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Mejorar la prestación de servicios jurídicos y judiciales

  • Para mejorar la prestación de servicios a las víctimas de la violencia contra las mujeres y las niñas, el sector de la justicia debería garantizar los elementos siguientes:

1. Desarrollar e implementar normas, procedimientos y listas de verificación sensibles al género para garantizar la confidencialidad y la correcta documentación de los casos. La siguiente lista de verificación ofrece un ejemplo práctico de cuestiones relacionadas con facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.

2. Garantizar que la respuesta esté centrada en las sobrevivientes y tenga lugar en un entorno que promueva la dignidad de la sobreviviente y garantice su seguridad física y emocional. Se deberían poner servicios de apoyo a disposición de la población, como remisiones, asistencia en el cuidado de los niños, servicios de traducción y el acceso a personal con conocimientos y sensibilidad hacia los diversos grupos sociales y problemas de violencia contra las mujeres y las niñas.

3. Hacer que la justicia sea asequible.

  • Establecer y ampliar los programas de asistencia jurídica para mujeres y niñas con el fin de garantizar que se pone a disposición de las sobrevivientes asesoramiento y representación jurídicos gratuitos o a bajo coste (para más información véase el módulo de Justicia).
  • Plantearse exenciones y reducciones de las tasas.
  • Revisar los costes asociados a interponer una denuncia, tanto los directos (tasas a pagar por el servicio de la institución, como al abrir un expediente o en forma de sobornos) como los de oportunidad (los ingresos que una persona puede dejar de ganar por llevar un caso ante la justicia). Trabajar para encontrar maneras innovadoras de reducir o eliminar estos costes (American Bar Association, 2012).

4. Garantizar que las víctimas de la violencia contra las mujeres y las niñas disfrutan de acceso físico a las instituciones de justicia tanto estatales como no estatales. Cuanto más tenga que desplazarse una víctima para buscar ayuda, menos probable será que interponga una denuncia (American Bar Association, 2012).

  • Apoyar la implantación de instituciones judiciales en zonas remotas en las que de otro modo las sobrevivientes no tendrían acceso a la justicia (ONU Mujeres, 2011). Plantearse respaldar la creación de tribunales móviles o itinerantes destinados a zonas rurales o remotas. (Para más información sobre tribunales móviles, véase cómo mejorar el acceso físico a la justicia para mujeres y niñas).
  • Garantizar que los edificios sean físicamente accesibles para las mujeres y las niñas con discapacidades (Human Rights Watch, 2012).
  • Plantearse la creación de tribunales especializados dedicados a la violencia contra las mujeres y las niñas.
  • Servirse de programas de educación cívica para combatir el miedo a las instituciones públicas y las actitudes negativas.
  • Apoyar los programas de acompañamiento de los tribunales en que abogados cualificados ayudan a las víctimas a acceder a los tribunales y a comprender sus reglas y procedimientos.
  • Solucionar otros problemas que pudieran dificultar la accesibilidad, como los relativos a la infraestructura de transporte, la inseguridad y las restricciones al viajar, y la naturaleza amenazadora del sistema de justicia (American Bar Association, 2012).

5. Trabajar en favor de una resolución más rápida de los casos.

  • Respaldar las medidas encaminadas a reducir la carga de casos a los que dar respuesta y mejorar los procedimientos de asistencia individualizada (American Bar Association, 2012).
  • Incrementar la formación del personal de asistencia jurídica y su participación en la ayuda a las víctimas. (Véase el apartado Prestación y acceso a los servicios).

6. Incrementar la movilización de la comunidad en defensa de los derechos de las mujeres.

  • El apoyo de la comunidad a las sobrevivientes de la violencia contra las mujeres y las niñas, y la colaboración con los mecanismos judiciales confirman una parte importante de la respuesta del sector judicial a este tipo de violencia. En particular, las comunidades pueden desempeñar un papel crucial reconociendo y defendiendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y apoyando a las mujeres que buscan justicia, ya sea a través del sector formal o del informal (Bott, Ellsberg y Morrison, 2004). Las estrategias para incrementar la movilización de la comunidad incluyen (extracto de Bott, Ellsberg y Morrison, 2004, a menos que se especifique lo contrario):
    • Ofrecer formación jurídica básica para grupos y partes interesadas clave.
    • Apoyar a las ONG que prestan servicios sociales, psicológicos y de asistencia jurídica.
    • Incluir a la sociedad civil en las iniciativas destinadas a supervisar el sistema judicial.
    • Sensibilizar a la población sobre la legislación nueva o revisada y promocionarla mediante métodos culturalmente apropiados y adaptados a las comunidades, como programas de radio, obras de teatro y representaciones, y materiales de información, educación y comunicación.
    • Apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los asistentes jurídicos ligados a la comunidad, que desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que las sobrevivientes conozcan sus derechos y que puedan recorrer con éxito las vías judiciales tanto formales como informales de los sistemas plurales (Departamento de Desarrollo Internacional, 2012). (Véase también el MÓDULO DE JUSTICIA.)
    • Reforzar los mecanismos no estatales de justicia y las resoluciones alternativas de tipo comunitario cuando sea apropiado. 

