La supervisión eficaz del poder ejecutivo sobre las instituciones de seguridad puede complementarse con las siguientes acciones de entes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y otras:
- Desarrollar el conocimiento de oficiales ministeriales superiores y entes de coordinación de seguridad nacional sobre violencia contra las mujeres y niñas mediante capacitación, sesiones informativas, orientación y otras iniciativas.
- Instaurar mecanismos para asegurar la consulta con expertas en género externas y representantes de organizaciones de mujeres sobre las necesidades de las mujeres para su seguridad y la violencia contra ellas.
- Establecer o apoyar el desarrollo e implementación de planes de acción nacionales sobre violencia contra la mujer, los cuales incluyen un mandato claro para las instituciones de seguridad y su participación en los entes de coordinación/ implementación. Los planes deben estar en línea con la legislación y las políticas nacionales, regionales e internacionales relevantes.
- Promover la instauración de un mecanismo/ punto focal especializado el problema y una unidad de género en cada ministerio.
- Asegurar que representantes de la maquinaria nacional para la mujer y otras instituciones de gobierno dedicadas a los asuntos de la mujer/ género, así como foros de mujeres parlamentarias sean incluidos en las instituciones de coordinación de seguridad nacional.
- Las medidas institucionales para fortalecer el control ejecutivo pueden complementar los esfuerzos generales y deben procurar la participación de:
- Jefatura de Estado /Gobierno: En algunos países la máxima autoridad de mando para las actividades y desempeño de las instituciones de seguridad la ostenta el Jefe Ejecutivo de Estado o Gobierno. Los líderes de Gobierno pueden ser adalides en la mejora de la rendición de cuentas del sector en este tema, por ejemplo, promoviendo mecanismos específicos tales como tribunales especiales para agilizar el procesamiento de los casos de violencia sexual, como por ejemplo en Liberia y Sudáfrica; España en casos de violencia doméstica; y en Mumbai (India) en casos de trata de personas.
- Ministerios de Defensa, del Interior, Justicia: Responsables de la supervisión diaria de las instituciones de seguridad, los ministerios con mandato (generalmente Defensa, Interior y Justicia) fijan políticas de seguridad, prioridades, presupuestos y procedimientos y pueden influenciar la receptividad ante mujeres y niñas. Los ministerios deben proporcionar un sistema de controles y salvaguardas ante los abusos ministeriales y de mandato que puedan cometer las instituciones de seguridad y el personal:
- Creando una unidad / equipo especifico dentro del ministerio responsable de monitorear el desempeño de la policía o fuerzas armadas en su abordaje de la violencia contra las mujeres en línea con la legislación y las políticas nacionales y los protocolos y procedimientos internos.
- Solicitando acciones especificas del personal de seguridad para abordar el problema (por ej. Desarrollo de un código de conducta o protocolo de respuesta, servicio previo obligatorio y requisito de capacitación)
- Ordenando investigaciones cuando hay acusaciones de abuso de mandato/ falta de conducta del personal de seguridad.
Estudio de caso: En el kurdistán iraquí el Ministerio del Interior establece una Dirección para la Violencia contra la Mujer
El kurdistán iraquí es una entidad constitucional, comprende tres gobernaciones en el norte de Iraq. La práctica de los llamados “asesinatos por honor” en Kurdistán ha recibido gran atención ya que la inmensa mayoría de los aproximadamente 1.270 “asesinatos por honor” registrados entre 2004 y mayo de 2008 ocurrieron en el kurdistán iraquí (980) (Women for Women International, 2008). La violencia doméstica y la sexual, que ocurren con más frecuencia que los “asesinatos por honor”, también representan amenazas importantes para las mujeres y las niñas. El Gobierno Regional de Kurdistán es único en Iraq porque tiene leyes que protegen a las mujeres de la violencia, y los “asesinatos por honor” constituyen delito penal y la violencia doméstica se castiga con prisión. Para asegurar que estas leyes se respeten, en ausencia de un mecanismo de rendición de cuentas que supervise su implementación, el gobierno kurdo creó una “Dirección para el Seguimiento de la Violencia contra la Mujer” dentro del Ministerio del Interior en 2001.
La Dirección tiene oficinas en cada gobernación, y su rol principal es asegurar la implementación de leyes que protegen a las mujeres de la violencia y que se respeten sus derechos. La Dirección recibe casos de violencia contra mujeres y niñas y monitorea el progreso de las investigaciones. También se planeó que la Dirección colaborara con los oficiales del orden público y la judicatura para investigar y juzgar los casos, y que se otorgue mejor compensación.
