Desarrollar mecanismos para asegurar el cumplimento y la rendición de cuentas

Para mejorar el desempeño de la policía y las fuerzas armadas en su respuesta a las sobrevivientes, es necesario que estén sujetas a rendición de cuentas tanto a nivel del oficial o funcionario como de equipos específicos. Además de sistemas disciplinarios que responden a las denuncias de explotación sexual y abuso, las instituciones de seguridad deben:

• Fijar estándares de desempeño para monitorear cómo maneja los casos la policía. Estos estándares suelen ser más específicos que los códigos de conducta y establecen puntos de referencia y objetivos para la policía en varias áreas incluida la observancia de prácticas según la legislación existente; implementación de todos los protocolos relevantes (por ej. tempo de respuesta y acercamiento después de una denuncia de violencia; entrevista; gestión de casos; incorporación de la retroalimentación de la sobreviviente, etc.)

• Implementar procesos de monitoreo para medir el progreso hacia el logro de los objetivos de desempeño. Entre los procesos de monitoreo que pueden emplearse para seguir el progreso de unidades individuales o de la institución policial en su totalidad, en cuanto al cumplimiento de los estándares y objetivos de desempeño se encuentran: informes trimestrales, semestrales o anuales que resumen los incidentes y el estado de los casos de violencia de género denunciados en cada comisaría o a nivel nacional, y encuestas de satisfacción de la comunidad acerca de la respuesta policial a las sobrevivientes (por ej. la Encuesta de Satisfacción Comunitaria del Centro de Australasia para la Investigación Policial con informes policiales sobre Contactos iniciados por la policía y Contactos Autoiniciados). Se pueden usar estadísticas generadas por una base de datos, tales como las del programa de estadísticas comparadas de delitos CompStat, inicialmente desarrollado en la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos) en 1994 y que se ha extendido considerablemente para hacer el seguimiento de incidentes (incluidas las violaciones), y que puede usarse para facilitar la planificación policial y el análisis del desempeño con la gestión y supervisión adecuadas (Willis, et al, 2003).

• Asegurar que las descripciones de empleo individuales incluyan la rendición de cuentas sobre la protección de los derechos de las mujeres y niñas, con referencia específica a la violencia. La descripción de tareas debe (adaptado de Denham 2008):
  • Incluir explícitamente las responsabilidades que se espera que cumplan los oficiales policiales/militares cuando tratan la violencia contra mujeres y niñas, lo cual dependerá de las leyes y políticas en cada país y pueden incluir: responder inmediatamente a una llamada de auxilio y protección; recibir y entrevistar a sobrevivientes; documentación y recolección de evidencia adecuada para la investigación del caso; hacer las derivaciones a asistencia legal y tratamiento médico y apoyo continuo a la sobreviviente (por ej. vigilar el cumplimiento de las órdenes de protección, otro tipo de seguimiento del caso); y hacer difusión entre la comunidad.
  • Describir y enfatizar las actividades policiales comunitarias relacionadas con la violencia contra las mujeres, junto con las obligaciones tradicionales de mantenimiento del orden público.
  • Enfatizar los siguientes conocimientos, habilidades y atributos:
    • La capacidad de comunicarse con diversos miembros de la comunidad tales como patriarcas, líderes religiosos, y grupos de mujeres;
    • Conocimiento y valoración de la diversidad cultural;
    • La capacidad de contener la violencia doméstica y otras situaciones violentas y garantizar la seguridad inmediata de mujeres y niñas en tales casos;
    • La capacidad de organizar y trabajar en cooperación con grupos comunitarios y desarrollar respuestas conjuntas para el problema;
    • Tolerancia cero para la violencia doméstica, acoso/ explotación /agresión sexual, trata de personas, matrimonio forzado, etc.; y
    • La capacidad de trabajar en cooperación con otras agencias de gobierno y de servicios sociales responsables de ocuparse del problema.
  • Ser desarrolladas con los aportes de la comunidad y grupos no gubernamentales que trabajan en violencia de género, y ser revisadas por expertos en leyes para modificar la descripción del trabajo y asegurar que refleje la igualdad en virtud de la ley (por ej. en cuanto a la igualdad de género, seguridad personal, discriminación).