General

Debido a su posición respetada en la sociedad, los jueces deben ser los líderes naturales en la reforma del sector de justicia. Sin embargo, en sus fallos, los jueces a menudo reflejan las ideas de una sociedad que tolera la violencia hacia las mujeres y niñas. Algunos jueces han culpado a las víctimas por la violencia. Algunos han contribuido a crear una cultura de impunidad al negarse a condenar o sentenciar debidamente a infractores violentos.

Las reformas en la legislación sobre la violencia contra la mujer han tenido como resultado que más mujeres se acerquen y soliciten justicia. Por ejemplo, en estados donde la violencia doméstica ha sido definida y penalizada y hay órdenes de protección disponibles, aumentan las solicitudes de protección. En estados donde la definición de violación ha cambiado de un delito de “honor” familiar a una agresión sexual, es más probable que las sobrevivientes prosigan su caso. Los jueces deben dar prioridad a la seguridad de la víctima y trabajar para garantizar que las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sean tratadas con cortesía, imparcialidad y respeto en cada etapa del procedimiento judicial y en especial, que no sean discriminadas. Los jueces también pueden modificar y mejorar los protocolos y procedimientos del juzgado para dar más respaldo a las reclamaciones de las mujeres y niñas víctimas de violencia.

Acciones mediante las cuales los jueces pueden demostrar que dan prioridad a la seguridad de la víctima:

• Comprender que el objetivo principal del sector justicia debe ser la seguridad de la víctima y no la reunificación familiar.

• Emitir órdenes de protección inmediatamente. La seguridad de la víctima depende de un sistema eficiente de emisión de órdenes de protección.

• Proporcionar apoyo total a las víctimas de violencia. Los jueces deben interpretar la legislación sobre órdenes de protección de forma amplia para proporcionar una amplia gama de opciones de protección para las víctimas, que incluyan un lugar seguro para vivir, restricciones al agresor en lo que se refiere a acercarse al lugar de trabajo o vecindario de la víctima, disposiciones de custodia que confieran la custodia temporaria de los hijos menores a la madre o al padre que no es violento, y apoyo adecuado a la víctima y los niños y niñas. Vea la sección sobre Violencia Doméstica en el Módulo de Conocimiento sobre Legislación.

• No emitir advertencias a los causantes de violencia. Los jueces deben hacer que los agresores se responsabilicen por los actos de violencia. Las advertencias no transmiten un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas y pueden aumentar el riesgo de daño a las víctimas.

• No emitir órdenes de mediación entre partes en los casos de violencia contra la mujer. La mediación supone que las partes se encuentran en igualdad de condiciones para la negociación. En muchos casos de violencia no existe el nivel de requisito de igualdad de poder de negociación entre las partes para que la negociación sea justa.

• Abstenerse de culpar de algún modo a la víctima de violencia. El comportamiento y el lenguaje del juez transmiten un importante mensaje tanto para el agresor como para la víctima: que el juzgado es un ambiente seguro para las demandantes y que la violencia no será tolerada (Klein, 2009).

• Emitir órdenes inmediatamente cada vez que los agresores no comparecen en cualquier procedimiento legal, no entregan las armas de fuego cuando les ha sido ordenado o violan cualquier orden del juzgado en casos que involucran violencia contra las mujeres. Los jueces deben facilitar un procedimiento que permita que se emitan órdenes después de horas de oficina o los fines de semana.

• Asegurar que los casos de violencia contra las mujeres reciban la más alta prioridad y acortando todos los períodos de espera. Cuando hay retrasos, es más probable que la víctima de violencia abandone el caso. Los retrasos no solo son inconvenientes sino que también trasmiten el mensaje de que el caso no es importante. Los retrasos pueden poner a la víctima en mayor peligro. Las investigaciones demuestran que las mujeres corren más peligro cuando buscan intervención externa.  A menudo los agresores violentos tratan de intimidar a las víctimas para que retiren el caso o se retracten de sus testimonios. Los abogados defensores pueden posponer los casos abrigando la esperanza de que la víctima se desanime y desista. Y cuando los casos se resuelven en forma oportuna, las víctimas pueden cobrar antes los pagos de reparación o indemnización que incrementan sus oportunidades para ser independientes y escapar del abuso.  Los jueces deben hacer todo lo posible para aumentar la eficiencia del proceso judicial en los casos de violencia contra la mujer mediante el rediseño de los expedientes judiciales para agilizar los casos.

