Los evaluadores independientes, entre los que pueden estar incluidas organizaciones como universidades, institutos de investigación u organizaciones de asesoramiento con conocimientos especializados en la violencia por razón de género, pueden ayudar a fortalecer o capacitar a un equipo de evaluación interno y podrían ser útiles para evaluar una iniciativa de seguridad en los siguientes contextos (adaptado de CIDA, 2006):
- El donante u organización encargado de la ejecución desea garantizar la objetividad, para dar mayor credibilidad a los resultados positivos obtenidos y reunir ideas y sugerencias sobre cómo mejorar la iniciativa. Esto puede ser particularmente útil si las cuestiones son especialmente delicadas o si las supervivientes no están satisfechas con los resultados del programa (por ejemplo, si las mujeres informan de que la respuesta de la policía ha empeorado, mientras que la policía informa de que responde más rápidamente y que ha mejorado el trato hacia las supervivientes).
- Los datos reunidos para la vigilancia son complejos o insuficientes y se requiere un evaluador con experiencia que pueda adaptar la metodología y la estrategia para realizar la evaluación a pesar de no disponer de todos los datos. Por ejemplo, cuando:
- Se utilizó una amplia gama de métodos de recolección de datos que requieren una comparación y un análisis detallados. Esto puede suponer métodos de reunión de datos cuantitativos y cualitativos sobre instituciones de seguridad, órganos de supervisión y otros prestadores de servicios, grupos comunitarios y supervivientes.
- Los datos de evaluación se obtuvieron en diferentes momentos y deben analizarse para determinar qué cambios se produjeron y sus causas. Esto puede ser difícil cuando no se llevan registros coherentes y los datos presentan lagunas, por lo que podría requerirse el asesoramiento de un experto.
- No está claro qué información se necesita para responder a las preguntas de la evaluación (por ejemplo, si debería centrarse en evaluar la capacidad institucional del sector de la seguridad, el marco jurídico y normativo, la prestación de servicios y/o la supervisión).
Consideraciones generales al contratar un evaluador independiente (adaptado de Women against Violence Europe, 2006 y Popovic, N., 2008)
- El mandato de un evaluador independiente debería estipular claramente las cuestiones que deberá incluir la evaluación, y el equipo de evaluación debería solicitar explícitamente que por lo menos un miembro tenga conocimientos especializados sobre cuestiones de género e, idealmente, sobre violencia contra la mujer. De no ser posible, deberían programarse reuniones informativas sobre la violencia de género para el equipo de evaluación, incluida orientación sobre metodologías de recolección de datos concretas sobre la violencia contra la mujer y prácticas éticas para trabajar con mujeres y niñas.
- Cuando no se dispone de fondos para evaluaciones independientes de gran escala, una institución de seguridad puede invitar a un experto externo para que realice seminarios periódicos de evaluación con el objeto de fomentar la capacidad interna de evaluación.
- Las organizaciones independientes pueden solicitar financiación al gobierno o a donantes internacionales para realizar sus propias actividades de vigilancia y evaluación de las instituciones de seguridad. Por ejemplo, un consorcio de organizaciones de investigación y de mujeres realizó una evaluación independiente de las comisarías de la mujer en América Latina.
Ejemplo: Estudio comparativo de la Iniciativa Acceso a la justicia para mujeres sobrevivientes de la violencia (Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú)
El análisis comparativo independiente realizado en 2007 y 2008 sobre las contribuciones de las comisarías de la mujer al acceso a la justicia para mujeres sobrevivientes de la violencia y el ejercicio de sus derechos utilizó una variedad de métodos participativos. El estudio tuvo por objeto elaborar propuestas para mejorar las políticas públicas del sector y se realizó con la coordinación entre investigadores que trabajaban en las comisarías, comenzando en Nicaragua y el Brasil, en que ya habían realizado investigaciones en las comisarías y se tenían contactos a nivel nacional y/o local. En el Ecuador, el Perú y Nicaragua, donde las comisarías son instituciones nacionales, se otorgó permiso nacional para esta labor. En el Brasil, donde la fuerza policial pertinente es un organismo a nivel de los estados, el funcionario competente de la policía estatal otorgó el permiso. En todos los casos, se consultó a las comisarías durante todo el estudio, así como a otros interesados. Los investigadores reconocieron la necesidad de un estudio comparativo debido a la importancia de las comisarías en toda América Latina y la falta de estudios regionales. El proyecto se elaboró sobre la base de un análisis preliminar de la bibliografía sobre el tema y consultas con especialistas.
En el proyecto participaron el International Development Research Centre (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo) (como donante principal), centros de investigación (centros académicos y no gubernamentales conocidos por sus investigaciones sobre la violencia contra la mujer, las cuestiones de género y los derechos de la mujer) y las comisarías. El Centro de Planificación y Estudios Sociales (Ecuador) dirigió el estudio, en asociación con el Departamento de estudios sobre cuestiones de género de la Universidad de Campinas (Brasil), InterCambios/PATH (Nicaragua), y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos (Perú). El Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de York (Canadá) también colaboró con el proyecto.
Los métodos participativos que utilizó el equipo de investigación regional para el estudio incluyeron:
- La colaboración en el diseño de cada etapa, los elementos del estudio y el análisis de los resultados;
- Consultas con interesados nacionales y/o locales, especialmente las comisarías, otras instituciones estatales, organizaciones feministas y de mujeres, investigadores y redes locales. Se celebraron reuniones periódicas para presentar el diseño de la investigación y las conclusiones preliminares de cada etapa, invaluables para garantizar la relevancia del estudio, mejorar el acceso a la información y fomentar el sentido de propiedad de las conclusiones finales.
Se elaboró un protocolo ético centrado en la seguridad de los participantes e investigadores, la confidencialidad, el rigor científico y la obtención de beneficios.
El estudio utilizó un análisis integral transversal y de poder de la mujer. En lugar de analizar si las comisarías cumplían con sus mandatos institucionales, el marco se centró en analizar las percepciones de las mujeres acerca de la violencia contra ellas y el acceso a la justicia, así como los medios para acceder a la justicia y poner fin a la violencia. Se estudiaron los modelos y servicios de las comisarías en relación con sus respuestas a las expectativas de las mujeres y sus contribuciones a la defensa de los derechos de la mujer sobre la base de las obligaciones en materia de derechos humanos regionales e internacionales de los Estados. El estudio se desarrolló en tres etapas básicas:
- Un mapeo de los modelos con alcance histórico y nacional (en inglés y una síntesis del proyecto en español y portugués).
- Una encuesta poblacional representativa entre mujeres adultas en todos los lugares de la investigación, que abarcó sus conocimientos y percepciones sobre sus derechos, la violencia contra la mujer y las comisarías (en español para el Ecuador y el Perú, y en portugués para el Brasil).
- Entrevistas en profundidad y finales a las supervivientes y entrevistas a los operadores y las autoridades de las comisarías, otras instituciones estatales y organizaciones de mujeres y otras que ofrecen servicios especializados. Están disponibles la guía y el protocolo de la entrevista (en español).
Véase el estudio de caso completo (en inglés).
Fuente: Nadine Jubb, 2010, basado en Jubb, et. al., 2010, Comisarías de la Mujer en América Latina. Una puerta para detener la violencia y acceder a la justicia. CEPALES.