El sector de la justicia formal, compuesto por el gobierno estatal y sus funcionarios judiciales, que incluyen a los jueces, fiscales y administradores de tribunales, es responsable de dar una respuesta judicial justa y efectiva a los actos de violencia contra mujeres y niñas. Una respuesta judicial efectiva da prioridad a la seguridad de la víctima y a la responsabilidad del agresor. Incluye la oportunidad de acceder a la reparación por de causa violencia de forma oportuna, la prevención de la revictimización y la ejecución de recursos legales, que incluyen las sanciones y/o castigo adecuado para los autores. Las principales estrategias para mejorar el acceso a la justicia en el sector formal para las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia son:
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Reformar las leyes discriminatorias
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Mejorar la respuesta a las sobrevivientes
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Proporcionar formación y desarrollar capacidades
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Promover la educación basada en los derechos y la concienciación
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Realizar un seguimiento y evaluación regularmente
Otro componente importante de la reforma del sector justicia relacionado con la violencia contra las mujeres es la colaboración entre las partes interesadas y a través de los sectores. Este tipo de colaboración es conocido como una respuesta comunitaria coordinada (CCR, por sus siglas en inglés) ante la violencia contra las mujeres. Donde no existen respuestas coordinadas, como mínimo, debe contarse con mecanismos de derivación. Se puede encontrar más información sobre una respuesta comunitaria coordinada en la Sección de CCR de este sitio web.