• Agilizar de todos los juicios y audiencias, incluyendo las audiencias sobre violaciones de las órdenes del juzgado o condiciones de libertad condicional o bajo palabra.  Muchas sobrevivientes dejan de cooperar con la fiscalía cuando los juicios se posponen y se retrasan las audiencias. Pueden estar evitando un interminable período de retraumatización, evitando las represalias del agresor o poniendo fin a la desaprobación de la comunidad.

• Tomar las demandas por violencia seriamente y proporcionando sanciones a los infractores conforme a la ley. Muchas mujeres no denuncian o presentan demandas por violencia simplemente porque piensan que el agresor no será castigado. Los jueces son los principales responsables de poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y niñas.

• Aplicar las pautas para dictar sentencia de modo uniforme. Las sentencias para el mismo delito que varían ampliamente constituyen un factor importante para la percepción pública de corrupción. Los jueces deben utilizar las pautas para dictar sentencias y trabajar dentro de las mismas para determinar la sentencia más apropiada para cada caso. Los jueces deben aplicar sanciones que se pueden comparar con aquellas de los delitos de violencia no basada en el género.

• Instruir a las víctimas y a los agresores sobre los términos de las sentencias y las condiciones de las órdenes de protección. Los jueces deben informar a ambas partes sobre las consecuencias del incumplimiento.

• Encarcelar a los agresores reincidentes o agresores de alto riesgo. Muchos casos de violencia contra la mujer tienen instancias de intensificación de violencia. Y, es bien sabido que el momento más peligroso para una víctima de violencia es cuando abandona al abusador o busca ayuda policial o judicial. Los jueces deben tomar nota de los factores de riesgo y fallar en consecuencia.

• Solicitar información sobre el agresor en el proceso de alegato y petición de fianza y dictado de sentencia, y modificando las órdenes judiciales, términos de libertad condicional y sentencias existentes para reflejar el uso recurrente de violencia o amenaza de violencia por parte del agresor. Los jueces deben preguntar a las víctimas si creen que aún están en situación de riesgo. El personal del juzgado debe ingresar las modificaciones en la base de datos y comunicarse con la Policía en relación a los cambios.

• Utilizar evaluaciones de riesgo o letalidad desde la primera audiencia de fianza o de presentación de cargos y a lo largo del proceso, incluyendo las audiencias de alegato, libertad condicional o dictado de sentencia. Los jueces deben procurar  el parecer de la víctima, su familia y la comunidad al evaluar los riesgos para las víctimas. Los jueces deben recibir suficiente información para determinar patrones sistemáticos de abuso a efectos de proteger mejor a las víctimas (Klein, 2009). Los jueces deben usar estándares para la evaluación del riesgo para garantizar la coherencia y los mejores resultados. Los jueces deben tener en cuenta la opinión de la víctima en lo que se refiere a su seguridad como parte de la evaluación del riesgo.

• Estudiar los alegatos o condiciones de liberación anterior al juicio y las solicitudes de sentencia teniendo en cuenta la seguridad de la víctima y rechazar todo lo que pueda comprometer la seguridad de la víctima y que no establezca la responsabilidad del agresor. Por ejemplo, las condiciones comunes de la liberación anterior al juicio pueden incluir prohibirle al demandado cualquier tipo de comunicación con la víctima y estar en posesión de un arma de fuego (Praxis International, 2010). Solicitudes comunes de sentencia tales como clases de control de la ira no ofrecen seguridad para la víctima porque no abordan los problemas subyacentes de poder y control que son la causa originaria de la violencia doméstica (Praxis International, 2010).

• Garantizar que los programas de intervención u otros programas de servicio comunitario a los cuales se derivan los agresores satisfacen los estándares de buenas prácticas. Por ejemplo, ver las mejores prácticas para programas de intervención para agresores y la sección de intervención para golpeadores del Módulo de Hombres y Niños en este sitio.

• Realizar controles de cumplimiento como forma de supervisar la conducta de los agresores violentos, incluyendo aquellos que pueden estar en libertad condicional o programas de tratamiento.  La vigilancia habitual de la conducta del agresor puede funcionar para evitar la reincidencia. Los controles de cumplimiento también son esenciales en los programas ordenados por el juzgado, tal como los programas de tratamiento para delincuentes sexuales, programas de tratamiento para drogadicción y alcoholismo, y programas de intervención para agresores, para hacer que el infractor sea responsable de  cumplir con los requisitos del programa.

