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General

Los Fiscales o el Ministerio Público, representan la autoridad del estado en la presentación de una acción judicial contra un acusado autor de violencia. Los fiscales son responsables de la recolección de pruebas, presentar cargos y establecer todos los elementos requeridos por la ley para probar el caso ante un juez o jurado. Estas responsabilidades le brindan una oportunidad al fiscal para ponerse en contacto con todos los participantes del sistema de justicia penal: víctimas/sobrevivientes, testigos, policías, jueces, defensores, integrantes del jurado y personal de libertad condicional/bajo palabra. Por lo tanto, los fiscales están bien posicionados para aportar experiencia y liderazgo al abordar la violencia contra las mujeres y niñas (National Advisory Council on Violence Against Women, 2001).

Los fiscales deben tener la responsabilidad de presentar cargos y se juzguen los casos de violencia contra las mujeres y niñas. La obligación del estado de proteger a sus ciudadanos está consagrada en muchas constituciones e instrumentos de derechos humanos. Si una sobreviviente debe proseguir su caso en el sistema de justicia penal, es probable que abandone su demanda por temor a las consecuencias de un juicio público, incluyendo el estigma social, la desaprobación de la familia, el temor a las represalias de su abusador, el temor al proceso legal y la falta de información sobre el sistema judicial.

Los fiscales deben tener la responsabilidad de proseguir un caso independientemente del nivel de lesión o el tipo de violencia. La interposición de una acción judicial por parte del estado puede poner fin a la vergüenza que a menudo sienten las sobrevivientes, contribuir a su recuperación, actuar como un posible elemento disuasorio para los agresores y puede servir de incentivo para que otras sobrevivientes se presenten (Naciones Unidas, 2009).

Las tres metas de la fiscalía deben ser: (1) proteger a la sobreviviente; (2) hacer responsable al demandado por la violencia, de esta forma disuadiéndolo de más actos violentos; (3) comunicar a la comunidad un mensaje firme de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas. Las estrategias globales para respaldar estas metas incluyen:

  • Establecer e implementar protocolos que prioricen la seguridad de la sobreviviente.
  • Incorporar conocimientos de violencia de género dentro de las políticas y protocolos; y
  • Investigar minuciosamente y procesar de forma efectiva los actos de violencia contra las mujeres y niñas.

Los programas del sector justicia centrados en los fiscales pueden alentar a los fiscales a que den prioridad a la seguridad de la víctima de la siguiente forma:

 

¿Qué es una orden de prohibición de contacto?

Durante la litispendencia de un caso penal, el juzgado debe tener la autoridad para emitir una orden de prohibición de contacto o una orden de prohibición de contacto por abuso doméstico, que es diferente de una orden civil de protección. Una orden de prohibición de contacto le ordena al demandante que no se ponga en contacto con la víctima de ninguna manera, ya sea por teléfono, vía email, en persona, en el lugar de trabajo, hogar, escuela o comunidad de la víctima durante la litispendencia del procedimiento penal. La orden de prohibición de contacto debe permanecer vigente por lo menos hasta que finalice el caso penal. Una violación de la orden de prohibición de contacto también debe ser un delito penal.

 