Cuando se establecieron, no había procedimientos formales, división de responsabilidades ni pautas para facilitar la colaboración entre la Dirección y otros proveedores de servicios. Esto tuvo como consecuencia que hubiera falta de claridad en cuanto a su rol y diferentes procedimientos entre las gobernaciones. En respuesta a la necesidad de fortalecer el rol de la Dirección, el Ministerio del Interior kurdo llamó a expertos técnicos y estableció un Memorando de Entendimiento con el Comité Internacional de Rescate en 2009 dado sus sólidos antecedentes en implementación de programas sobre violencia de género.
Dicha asociación estaba orientada a ayudar al Ministerio a fortalecer el rol de la Dirección y apoyar a los oficiales de policía a imponer la observancia del derecho en la investigación, entrevista, denuncia y seguimiento de los casos de violencia. Específicamente, el apoyo se centró en dos capacitaciones iniciales en violencia contra la mujer, dirigidas a 50 oficiales de policía. Como preparativo para las capacitaciones, el Comité Internacional de Rescate revisó copias del código procesal penal kurdo, la ley penal iraquí, la ley del estado civil de las personas y el manual de políticas y procedimientos policiales, lo cual reveló que no había políticas escritas, incluidos códigos de conducta o procedimientos estándares, sobre las respuestas policiales al problema fuera del currículo de entrenamiento inicial impartido a los nuevos reclutas. Esto significaba que las sobrevivientes debían atravesar un sistema complejo que se apoyaba totalmente en las actitudes y decisiones de oficiales individuales.
La colaboración continua con la Dirección en 2010 contribuyo a los siguientes resultados:
- Una disposición que fija los roles y responsabilidades de los oficiales de la Dirección con tareas y procedimientos detallados (aprobada en noviembre de 2010).
- Capacitación para 49 oficiales de policía en Duhok reclutados especialmente para realizar entrevistas e investigar casos de violencia contra mujeres y niñas. La capacitación fue designada para desarrollar su conocimiento y habilidades sobre los derechos humanos legales de la mujer junto con técnicas de entrevista e investigación.
- La formación de Equipos de Trabajo sobre Género para coordinar los esfuerzos de todas las partes interesadas y compartir información y visiones sobre el tema. El Comité Internacional de Rescate también dirige los esfuerzos del equipo jurídico para identificar las lagunas legales y del trabajo policial en relación al cumplimiento de jure y de facto de los estándares internacionales. El equipo de trabajo elaboró un documento que identifica las lagunas en la investigación de los casos de violencia contra la mujer en las comisarias. Por ejemplo, el derecho de la mujer a tener representación legal cuando presenta una acusación, como lo establece la Ley kurda de Procedimiento Judicial (artículo 13), no siempre se reconoce o se respeta. Los Equipos de Trabajo sobre Género se reúnen periódicamente en cualquier lugar y están abiertos para organizaciones no gubernamentales y oficiales ministeriales cuando el tema se refiere al orden público, y el ministerio ha organizado las reuniones en su edificio.
- Una mejor colaboración, gracias a los esfuerzos del Comité Internacional de Rescate (trabajando junto con el Equipo de Reconstrucción Regional de la Embajada de los Estados Unidos) por procurar la participación de actores claves que incluyen a la Dirección, Ministerio del Interior, agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales, investigadores legales, jueces, entre otros, en la discusión de estrategias que aseguren el acceso de las mujeres a la justicia a través de los canales legales y judiciales apropiados.
Fuentes: Comunicación de SDDirect con el Comité Internacional de Rescate en, IRC. 2011. “Annual Report 2010 Iraq Country Programme”; Women for Women International (2008) Iraq Report - Amplifying the Voices of Women in Iraq.
- Ministerio de Finanzas: El ministerio de finanzas o el órgano auditor puede ocuparse de la supervisión financiera y las asignaciones presupuestarias (vea la sección sobre supervisión independiente), sujeta a aprobación final del parlamento, y puede mejorar la respuesta del sector seguridad al problema mediante las siguientes acciones:
- Implementar los presupuestos sensibles al género con mecanismo claros para asignar recursos y monitorear los gastos relacionados con la respuesta a la violencia contra la mujer.