• Considerar las pruebas de agresión sexual en los casos de violencia contra las mujeres al determinar el nivel de riesgo para las víctimas, órdenes de protección, acuerdos de alegato y fianza, y dictado de sentencia, incluso si el delito de agresión sexual no fue procesado como parte del caso de abuso doméstico. La investigación indica que el abuso sexual es un elemento frecuente de los casos de violencia doméstica aunque no es denunciado en su totalidad por las víctimas (Klein, 2009).

• No sancionar a las víctimas que no participarán en un caso penal. Las víctimas saben bien lo que deben hacer para mantenerse a salvo y para sanar. Los jueces deben ser flexibles y adoptar estrategias de enjuiciamiento con víctima ausente o proceder con casos sin el testimonio de una víctima o sobreviviente.  Los jueces también deben ser conscientes de que la falta de procedimientos de seguridad en la sala del juzgado también pueden tener impacto en la buena disposición de la víctima para atestiguar.

• Sancionar las violaciones de las órdenes judiciales, los términos de la libertad bajo palabra o las condiciones de la libertad condicional, con prontitud y de forma consistente.

• Solicitar al fiscal que en los casos de detención doble ofrezca prueba de que una parte es el agresor predominante. De lo contrario, las víctimas sufrirán consecuencias inmerecidas, que incluyen un período de encarcelamiento y la posible pérdida de custodia o compensación. Resulta mucho menos probable que las víctimas que son arrestadas y acusadas luego de un incidente de violencia doméstica denuncien la violencia nuevamente y es más probable que continue su situación de peligro.

• Permitir que las decisiones de libertad bajo palabra de las sobrevivientes de violencia doméstica condenadas por delitos se tomen dándole el peso apropiado a su historial de confinamiento y riesgo de seguridad pública real; y permitiendo a las sobrevivientes de violencia doméstica que son condenadas por delitos que ganen créditos de tiempo por mérito y privilegios de liberación por trabajo temporal.  Considerar programas alternativos en vez de prisión al dictar sentencia a sobrevivientes de violencia doméstica que actuaron en defensa propia (Centro Global Avon para la Mujer y la Justicia en Cornell Law School y el Proyecto de la Mujer en Prisión de la Asociación de Correccionales de Nueva York, 2011).

• Ofrecer flexibilidad en las fechas de comparecencia en el juzgado. Los jueces deben tener en cuenta los problemas que las víctimas pueden tener con el trabajo o las necesidades de cuidado infantil o gastos de viaje.

• Garantizar el cumplimiento de las normas de prueba, legislación de los derechos de la víctima y medidas de protección tal como leyes de protección a las víctimas de violación.

• Limitar los procedimientos judiciales que pueden intimidar a las víctimas tales como las declaraciones juradas verbales, que son sesiones de búsqueda de información donde una víctima puede ser interrogada agresivamente por el abogado defensor, y las audiencias de prueba, que examinan los cargos en un entorno formal.  Estos procedimientos pueden ser usados como tácticas para desalentar a la víctima en la prosecución del caso.

• Minimizando la necesidad de comparecencia en el juzgado por parte de las víctimas.  Volver a contar repetidas veces los incidentes de abuso es traumatizante para la sobreviviente. Es probable que regresar al juzgado repetidamente suponga una carga excesiva para las víctimas y pueden perder ingresos, perder su trabajo, tener problemas con el transporte y el cuidado infantil, etc. Los abogados defensores pueden emplear una estrategia de muchas mociones que requieren la comparecencia en el juzgado con la esperanza de que la víctima deje de participar. Los jueces deben tener en cuenta que la estabilidad económica de una víctima puede verse afectada de forma negativa por la repetición de audiencias judiciales. Los abusadores también pueden limitar el acceso de las mujeres al tribunal o volver a victimizarla en cada visita al juzgado.

• Permitir a los defensores de víctimas que las acompañen a todas las audiencias.

• Asegurar que la información de contacto de la víctima sea confidencial. Ofrecer métodos alternativos para que la víctima reciba notificaciones judiciales, tales como a través de su abogado o una organización de mujeres.

