén equipados para identificar a mujeres que han sufrido formas específicas de violencia (como la trata de personas); no tengan la capacidad de responder a múltiples formas de violencia (por ej. matrimonio forzado junto con violencia doméstica); o atender casos de múltiples perpetradores. En muchas comunidades, los sistemas, instituciones y profesionales responsables de prestar servicios (es decir servicios de salud, legales y sociales) pueden carecer de protocolos y procedimientos para identificar eficazmente el abuso, y el personal del refugio puede no tener el conocimiento suficiente sobre cómo apoyar a las mujeres con necesidades particulares. Por ejemplo, una víctima de violación que no tiene estatus legal en el país quizás no reciba apoyo de vivienda o puede creer que no es elegible para recibir asistencia legal si el personal del refugio no está familiarizado con las leyes relevantes ni es capaz de informar sobre los servicios disponibles para mujeres indocumentadas. (Organización Internacional para las Migraciones, 2007; Multi-Agency Practice Guidelines, 2009; OSCE, 2009; Barrett & St. Pierre, 2011; WAVE, 2004a, b; Weeks & Oberin, 2004).
- Apoyo presupuestario inadecuado y limitaciones subsecuentes de los servicios disponibles. La protección y los servicios para mujeres y niñas que escapan de la violencia requieren de financiación sostenible, que debe provenir de fondos estatales asignados, como parte de sus debidas responsabilidades. Aunque los refugios suelen recibir fondos del estado y donantes, la financiación del gobierno históricamente ha sido inadecuada e inconsistente a lo largo del tiempo. La financiación proveniente de donantes con frecuencia es por proyecto y está desconectada de las aspiraciones de los grupos que prestan los servicios. La falta o insuficiencia de fondos consistentes para los refugios exacerba las limitaciones en sostenibilidad y capacidad de las organizaciones que apoyan a sobrevivientes. Muchos refugios no tienen personal con experiencia en movilización de recursos y recaudación de fondos. Con frecuencia tienen dificultades con los procesos de solicitud y obtención de fondos para sus servicios. Si no cuentan con suficientes fondos, las organizaciones no pueden pagar o mantener recursos humanos e institucionales, apoyo técnico y otros beneficios tales como proporcionar alojamiento de emergencia y transitorio o facilitar el acceso de las mujeres a toda la gama de asistencia sanitaria, legal, de seguridad, psicosocial y de acercamiento/comunitaria necesaria para reducir el riesgo de abuso en el futuro. Aun cuando cuentan con planes de acción prometedores, comunicación estable, y empleados cualificados, los refugios con frecuencia tienen dificultades para obtener financiación adecuada para satisfacer las demandas y responder a las necesidades de todas las mujeres que solicitan asistencia. Esto reduce la cantidad de mujeres que pueden recibir asistencia, disminuye la retención de empleados y voluntarios idóneos, y afecta la calidad en general de los servicios prestados (ONU-Hábitat, 2010).
- Falta de apoyo a largo plazo. En muchos ámbitos, asegurar que las mujeres y sus hijos e hijas dispongan de opciones asequibles de vivienda representa un desafío. Por ejemplo, las mujeres que dependen económicamente de su pareja u otros miembros de la familia con frecuencia deben optar entre permanecer en la situación abusiva o perder su hogar. La falta de albergues de segunda etapa obliga a un porcentaje de mujeres que han huido de la violencia doméstica a volver a su hogar y a la situación violenta. El acceso a vivienda asequible y segura para las sobrevivientes es limitado. Aún en comunidades bien dotadas, la disponibilidad de tales viviendas suele se insuficiente para satisfacer la demanda. La estadía máxima en los refugios de emergencia normalmente es corta (hasta 21 días), lo cual no le da tiempo a las mujeres de determinar qué tipo de vivienda necesitan o identificar y obtener alojamiento adecuado antes de dejar el refugio. Las acciones estatales para ampliar la disponibilidad de viviendas a menudo no abordar las necesidades específicas de seguridad de las mujeres que huyen de la violencia (es decir, a través de cuidadosas evaluaciones de los riesgos, planes de seguridad y medidas de seguridad de la vivienda), lo cual limita aún más las opciones de las mujeres de encontrar alojamiento estable. Se necesitan más actividades de defensa y recursos en esta área (Tutty, et. al. 2009; Radhika Coomaraswamy, 2000, según citado en COHRE, 2004).
- Falta de evaluaciones rigurosas y con diversidad regional de los programas de refugio. Aunque continua creciendo la investigación de las intervenciones, aún hay limitaciones para demostrar qué es lo que “funciona”. Se necesitan recursos para desarrollar métodos que se puedan emplear para entender los cambios sutiles y significativos necesarios para mejorar continuamente los servicios de refugio y su eficacia para las mujeres y las niñas. Esto incluye la necesidad de evaluar las alternativas de refugio, tales como los hogares seguros o las iniciativas de santuario, que surgen cuando no es viable la instalación de un centro de refugio. Los estados, los organismos, las organizaciones no gubernamentales y los investigadores deben colaborar en el desarrollo y perfeccionamiento de indicadores y medidas adecuadas para varios niveles de análisis. Es necesario detectar la disponibilidad de servicios como los refugios y otro tipo de asistencia para las sobrevivientes con el fin de entender en qué medida son necesarios los servicios y evaluar la respuesta de la sociedad al problema (Secretario General de las Naciones Unidas, 2006a.b).