- Examinar que el uso que las instituciones de seguridad hacen de los recursos financieros esté en línea con los objetivos sobre la violencia contra la mujer establecidos en políticas y estrategias relevantes.
- Asegurar que las instituciones relevantes administren las finanzas públicas con solidez, incluyendo los mecanismos existentes para monitorear los gastos en diferentes sectores relacionados con la violencia contra la mujer.
- Consejo de Seguridad Nacional: Como ente especializado que suele tener la responsabilidad de asegurar la acción coordinada de los ministerios y la integración de una amplia gama de políticas, y asuntos legislativos, estructurales y de supervisión relacionados con la seguridad, los consejos de seguridad pueden tomar las siguientes acciones para mejorar la rendición de cuentas del sector:
- Asegurar una respuesta sectorial coordinada ante la violencia contra las mujeres y las niñas, con roles y responsabilidades claras para los diferentes ministerios e instituciones.
- Establecer objetivos e indicadores específicos para monitorear el progreso del gobierno en su respuesta al problema.
- Asignar más mujeres a los consejos nacionales para mejorar la participación de la mujer en la toma de decisiones. La representación femenina en los consejos es muy limitada - en 2005 había solo 12 ministras de defensa y de asuntos de los veteranos (6.6%) y 29 (15.8%) ministras de justicia en una muestra de 183 países (Unión Interparlamentaria, 2005).
- Participar en consultas con organizaciones no gubernamentales de mujeres, expertas en género y foros parlamentarios de mujeres que trabajan en violencia contra la mujer para identificar problemas y las acciones a tomar para mejorar la seguridad.
- Equipo de Trabajo Nacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer: Algunos países han establecido un órgano interministerial específico responsable de la implementación de una estrategia nacional sobre la violencia contra la mujer, el cual también puede servir como mecanismo de supervisión para ciertas acciones y objetivos que deben alcanzar la policía y el sector en general.
Ejemplo ilustrativo: Reino Unido, Grupo Interministerial y la Junta de Prestaciones sobre Violencia contra las mujeres y las niñas
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre de 2010), la Secretaria del Interior del Reino Unido emitió un “Llamado para Poner Fin a la Violencia contra Mujeres y Niñas” en nombre del Gobierno, el cual se concentró en:
- Prevenir la violencia y las actitudes y conductas problemáticas;
- Proporcionar apoyo a las víctimas;
- Trabajar en asociación con órganos públicos y grupos comunitarios; y
- Reducir el riesgo de las mujeres y las niñas y juzgar a los perpetradores.
La declaración envió un mensaje fuerte que la violación, la violencia doméstica, la trata de personas y otras formas de violencia son completamente inaceptables, y reforzó que la violencia de género es un problema de la justicia penal, y que el abuso sexual, físico y emocional tiene consecuencias a largo plazo y requiere del apoyo adecuado para abordarlos.
En marzo de 2011, se publicó un Plan de Acción, que fijó metas claras e indicó cuáles son los ministerios y órganos responsables y un plazo para su implementación (vea políticas y leyes). Para asegurar el cumplimento del Plan, se establecieron dos órganos interministeriales:
- Un Grupo Interministerial sobre violencia contra las mujeres y las niñas, presidido por la Secretaría del Interior, que se reúne trimestralmente para controlar el progreso de la estrategia. Incluye la participación de partes interesadas claves, tales como organizaciones de mujeres, dos veces al año.
- Una Junta de Prestaciones sobre Violencia contra Mujeres y Niñas, órgano interdepartamental administrado por el Ministerio del Interior con la responsabilidad de supervisar las acciones que acuerdan todos los departamentos y agencias asociadas. Esta Junta de Prestaciones se reúne cada 6 semanas y responde al Grupo Interministerial.
Estos órganos incluyen representantes de los departamentos (ministerios) de Salud, Educación, Trabajo y Jubilaciones, Comunidades y Gobiernos Locales, Desarrollo Internacional, Cultura, Comunicación y Deportes, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Dirección de Fronteras del RU, Fiscalía de la Corona, Oficina Gubernamental para la Igualdad, Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, Servicio Nacional de Gestión de Delincuentes y Unidad de Matrimonio Forzado.
El Plan de Acción también estipula que el Ministerio del Interior distribuya una circular pública acerca de la violencia contra las mujeres y niñas cada dos meses para informar sobre el progreso de la prestación de servicios.
Fuentes: páginas web la Coalición para Poner Fin a la Violencia contra la Mujer y el Ministerio del Interior.