  • Permitir que la víctima tenga capacidad de actuación en determinados casos de violencia doméstica. Esta capacidad de actuación de la víctima le permite tomar la decisión de si el caso debe proseguirse o no. Por lo general está limitada a casos de lesión menos grave resultante de violencia doméstica. La capacidad de actuación de la víctima prioriza la evaluación de la propia víctima sobre cómo serán satisfechas las necesidades de su familia y cómo mantenerla a salvo.  
  • Reconocer que la retractación de la víctima o su negativa a cooperar a menudo son resultado de las amenazas del abusador, y los fiscales no deben reaccionar con amenazas de procesar o procesando a la víctima.
  • Utilizar medidas de protección para aumentar la seguridad de la sobreviviente, incluyendo medios alternativos de declaración tales como atestiguar por video y la prohibición del juez de ventilar el juicio públicamente.  Una orden de prohibición de informar en este contexto es una orden de un juez que instruye a los abogados y/o a los medios de comunicación que no divulguen la identidad de la sobreviviente u otros hechos identificables sobre la sobreviviente y el caso.
  • Informar a las sobrevivientes sobre los recursos civiles disponibles, tales como órdenes de protección, cuando los fiscales declinan proseguir los casos de violencia doméstica. Y, en algunos sistemas penales, la sobreviviente puede procurar recursos penales, de forma privada, en especial cuando la fiscalía ha retirado o perdido el caso.
  • Ofrecer alternativas para aumentar el alcance y asistencia a las víctimas en comunidades rurales. Las comunidades rurales a menudo sufren la falta de servicios de defensoría de las víctimas, información sobre servicios para las víctimas, albergues, transporte público y servicios de comunicación tales como correo, teléfono o correo electrónico. Es probable que el personal de fiscalía sea limitado. La comunidad debe ser aislada geográficamente y con problemas económicos. En áreas poco pobladas puede ser más difícil para las víctimas de violencia denunciar la violencia debido a la falta de anonimato o confidencialidad. Las víctimas pueden sentir temor de viajar a la ciudad para recibir asistencia. Algunas prácticas de extensión que han demostrado ser efectivas para mejorar la asistencia a las víctimas en áreas rurales incluyen:
  • Obtener fondos adecuados para servicios integrales para la víctima en las fiscalías rurales. Los fondos pueden no ser suficientes para mantener un personal adecuado y totalmente capacitado, para crear unidades especializadas y para incluir la gama total de servicios que son necesarios para atender a las sobrevivientes de violencia. Se necesitan fondos adecuados para servicios de intérprete, pruebas de ADN, servicios de investigación y servicios sociales.
  • Buscar recursos no tradicionales para las fiscalías rurales, tales como donaciones en especie de espacio de oficina, computadoras, mobiliario y suministros.
  • Utilizar recursos no tradicionales tales como consejos municipales o del condado, corporaciones, hospitales u organizaciones religiosas locales. Adaptado de: Office of Victims of Crime, A Victim/Witness Guide for Rural Prosecutors, Overcoming Geographical Isolation. (Guía de víctima/testigo para fiscales rurales, superando el aislamiento geográfico.

Herramientas para trabajar con fiscales:  

Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors (Estándares de responsabilidad profesional y declaración de obligaciones y derechos esenciales de los fiscales) (The International Association of Prosecutors), 1999). Disponible en inglés.  

Directrices sobre la función de los fiscales (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1990). Inglés.  

Your meeting with Crown Prosecutor’s Service- Special measures guidance to assist vulnerable and intimidated witnesses (Su reunión con el Servicio del Fiscal General – Guía de medidas especiales para asistir a testigos vulnerables e intimidados)  (United Kingdom Crown Prosecutor’s Service). Un folleto fácil de entender para las sobrevivientes. Disponible en inglés.  

Use of Expert Witness Testimony in the Prosecution of Domestic Violence Cases (Uso del testimonio de testigos expertos en el procesamiento de casos de violencia doméstica) (United Kingdom Crown Prosecutor’s Service, 2004), indica cómo se pueden utilizar expertos para explicar la dinámica de la violencia doméstica al juez y jurado y cómo la dinámica puede afectar la conducta de la víctima. Disponible en inglés.

Model Policy for Prosecutors and Judges on Imposing, Modifying, and Lifting Criminal No Contact Orders (Política modelo para fiscales y jueces sobre la imposición, modificación y levantamiento de órdenes de prohibición de contacto) (Long et. al., 2010). Esta publicación alienta a los fiscales y jueces a que desarrollen e implementen un proceso para recoger información a tiempo y exacta sobre el riesgo y la letalidad, los deseos y motivaciones de una víctima en particular, y las posibles consecuencias negativas a efectos de determinar mejor cuándo imponer o mantener una orden de prohibición de contacto ante la oposición de una víctima. Disponible en inglés.

Prosecutor Protocol on Domestic Violence in Albania (Protocolo para la fiscalía sobre violencia doméstica en Albania) (The Women’s Legal Rights Initiative, 2006). Disponible en inglés.

Code of Ethics for Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors (Código de Ética para Fiscales y Fiscales Adjuntos) (República de Croacia, 2008). Disponible en inglés y croata.