 

Ejemplos: CARE International en Eritrea.

En 2001, CARE International y Haben, una ONG local, desarrollaron un programa de prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres en dos zonas rurales del país: Gashbarka y Senafe. En Senafe, el programa se dirigía a grupos de población afectados por la guerra que o bien habían huido del conflicto o bien habían permanecido en territorios ocupados por el enemigo durante la reciente guerra. En Gashbarka, el programa se dirigía a refugiados que regresaban de Sudán, en su mayor parte para instalarse en poblaciones de reciente creación en zonas remotas. Actualmente, el proyecto se centra en comunidades de Gashbarka y ha integrado en el programa a la Unión Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Eritrea. Mediante un enfoque multisectorial y de base comunitaria, el proyecto sensibiliza a la comunidad sobre la violencia de género, informa a la comunidad sobre los derechos humanos, en particular a las mujeres, y contribuye al desarrollo sostenible de respuestas adecuadas para las sobrevivientes de la violencia de género.

Fuente: extracto de Raising Voices and Safer Cities Programme, 2004, p. 24.

 

Estudio de caso: El acceso a la justicia de las mujeres y niñas refugiadas de Tanzanía. Entre 2008 y 2011, el Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres (Women’s Legal Aid Centre) implementó un proyecto en los campamentos de refugiados de Mtabila y Nyarugusu, en el oeste de Tanzanía. Este proyecto ayudaba a las mujeres y niñas refugiadas a acceder a la justicia y fortalecía la capacidad de las comunidades de refugiados de responder a las elevadas tasas de violencia contra las mujeres y las niñas. El centro de asistencia jurídica forma a las refugiadas sobre sus derechos y les ayuda a hacerlos valer mediante la asistencia jurídica y el asesoramiento. El proyecto tenía varias facetas:

  • Crear unidades de asistencia jurídica en los campamentos y formar a refugiados como asistentes jurídicos para que prestaran servicios jurídicos gratuitos a sobrevivientes de la violencia.
  • Proporcionar a los refugiados información jurídica y de derechos humanos, mediante la difusión de materiales educativos, el uso del teatro y la música popular y programas de radio sobre los derechos de los refugiados y con información sobre dónde y cómo acceder a la justicia.
  • Debates abiertos con líderes comunitarios.
  • Desarrollar las capacidades de los encargados de la ejecución de la ley para responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que incluía a la policía, los agentes de inmigración, los funcionarios dedicados al bienestar social y el desarrollo comunitario, los magistrados y los agentes que organizaban los campamentos.
  • Trabajar con un cuerpo de policía de los refugiados, elegido por los propios refugiados. El Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres formó a la policía de los refugiados sobre la legislación de Tanzanía y los derechos de las mujeres y la puso en contacto con los asistentes jurídicos que prestaban asesoramiento jurídico y apoyo.
  • Trabajar con las comunidades anfitrionas para animarlas a respetar los derechos de los refugiados.

La encuesta de referencia realizada por el centro constató que las mujeres eran reticentes a denunciar los casos de violencia contra las mujeres y las niñas porque la policía remitía los casos a las familias para que lo gestionaran. También mostraba que la comunidad disuadía a las mujeres de denunciar los casos. El informe de evaluación final mostraba cambios significativos:

  • Las comunidades de refugiados habían adoptado una actitud de vigilancia ante los problemas de violencia contra las mujeres y las niñas y respaldaban a las mujeres que buscaban justicia tras sufrir violencia. Los líderes y otros miembros de la comunidad acompañaban a las mujeres a denunciar la violencia y ya no se avergonzaban de colaborar con ellas.
  • Actualmente, los líderes de los campamentos y los miembros del tribunal local que administraban las leyes consuetudinarias en los campamentos, en lugar de encargarse de los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, los remiten a la policía, el Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres o los servicios de asistencia jurídica.
  • Los refugiados, en particular las mujeres y las niñas, conocen mejor sus derechos y los hacen valer. Ha habido un incremento de los casos denunciados a la policía, desde una cifra ínfima antes de 2008 hasta 400-500 casos al año en 2011.
  • Las mujeres manifiestan que la policía las toma más en serio y ha habido casos en que se ha condenado a los culpables con éxito.

(Adaptado del Departamento de Desarrollo Internacional, 2012, pp.24-25).

Véanse los materiales de formación.