• Proteger la confidencialidad de las sesiones de orientación de la víctima.

• Utilizar el servicio de intérprete cuando sea necesario para las víctimas en todos los procesos judiciales.

• Otorgar custodia a las sobrevivientes de violencia de pareja en los casos de violencia doméstica o familiar. Se puede otorgar el derecho a visita a un padre que cometió violencia doméstica únicamente si el tribunal entiende que se puede disponer de seguridad adecuada tanto para el niño o niña como para la madre  víctima de violencia doméstica. El personal del sistema de justicia debe estar consciente de que los programas de visitas a menudo incrementan las oportunidades para acosar, manipular o intimidar a las víctimas. Los juzgados deben tener en cuenta los incidentes pasados de violencia doméstica cuando otorguen el derecho a visita.

• Aplicar estándares internacionales de derechos humanos a los casos de juzgados domésticos.

Herramientas para Jueces:    

Checklist for Domestic Application of International Law (Lista de control para la aplicación del Derecho Internacional a nivel nacional) (Centro Global Avon para la Mujer y la Justicia). Disponible en inglés.   

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011) ofrece un ejemplo de un instrumento vinculante que prohíbe los procesos obligatorios alternativos de resolución de disputas, incluyendo la mediación y conciliación (Art.48). Disponible en espaňol, Inglés y Francés.     

The St. Paul Blueprint for Safety (Anteproyecto para la Seguridad de St. Paul) (Praxis International, 2010). Un plan integral para los jueces, encargados del cumplimiento de la ley y proveedores de servicios para responder a la violencia doméstica en cualquier país. Disponible en inglés. 

Training Manual on Combating Violence against Women (Manual de Capacitación sobre la Lucha contra la Violencia contra la Mujer) (Appelt, Kaselitz y Logar, eds., (2000). Ofrece información sobre los mitos y realidades de la violencia contra las mujerrs, objetivos de capacitación, métodos y material didáctico, y módulos específicos para profesionales judiciales (entre otros) incluyendo folletos. Disponible en inglés.   

The Toolkit to End Violence Against Women (Conjunto de herramientas para terminar con la violencia contra las mujeres)  (National Advisory Council on Violence Against Women), 2001). USA. Contiene muchas estrategias para jueces, fiscales y otros profesionales del sistema legal para que mejoren su respuesta a la violencia contra la mujer. Disponible en inglés.  

Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence Against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: Resource Manual (Estrategias modelo y medidas prácticas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en el campo de la prevención del delito y la justicia penal: Manual de recursos), International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy Canada, 1999. Estrategias integrales para respuestas a la violencia contra las mujeres. inglés.  

Guidelines for Practicing Gender Neutral Courtroom Procedures (Pautas para implementar procedimientos de sala de tribunal neutrales en cuanto al género) (The Gender Bias Reform Implementation Committee, 2004). inglés. 

Pretrial Innovations for Domestic Violence Offenders and Victims: Lessons from the Judicial Oversight Initiative (innovaciones previas al juicio para los agresores y víctimas de violencia doméstica: Lecciones de la iniciativa de supervisión judicial) (Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de los EE.UU., 2007). Contiene orientación específica para la reestructuración de los juzgados para promover la seguridad de la víctima y la responsabilidad del agresor en casos de violencia doméstica. Disponible en inglés. 

Guia de Criterios de Actuación Judicial Frente a la Violencia de Género (Consejo General del Poder Judicial, 2008) Un recurso para los profesionales judiciales en España, proporciona información sobre los derechos de las sobrevivientes y recursos judiciales, entre otros temas. Disponible en español. 

Domestic Violence and the Courtroom:  Understanding the Problem, Knowing the Victim (Violencia doméstica y la sala del tribunal: Comprendiendo el problema, conociendo a la víctima) (American Judges Association). Disponible en inglés. 

Improving the Judicial Response to Domestic Violence in the Courtroom (Mejorando la respuesta judicial a la violencia doméstica en la sala del tribunal) (The Advocates for Human Rights, 2003). Disponible en inglés y en ruso (adjunto). 

 Civil Protection Orders: A Guide for Improving Practice (Consejo Nacional de Jueces de Tribunales Juveniles y de Familia), EE.UU., 2010). Disponible en inglés.